Opinión

Es la misma historia
y va acabar mal

 
1
 

 

 [El temor al delito tiene impacto en las rutinas de la población y en la percepción que se genera sobre el desempeño de la policía./Cuartosuro]

Que se mantenga. Que se incremente. Si va a incrementar que sea en estados que tienen poco peso electoral. Que no le echen la culpa al gobierno federal. Tal vez la comunidad internacional se ocupe de la violencia en otras partes del mundo, por ejemplo, el terrorismo en Francia. ¡Dios nos libre que aparezca o declare algún delincuente en el país que está ligado con el Estado Islámico!

Me puedo imaginar que estos son los comentarios del presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación ante los nuevos datos que publicó esta semana el Inegi en relación al número de homicidios en México.

Y estos datos se prestan para varias interpretaciones. Aunque sobre homicidios a nivel nacional y por entidad federativa registrados en 2015 y con corte realizado el 13 de julio de 2016 fueron revelados por el Instituto de Estadística y Geografía (Inegi). Estas estadísticas muestran que durante 2015 se cometieron 20 mil 525 homicidios a nivel nacional, es decir, 17 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo cual representa un incremento con respecto a las cifras de homicidios en 2014. De hecho, en mayo y junio de este año han sido los meses con más homicidios en los últimos cuatro años.

Y aunque el gobierno federal podría presumir que los índices de homicidios se han reducido hasta en 19.4 por ciento en los años 2013 a 2015, todo indica que la nueva tendencia para lo que resta de esta administración es que continuará incrementando. Y hasta hace poco el secretario de Gobernación y el mismo presidente presumían cómo habían reducido la violencia y los homicidios en el país.

El pecado capital de Enrique Peña Nieto y por el cual está pagando su penitencia sucedió en 2012 durante su campaña presidencial, cuando decidió, al igual que Vicente Fox al iniciar su administración, rehusar reconocer la gravedad de la criminalidad en el país y sobre todo no tener una estrategia clara de cómo enfrentar a las organizaciones criminales violentas y con capacidad de controlar municipios y estados del país.

Ya van tres años perdidos de esta administración en los que pudieron haber detenido lo que seguramente será una ola de violencia que podría convertirse en un tsunami para 2018. Hay varias razones por la cual esto sucederá: Como les comenté, al no reconocer la peligrosidad de estas organizaciones criminales desde un inicio (al buscar deslindarse de la estrategia de Felipe Calderón) nunca se estableció una estrategia clara. La nueva reforma al sistema de justicia penal, además de cualquier reforma que se vaya a aprobar –el Mando Único o lo que le quieran mandar– también contribuirá en el corto plazo en un debilitamiento de la capacidad de las instituciones para perseguir delincuentes peligrosos. Además, la desarticulación de organizaciones criminales en algunas partes del país está resultando, como se esperaba, de un importante incremento de la violencia por peleas de plaza.

Pero el problema fundamental es que durante la campaña y los primeros años de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto prometió soluciones a corto plazo con propuestas que tendrán resultados a largo plazo, y va a requerir décadas para empezar a bajar el índice de impunidad. Pero el no presentar resultados a corto plazo cada día que pasa debilita la credibilidad y por ende la capacidad del gobierno de resolver el problema.

Ahora a los cuestionamientos en contra del gobierno federal por el tema de corrupción se le agregarán también los de la impunidad e incapacidad para enfrentar la violencia en el país.

De nuevo les pido disculpas por ser repetitiva en este espacio, pero hace un año subrayé cuáles son los pasos para resolver la ola de violencia que enfrenta un país, una entidad o un municipio. Les comenté que se requiere: “1. Voluntad política. 2. Detener la corrupción y castigar a los corruptos. 3. Asegurar los recursos necesarios. 4. Tener un plan de acción con pasos a corto, mediano y largo plazos. 5. No tolerar la falta de cooperación y colaboración entre funcionarios y ramas del poder. 6. Exigir resultados o de lo contrario que renuncien. 7. Asegurar un marco jurídico que permita a las autoridades enfrentar a las organizaciones más peligrosas del planeta. 8. Tener absoluta claridad de qué exigir a la Federación y a la comunidad internacional. 9. Trabajar con la sociedad civil, no grillar. 10. Ejercer un liderazgo extraordinario ante una crisis extraordinaria”.

Finalmente, la gran interrogante es: ¿quién lidera este esfuerzo y quién asumirá los costos políticos del fracaso de la estrategia de seguridad?

En este momento nadie. En las elecciones del 2018 alguien acabará pagando estos costos.

Twitter: @Amsalazar

También te puede interesar:
Atrapando pokecorruptos
Políticamente radioactivos
La trampa del poder