Opinión

Fantasía constitucional

Desde el siglo XIX nos persigue la manía de evocar la Constitución como la salvadora frente a las crisis que ha vivido el país y proponer enmiendas para restaurar el orden y hacer funcional el sistema político. Los liberales de aquella época soñaban con cambiar el alma de los mexicanos a partir de una norma suprema ideal, inspirada en los valores de justicia, libertad e igualdad. La Constitución de 1857 (y también la de 1824) copió ideas de la Revolución Francesa y del constitucionalismo americano, pero nuestra alma nacional siguió intacta. Corrupción, negociación de la ley, insurrección y violencia, fueron características de la vida pública mexicana en aquel siglo. La legitimidad posrevolucionaria dio a la Constitución de 1917 estabilidad y eliminó por varias décadas la demanda de una nueva Carta Magna. Aunque la Constitución ha tenido 561 reformas y sólo 27 de los 136 artículos han permanecido sin cambios, el modelo constitucional ha gozado de confianza y hasta hace poco nadie pedía cambiarlo en su totalidad.

Pero en los últimos 20 años ha renacido la fantasía constitucional una y otra vez. Políticos y académicos han usado el fetiche constitucional para demandar una nueva Carta Magna para, por ejemplo, adoptar un régimen parlamentario, terminar con la impunidad e instaurar un auténtico Estado de derecho. Este fin de semana, un grupo de demócratas de las izquierdas, entre ellos Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo e Ifigenia Martínez, convocó a una nueva Constitución. No es una idea novedosa. El propio Muñoz Ledo coordinó una Comisión de Estudios para la Reforma del Estado al inicio del gobierno de Vicente Fox que nunca llegó a puerto alguno.
Según Muñoz Ledo, “es necesario un acto supremo de la conciencia nacional para reconstruir la vida pública del país y llevar a cabo un ajuste de cuentas con su pasado”. Tiene razón, pero dudo que se deba cambiar la Constitución para ese propósito. O dicho de otra forma: es más relevante refundar la República a partir de empezar a cumplir la Constitución de forma cotidiana, sin excepciones, antes de querer diseñar una nueva. ¿Cómo saber si la Constitución vigente ya no sirve si nunca se ha aplicado de forma estricta, universal y sin excepciones?

Abunda Muñoz Ledo: “la sociedad clama el destierro definitivo de la impunidad y la supremacía de la justicia sin cortapisas por hechos que han lastimado el corazón mismo de la Nación”. Cierto, pero la mejor manera de romper la impunidad es rompiéndola, no prometiendo que se romperá con una nueva Constitución.

Por ejemplo, la tragedia de Ayotzinapa y el escándalo de la “casa blanca” ofrecen dos oportunidades para combatir la impunidad. En el primer caso, castigando toda la cadena de funcionarios y líderes políticos que por comisión u omisión hayan permitido que la desaparición ocurriera. En el segundo caso, llevando a cabo una investigación independiente para conocer si hay conflicto de interés y quién es responsable de ello. Asimismo, investigando el historial de participación del contratista en licitaciones en el Estado de México en los últimos años. No se requiere una nueva Constitución para que ello sea posible. Aun con nuestro marco normativo insuficiente, una investigación independiente y profesional del Congreso puede ser muy eficaz.

Lo anterior no significa que las constituciones no importen, sino que el fetiche retórico de cambiarla ha sido en realidad una utopía que con frecuencia se convierte en un pretexto para no hacer las cosas correctamente.

Frente el tema de la “casa blanca”, por ejemplo, ha sido una salida fácil de la dirigencia del PAN hablar del futuro sistema nacional anticorrupción en lugar de usar las normas vigentes para exigir se aclare el escándalo. (En las últimas horas algunos legisladores de ese partido ya han tomado posiciones más firmes y claras).

Frente a la difícil situación de Iguala, ha sido salida fácil pedir que se firme un pacto para blindar a los candidatos frente al narcotráfico, en lugar de cada partido asuma su responsabilidad y lleve a cambio una buena selección de candidatos en los próximos meses.

Ayer el secretario de Gobernación dijo que el presidente de la República anunciará esta semana un acuerdo o pacto por la legalidad, que incluiría medidas en temas de seguridad y procuración de justicia en todos los niveles de gobierno, así como el tema del sistema nacional anticorrupción.

Si bien a la larga las medidas reformistas pueden ser útiles, carecen de credibilidad en el corto plazo. Benéfico puede ser contar con una policía nacional, pero en el corto plazo la gente quiere que ésta deje de torturar y cuide a la sociedad. Bienvenida la comisión anticorrupción, pero antes es necesario aclarar el presunto conflicto de interés en el tema de la “casa blanca”. Qué bueno que habrá un Ministerio Público independiente, pero hoy la gente quiere que se consigne a todos los responsables de la tragedia de Ayotzinapa.

Si el nuevo pacto no se basa en acciones concretas y definidas, servirá poco para darle la vuelta a la curva decreciente de confianza ciudadana. Es la última llamada para que los partidos y el gobierno detengan el deterioro y la degradación de la política. Por el bien de todos, ojalá lo hagan correctamente.

Twitter: @LCUgalde