Opinión

Fiscal general, un pleito extraño

 
1
 

 

Fiscalía

No hay lógica aparente en el pleito del PAN con el gobierno para evitar el nombramiento de Raúl Cervantes como primer fiscal general de la República, porque fue el presidente quien mandó una iniciativa para eliminar el pase automático el 29 de noviembre de 2016. No hay lógica porque el PAN presidió, durante el año legislativo que terminó la semana pasada, tres instancias relevantes para dictaminar y votar la eliminación del pase automático.

Por un lado, el PAN presidía dos de las seis comisiones a cargo de dictaminar la iniciativa presidencial (Justicia y Estudios Legislativos, Primera), quedando otras dos comisiones presididas por fuerzas de izquierda (Reforma del Estado y Estudios Legislativos, Segunda). Por otro lado, el PAN en la persona del senador Fernando Herrera presidió tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política del Senado y pudo haber sometido a votación dicha iniciativa y luego promover que se hiciera un proceso abierto de nombramiento. Pero no lo hizo. ¿Por qué?

Tampoco hay congruencia del pleito porque el PAN aprobó en 2013, siendo Anaya diputado federal, el pase automático en la reforma que da vida a la Fiscalía. No sólo eso, el 26 de octubre de 2016 el Senado –con los votos de 33 senadores del PAN– aprobó el nombramiento del actual procurador, sabiendo que el nuevo designado –de permanecer en el cargo hasta noviembre de 2018– se convertiría en el nuevo fiscal general de la República. En política se vale cambiar de opinión, pero es necesario explicar las causas, porque de lo contrario surge la sospecha de que hay otras motivaciones detrás de tal viraje.

Si se le exige al gobierno responsabilidad política para evitar un nombramiento inadecuado del primer fiscal general, también se le debe exigir congruencia y explicaciones claras a los partidos que votaron a favor del pase automático y hoy se desdicen. Por ejemplo, Ricardo Anaya debe explicar qué ocurrió entre octubre de 2016 –cuando su partido aprobó el nombramiento de Cervantes– y semanas después cuando se deslindó del procurador. ¿Acaso no es negligente que un partido apruebe un nombramiento y luego desconozca ese hecho? ¿Por qué aprobaron en fast track a Raúl Cervantes aquel 26 de octubre de 2016 sin haberlo sometido al escrutinio que requiere un nombramiento tan relevante?

Forzar el nombramiento de Raúl Cervantes como fiscal general de la República sería una imprudencia política del gobierno. El PRI requiere 65 votos para aprobar la Ley de la Fiscalía General de la República y así ocupe el cargo quien sea el procurador en funciones (artículo transitorio décimo sexto de la reforma político-electoral). El PRI cuenta con 55 senadores, más siete del Partido Verde, por lo que necesita de tres votos adicionales para consumar este nombramiento que sólo requiere mayoría simple. ¿Realmente lo quiere hacer o se trata de pirotecnia política del PAN para distraer la atención mediática de otros asuntos?

Ciertamente la semana pasada las declaraciones de algunos senadores del PRI y del Verde dieron lugar al temor de que quisieran proceder con el nombramiento de Cervantes. Sería un grave error, empezando porque dañaría al PRI y luego a la institución que se busca reformar. Significaría avivar nuevamente la imagen de corrupción y complicidad que rodea al PRI. Asimismo, un nombramiento ejecutado en el contexto actual invitaría a que dicho fiscal sea removido en 2018.

Imaginemos el siguiente escenario. Se consuma nombramiento; organizaciones de la sociedad civil agudizan su crítica y sellan a la nueva Fiscalía General de la República como la #FiscalíaDelCarnal. El talento y las cualidades de Cervantes se opacan por la percepción de que llega a 'cuidarle las espaldas' al presidente. Durante las campañas electorales de 2018, tanto los candidatos del frente opositor como aquellos de Morena, critican la corrupción y usan el ejemplo del #FiscalCarnal para demostrar que el gobierno quiere comprar impunidad transexenal, como argumenta Ricardo Anaya.

Gana López Obrador. El día de su toma de protesta anuncia la remoción del fiscal general con base en el artículo 102 (fracción IV) de la Constitución federal, que dice que el presidente puede remover al fiscal general por “causas graves” establecidas en ley. Argumenta que los vínculos políticos de Cervantes impiden que actúe con honradez para castigar la inmensa corrupción del sexenio que acaba de terminar. Aunque el Senado puede objetarlo con el voto de la mayoría de los miembros presentes, se abstiene de hacerlo. El PRI tuvo un mal desempeño en las urnas en 2018 y cuenta con apenas 38 senadores, el Verde con ocho y la virulencia de las campañas ha dañado la relación con el PAN. La autonomía de la nueva Fiscalía se colapsa por razones políticas.

Cervantes podría ser un buen fiscal general si su nombramiento fuera por la vía de la competencia y el escrutinio. Para saltar el saltimbanqui el Senado debería aprobar la iniciativa para eliminar el pase automático y abrir un proceso de selección en el cual pueda participar el mismo Cervantes. Si el PRI ha bloqueado esa iniciativa, la oposición puede forzar su voto en comisiones y en el Pleno para así exhibirlo.

Bienvenido el conflicto si de ello se deriva prudencia de todas las partes y se protege una de las reformas más importantes de los últimos tiempos, la de contar con una Fiscalía autónoma que erradique finamente la administración de la justicia con criterios políticos. Pero ojo, la persona es apenas un elemento de una lucha eficaz en contra de la corrupción. La otra parte, quizá más importante, es el diseño de una nueva estructura burocrática de la Fiscalía, que ha quedado opacada por el pleito entre los partidos. 

Twitter: @LCUgalde

También te puede interesar:
La Corte avala la ley Kumamoto
Cíclico, cínico e improductivo
La Asamblea del PRI se opaca