Opinión

Este incendio puede salirse de control

 
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Policías federales y maestros de la Sección 22 se enfrentaron en Nochixtlán. (Cuartosuro)

El peor peligro que enfrenta el futuro de México no es Donald Trump, AMLO, la deuda pública o una crisis económica mundial, es la creciente debilidad institucional que ahoga al país.

Veamos las crisis que han surgido en las últimas semanas, empezando por la más reciente. Los bloqueos de vías de comunicación en Oaxaca deberían ser evidentemente inadmisibles, ya no por días sino por horas.

Vulneran el derecho al libre tránsito de los ciudadanos, generan cuantiosos costos económicos, e inhiben la inversión y el turismo. Pero estas acciones se toleran ante el riesgo político que se corre al no contar con capacidad policiaca para enfrentar con profesionalismo y con protocolos claros este tipo de atropello. Se teme que medidas para reprimirlas se salgan de control.

Debería ser inconcebible la posibilidad de que una reforma educativa que es impostergable y que alcanza apenas logros mínimos, sea rehén de grupos capaces de violencia extrema con tal de mantener privilegios absurdos que impiden un progreso al cual ya se llega con décadas de retraso. Ni siquiera en una estructura clientelar feudal como la de Oaxaca, donde acaba de resultar penosamente electo un candidato impresentable heredero de un político evidentemente corrupto, es esto admisible.

El brutal informe de Open Society que señala los crímenes de lesa humanidad en que ha incurrido el Ejército nos debería preocupar en sobremanera. En forma absurda, muchos mexicanos condonan el uso excesivo de la fuerza porque quienes la han padecido son malhechores, narcotraficantes y delincuentes. Una y otra vez escuchamos la misma absurda narrativa en la cual pareciera que la vida de un malo debiera valer menos que la de un bueno. “Los muertos de Nochixtlán no eran maestros”, se repite sin cesar. Caemos en el error de casi condonar la ejecución extrajudicial, a sabiendas de que padecemos de un sistema judicial incapaz de castigar al delincuente con eficiencia.

Ante esa certeza, es mejor matarlo. No nos damos cuenta de que, al condonarlo, todos podemos caer víctima de acción impune por parte de quien tiene derecho a ejercer la fuerza, pero carece de sistemas transparentes para rendir cuentas.

Por último, la semana pasada en la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, legisladores del PAN impusieron medidas revanchistas contra una sociedad civil que se atrevió a forzar al servidor público a la transparencia, y recurrieron a una especie de poison pill (píldora envenenada) que al forzar a proveedores privados de servicios al mismo nivel de transparencia que el funcionario público (repito, público, queriendo decir que éste come gracias a recursos provenientes de los impuestos que pagan los ciudadanos) pudieran sabotear un intento legítimo de una sociedad civil harta de corrupción e impunidad. Una vez más, es la debilidad institucional la que forzó a la ciudadanía a actuar ante la falta de una fiscalía independiente empoderada, y dada la evidente debilidad de una Secretaría de la Función Pública en la cual Virgilio Andrade está ahí para cuidarle la espalda a su jefe. ¿Era ideal la 3de3? Está lejos de serlo, y mucho menos como medida aislada, pero es un simple reflejo de una sociedad desesperada ante su impotencia.

Cada vez resulta más evidente que cualquier sistema real que le ponga límites a la creciente y grotesca corrupción que vive el país tendrá que pasar por un proceso de amnistía, que provoca nauseas, con tal de que políticos que acumulan niveles inexplicables de riqueza después de una vida en el 'servicio público' (habría que preguntarse a quién han realmente servido), boicotearán una y otra vez cualquier medida que los ponga en riesgo.

La absurda e irresponsable estrategia de los legisladores parece darle la razón a López Obrador quien dice que PRI o PAN dan lo mismo, que uno y otro se cuidan la espalda y que lo único que puede acabar con la impunidad es un cambio de régimen (aunque eso lo diga un populista de quién no sabemos de qué vivió por más de una década). Ni siquiera 630 mil firmas parecieron hacer mella. No hacen acuso de recibo del abrumador voto de castigo del 5 de junio.

Estamos jugando con fuego. Ante la falta de legitimidad institucional, el uso de la fuerza que debiera ser perfectamente legítimo, provoca duda.

Hay escepticismo bien fundado ante cualquier 'verdad histórica', por sensata que parezca. La debilidad de nuestras instituciones nos deja sin cimientos sobre los cuales construir la modernidad que el momento que vivimos exige, y sin la cual ningún progreso significativo es sostenible.

No se trata de apagar fuegos, sino de preguntarnos cuál es el común denominador de las causas de incendios que podrían salirse de control.

No hay soluciones fáciles, no se trata de empezar cacerías de brujas. La única alternativa es, cuanto antes, construir instituciones que fortalezcan al imperio de la ley.

Twitter:
 @jorgesuarezv

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