Opinión

Escenarios 2018

    
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Casillas

La virtud de la democracia es la incertidumbre. Duelo que no tiene un desenlace predeterminado. El procedimiento fija un mínimo de certezas para hacer viable la contienda, establece las constantes que hacen previsible el recorrido, pero el resultado es variable contingente. Un error, una duda, puede hundir al puntero, así como un acierto o un reflejo puede hacer viable al retador. La aptitud para ajustar la estrategia y sortear las dificultades, para tejer un relato de contraste y hacerlo creíble, son los atributos que, en la meta, marcan la diferencia. Las elecciones nunca terminan como inician. No responden a un movimiento lineal de acontecimientos, sino a una secuencia sinuosa de pruebas de resistencia y de adaptabilidad. La fortuna a la que se refería Maquiavelo en sus consejos al príncipe, podría bien recuperarse para ilustrar esa suerte de imprevisibilidad que define al modelo democrático. La voluntad que se pone a prueba en los azares de la política de la competencia.

Será un año de sobresaltos. La renovación de los poderes públicos es, de por sí, un elemento que genera estrés en un país con instituciones débiles, altamente proclive al conflicto y con baja densidad en su tejido cívico. Pero otros nubarrones se asoman en el horizonte. La reciente reforma fiscal en Estados Unidos, en el contexto de la renegociación del TLC en manos de Donald Trump, será una fuente importante de inestabilidad económica, sobre todo para el tipo de cambio y para las tasas de interés en nuestro país. La reforma energética pasará a un nuevo momento en su implementación, lo que muy probablemente impactará, por lo menos en el corto plazo, en los costos de los combustibles, como resultado del ajuste del precio nacional a las condiciones vigentes del mercado internacional. La violencia criminal tiene una nueva y muy pronunciada escalada: en buena medida, el relevo electoral de la autoridad política, sobre todo a nivel local, abre la posibilidad para la reconfiguración de los acuerdos de cobertura institucional y, en consecuencia, genera incentivos para el uso más intensivo de violencia para desplazar o contener el avance de adversarios. Con excepción de dos estados (Baja California y Nayarit), el resto del país tendrá, al menos, una elección local concurrente con la federal, lo que hace más apetecible –e imperceptible– el riesgo de captura institucional. En ese sentido, no podemos descartar que el crimen organizado pretenda incursionar en esta elección con su ley de plata o plomo, justamente en el calendario más grande de la historia de la democracia mexicana, y con el ingrediente aún imponderable de la posibilidad de reelección de alcaldes y legisladores.

La elección federal se disputará entre tres opciones partidarias y, al menos, una candidatura independiente. La campaña, según se deduce de los primeros escarceos, no será de agendas o temas, como se dice en el argot electoral, sino de personas: quién asusta más o disgusta menos. Los partidos, todos, renunciaron a diferenciarse programáticamente en el momento en el que se coaligaron entre opciones 'cacha todo'. Será la primera vez que no tendremos opciones distinguibles entre izquierdas y derechas, ni posiciones que obliguen a razonar públicamente los matices. Si bien el cambio será la divisa de todos los contendientes, al menos por lo que se alcanza a advertir de las plataformas registradas, en el fondo no hay más que la renuncia a una reflexión moral sobre los problemas de México y, eso sí, una infinidad de lugares comunes y de fórmulas de compromiso, cuya misión es no decir nada que tense el frágil acuerdo electoral. La candidatura de Margarita Zavala es la que con mayor libertad podrá fijar una agenda: no tiene statu quo que defender ni alianzas que salvar. De ahí la enorme vitalidad que, bien llevada, puede imprimir a esta elección.

Si Pitágoras no miente, se necesitan poco más de 17 millones de votos para ganar esta elección. Muy probablemente, la próxima persona en ocupar la presidencia no sólo enfrentará un Congreso adverso, es decir, los gobiernos divididos que hemos vivido desde 1997, sino que, además, tendrá una legitimidad minoritaria de origen: en un escenario inercial, le habrá votado menos del 20 por ciento de la lista nominal. Si a esto se le agrega que será un Congreso más pulverizado (más jugadores) y más indisciplinado (con reelección), el reto de gobernabilidad se antoja poco más que difícil. Claro está: si en el camino los contendientes respetan al árbitro, aceptan el resultado y son capaces de construir el día después. Pero eso es otra historia.

Twitter: @rgilzuarth

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