Opinión

¿Exigibilidad de derechos en salud?

 
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Clínica del ISSSTE. (Cuartoscuro/Archivo)

Gabriela Andrea Luna Ruiz.

A partir de la puesta en marcha del Sistema de Protección Social en Salud en 2003, mejor conocido como Seguro Popular (SP), se sostiene como estrategia de Política Pública transexenal que no haya personas excluidas del Sistema de Salud. En realidad este objetivo no tendría nada de novedoso pues que desde la Constitución de 1917 se estableció “el derecho a la salud” como inalienable de cualquier mexicano, sin embargo, no había mecanismos reales ni creíbles que otorgaran una certeza sobre la exigibilidad de prestación de servicios de salud. La creación del IMSS y del ISSSTE años después respondió sin duda a este derecho.

Pero seguía latente una deuda social con las personas que no podían incorporarse a un trabajo formal que implicara seguridad social, en escenarios económicos que empezaron a endurecer las condiciones del país cuando llegaron décadas de bajo crecimiento y poca generación de empleo formal. En este escenario tener un problema de salud obligaba a acudir al enfoque asistencialista que ofrecía la SS y esperar con amplios márgenes de incertidumbre la atención al evento de enfermedad. Con el SP varios años después se buscó revertir la visión de asistencialismo para transformar a los pacientes en afiliados que pueden y deben exigir atención oportuna y trato digno.

Cabe destacar que el SP no pretende satisfacer las demandas de salud sino ser una aseguradora pública que garantice “el acceso efectivo, oportuno, de calidad, sin desembolso al momento de su utilización y sin discriminación a los servicios médico-quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de salud” . Es decir, su meta no es ampliar la oferta construyendo hospitales, ampliando la compra de tecnología ni proveer medicamentos sino contar con un empadronamiento de habitantes que no tenían cobertura alguna en salud, así como darles un derecho exigible a través de credencialización y reducir con ello el gasto de bolsillo por motivos de salud.

Tras esta revisión por la historia del Sistema de Salud y una vista al marco legal de ¿Cómo deberíamos enfrentar los mexicanos hoy, un problema de salud? Vale la pena revisar algunas cifras. Hacia el año 2012 la SS reportó a 52.9 millones de afiliados al SP, cifra que está alejada a la estimada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para el mismo año que es de 47.8 millones. Esta discrepancia no incomodaría tanto como la cifra que también reporta esta institución con base en la ENIGH de 25.3 millones de mexicanos con carencia por acceso a los servicios de salud, es decir, de mexicanos que dicen no contar con afiliación, adscripción o derecho a recibir servicios médicos de alguna institución, incluyendo el SP. Justo aquí surge otra pregunta ¿Qué mexicanos representan este porcentaje con carencia por acceso a salud? No tengo respuesta pues más del 54% poseen seguridad social ampliada y el Seguro Popular afilia casi 42%, para el año en cuestión, debería ser mínima la población sin acceso y no es así.

El grave problema de no estimular de igual manera la oferta de servicios que la demanda hace que haya brechas insalvables en la práctica y que muchos individuos al responder una encuesta se sientan igual de desprotegidos que antes de la existencia del Seguro Popular al enfrentar: elevados tiempos de espera, atención tardía y en algunas ocasiones falta de provisión de medicamentos. Es verdad que se marcha por el camino correcto en cuanto a la construcción del marco legal para lograr mejor salud en la población; pero el diagnóstico actual es que se debe estimular la creación de centros de atención a la salud, más personal médico que atienda a esta nueva población y mejor disponibilidad de medicamentos. Así como la falta de inclusión de tratamientos para personas con falla renal crónica en el paquete de enfermedades cubiertas por SP, mucho más al ser esta una de las principales consecuencias de diabetes que padece alrededor de 24% de la población.

1. Artículo 77 BIS 1 Ley General de Salud.

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