Opinión

Fideicomisos y transparencia

 
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Aunque no ha sido muy comentado entre la opinión pública, uno de los grandes logros de la reforma constitucional en materia de transparencia y acceso a la información, promulgada el 7 de febrero de 2014, fue el de considerar a los fideicomisos y fondos públicos dentro de las instituciones que tendrán que transparentar su administración ante la sociedad.

En términos prácticos, los fideicomisos y fondos que manejan recursos públicos están obligados a publicar la información establecida como obligaciones de transparencia en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, en su caso, en las leyes federal o de la entidad federativa que les corresponda, así como a dar respuesta a los requerimientos que cualquier persona les realice a través de solicitudes de información pública.

Pero por qué es tan importante transparentar su gestión; una respuesta contundente es que, en conjunto, todos los fideicomisos y fondos públicos manejan recursos por la cantidad de más de un billón 700 mil pesos (aproximadamente el 7.5% del PIB). Esta cifra nos da una idea del porqué muchos de estos organismos tradicionalmente han operado en la opacidad y algunos de ellos han sido utilizados para beneficio de particulares.

Cabe aclarar que la cantidad manejada por estos organismos incluye recursos que han sido acumulados con el paso del tiempo, como los fondos de pensiones, inversiones o de contingencias, es por ello que hablamos de un monto tan elevado.

En el padrón de las instituciones públicas federales obligadas a observar las leyes de transparencia general y federal, actualizado a 2016, los fideicomisos, fondos públicos, mandatos o cualquier contrato análogo casi representan la mitad de los sujetos obligados: en total suman 411.

De éstos, 393 están sectorizados a las dependencias de la administración pública federal (APF), uno tiene como cabeza al Poder Legislativo, 12 al Poder Judicial y los cinco restantes a los órganos autónomos. Es importante mencionar que de los 393 de la APF, 33 fideicomisos están en proceso de extinción.

Ahora bien, esta clase de sujetos obligados podemos agruparla en dos: 1) aquellos que cuentan con personal para atender sus funciones y 2) los que solamente están constituidos, por decirlo de alguna manera, en instrumentos legales. Los primeros suman 19 fideicomisos y se consideran instituciones paraestatales; de modo que deberán instalar una unidad de transparencia, así como su comité de transparencia, y tendrán que dar respuesta a las solicitudes de información, además de capturar y actualizar la información de las obligaciones de transparencia en su portal de Internet correspondiente.

En el caso de los que carecen de funcionarios públicos, será el sujeto obligado responsable del fideicomiso o fondo público el que atenderá las solicitudes y las obligaciones de transparencia derivadas del manejo y la generación de la información de tales organismos.

La información que estará disponible al público en los sitios de Internet está determinada en el artículo 70 de la citada Ley General, que consta de 48 fracciones de obligaciones comunes (las que les aplique), y en el artículo 77 de la misma ley, con obligaciones específicas para los fideicomisos y fondos públicos.

Todo este gran cúmulo de información publicada ayudará a transparentar la administración de este tipo de sujetos obligados y servirá para que la sociedad pueda dar seguimiento al uso y destino de los recursos públicos que manejan, así como comprobar que cumplen con el propósito para el que fueron creados.

Es importante que en la vigilancia de la operación de los fideicomisos y fondos públicos participe también la sociedad, apoyando a las instituciones de control.

Los ciudadanos tendrán al alcance la información para realizar esta labor de seguimiento y, en su momento, podrán denunciar las irregularidades detectadas.

Así, con la participación de todos alcanzaremos el régimen de rendición de cuentas que requiere nuestro país para vencer la corrupción y prevenir el dispendio de recursos públicos.

El autor es comisionado del INAI.

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