Opinión

¿Es corrupción?

El camino de construcción del Estado de derecho que llevaba México a fines del siglo XIX, muy parecido al que siguió Japón, terminó por la incapacidad de Porfirio Díaz de manejar su sucesión.

La Revolución cambió el rumbo, e incorporó dos actores políticos: los campesinos, abundantes pero débiles políticamente, y los obreros, apenas nacientes. Aunque los vencedores de la guerra civil rehicieron la Constitución, no parece que tuviesen intención de aplicarla. Los ganadores intentan replicar la presidencia porfirista en un arreglo político diferente, y fracasan: Obregón asesinado y Calles desterrado. Es Cárdenas quien entiende mejor y aprovecha una idea de la época, el fascismo, para construir el México del siglo XX.

En ese nuevo arreglo, obreros y campesinos se agrupan en corporaciones, estructura que también se utiliza para acomodar a todos los demás, después llamados “sector popular”. El sistema incluye entonces: un gobierno patrimonialista (en donde quien llega al poder lo considera propiedad personal, y lo apropia), un soporte clientelar (mediante las corporaciones, que aseguran poder político a cambio de prebendas), y evidentemente la ausencia de la ley, que sólo se utiliza ocasionalmente, y es más bien excusa para extraer dádivas en las partes más bajas del sistema.

El sistema se derrumba en 1997, cuando el PRI pierde la Cámara de Diputados, y se hace necesario tener reglas. Volteamos a ver la Constitución y las leyes, para descubrir que ni se habían usado ni servían de mucho, pero nos agarramos de eso. Ese mismo año muere Amado Carrillo Fuentes, y el control nacional del crimen organizado desaparece con él. La estructura paralela de control, política y criminal, se derrumba al mismo tiempo. En la primera, se sustituye el autoritarismo nacional por un modelo democrático, bastante razonable. La segunda, a partir de entonces, es un tema regional.

La pérdida del poder autoritario presidencial permite el crecimiento de grupos que intentan controlar el estado: empresarios monopólicos, líderes de corporaciones, partidos políticos, y los grupos criminales regionales.

Hoy se mezcla todo en una sola palabra: corrupción. Hoy dicen que el crimen, los poderes fácticos, la falta de cumplimiento de la ley, el clientelismo, es corrupción. Cierto, pero inútil. No son la misma cosa, y mezclarlos hace imposible solucionar. En México hay un conjunto de problemas que llamamos corrupción: el estado patrimonial, el clientelismo corporativo, la falta de aplicación de la ley, el crimen organizado, y la captura del Estado. Son cinco fenómenos diferentes, que requieren instrumentos diferentes.

Los primeros dos se enfrentan con un sistema serio de servicio civil de carrera, la simplificación de la “normatividad” y su aplicación inmisericorde. Los dos últimos exigen un Estado fuerte: para enfrentar a quienes buscan sustituirlo (crimen organizado) o capturarlo (poderes fácticos), y esto exige subordinar a los gobernadores, para empezar.

El de en medio es la clave: aplicar la ley a todos, rompiendo los grupos clientelares de corte fascista que conocemos desde los años treinta, acá llamados revolucionarios, pero también terminando con los privilegios que el dinero ha comprado por décadas.

Tres procesos: profesionalización del gobierno, fortalecimiento del Estado, aplicación general de la ley. Si además consiguen personas con ética, ayuda.

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