Opinión

Fiscalización de campañas: modelo agotado


 
 
Hoy será un día conflictivo en el IFE. Su Consejo General está convocado para votar los informes de ingresos y gastos de las campañas electorales de 2012. El PRD ha solicitado que se posponga la votación para después del 7 de julio. Si se acepta, sería la segunda vez que ocurre (la primera fue en febrero pasado por petición del mismo partido). Si se rechaza habrá mucha estridencia: el IFE impondría multas por rebasar topes de gasto, por erogaciones no comprobadas y por ingresos de fuentes ilegales. Como siempre, algunos partidos acusarán de parcialidad a los consejeros electorales e impugnarán las multas ante el Tribunal Electoral. Nadie asumirá su responsabilidad. Y una vez más, el ejercicio de fiscalización, realizado con profesionalismo por el IFE, tendrá poco impacto para corregir en el futuro las conductas de los partidos y sus candidatos.
 
El modelo mexicano de fiscalización de campañas está agotado por dos razones. Primero, porque sólo revisa una parte de lo que realmente se eroga durante las elecciones. Según el estudio 'Fortalezas y Debilidades del Sistema Electoral Mexicano (2000-2012)', patrocinado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias y realizado por Integralia, en promedio por cada peso que los candidatos reportan a la autoridad como gasto, puede haber al menos cuatro que no se registran. Se trata de recursos en efectivo que fluyen a las campañas y se gastan en actividades de difícil verificación: pago de operadores de campo, movilización de votantes, intentos de compra del voto, pago ilegal de cobertura mediática, entre otros.
 
La fiscalización electoral en Mexico es de buena fe: se basa en los informes de gasto que los partidos entregan. Aunque el IFE realiza visitas de verificación a los eventos de campaña, el alcance es limitado. Debajo de la mesa quedan muchas operaciones bajo una contabilidad paralela que muchas campañas llevan para control interno pero que no entregan. Se oculta así un hecho real: a pesar del generoso financiamiento público, éste no alcanza y los candidatos recurren a recursos privados como su principal fuente para cubrir sus gastos.
 
La segunda razón de quiebra del sistema de fiscalización tiene que ver con la poca eficacia del sistema sancionatorio. Mexico es uno de los países con mayores multas a partidos.
 
Aquella al PRI por el caso Pemexgate en 2003 de 1,000 millones de pesos, así como la de Amigos de Fox por 540 millones, están entre las más altas del mundo. No obstante, la evidencia muestra que las sanciones duelen poco. Cuando un candidato requiere gastar más a pocos días de que concluya la campaña, poco le importa la multa que su partido puede recibir un año después. La lógica es simple: gane hoy y pague después. Pero además quien paga no es el candidato sino el partido y lo hace con un sistema de cómodas mensualidades en las cuales el IFE descuenta del cheque mensual que entrega a los partidos.
 
El dictamen del IFE propone multar a la coalición Movimiento Progresista, integrada por el PRD, el PT y Movimiento Ciudadano, con casi 200 millones, principalmente porque López Obrador habría rebasado el tope de campaña. También propone multar al PRI con más de 150 millones porque muchos de sus candidatos a diputados habrían gastado más de lo que la ley permite. Paradójico que AMLO sea el único candidato presidencial multado por gastar de más cuando él fue quien acusó a Peña Nieto de excederse desde el inicio de la campaña en 2012.
 
La fiscalización cuenta sólo una parte de la historia. No significa que López Obrador sea el único que haya gastado mucho; sino que su equipo no usó estrategias contables que la ley permite (el prorrateo). Mientras el PRI adjudicó el 99% de los gastos 'prorrateables' a las campañas de diputados y senadores, y sólo 1% a la de presidente, en el caso de la coalición de López Obrador, éste absorbió entre el 17.5 y 30% de los gastos. Mientras a Peña Nieto sólo se le sumaba un peso de cada 100 erogados, a López Obrador se le sumaban hasta 30. Se trató de una decisión de su equipo de campaña. ¿Descuido? ¿Falta de coordinación?
 
Hay cuatro vías que podrían ayudar a recomponer el sistema de fiscalización. Algunas políticamente incorrectas, pero quizá más eficaces que las actuales. La primera es el mayor uso de la tecnología para monitorear campañas en tiempo real. Por ejemplo, el monitoreo geo referenciado de espectaculares, uno de los rubros que más recursos consume; o bien, la auditoría completa de eventos de campaña (al menos en el caso candidatos presidenciales). La segunda tiene que ver con el mayor uso de la inteligencia financiera para detectar la ruta del dinero.
 
La tercera medida es repensar los topes de gastos de campaña. Pocos países del mundo los tienen. ¿Acaso no sería mejor concentrar recursos para evitar que el dinero del crimen organizado penetre las campañas, en lugar de estar vigilando topes que poco se observan? Y finalmente, alentar la legalización y transparencia de las contribuciones privadas. Por mucho tiempo los partidos han alabado el financiamiento público sin admitir que el privado ya es el mayoritario en México. Si eso es una realidad, quizá valdría la pena transparentarlo y legalizarlo en lugar de continuar la simulación.
 
 
Twitter: @LCUgalde