Opinión

EPN: su gran logro en seguridad

El gobierno de Enrique Peña Nieto ha llegado a la línea de tiempo que marca el fin de la cuarta parte de su periodo. El balance en materia de seguridad es malo. Alguien comentaba hace unos días que sólo hacía falta ver montones de cadáveres en un solo evento para estar igual que en tiempos de Calderón. Quizá lo anterior suene exagerado, pero no tanto si se revisa que en estos 18 meses los homicidios bajan al mismo ritmo (lento) que desde 2011, que han crecido el secuestro y la extorsión, y que incluso hay rebrotes de violencia, como en Ciudad Juárez y, destacadamente, en Tamaulipas.

Al gobierno se le pueden acreditar éxitos aislados, algunos simbólicamente importantes (como la detención de Joaquín Loera Guzmán, El Chapo). Destacaría además la pacificación de la zona de La Laguna y el desmantelamiento de los Caballeros Templarios. No es poca cosa, es cierto, pero esos golpes no son suficientes para decir que esta administración está comprometida con hacer justicia, que es a final de cuentas lo único que, a la larga, puede provocar una baja en la impunidad, y con ello en los índices delictivos.

Ninguna agenda desnuda de mejor manera esta falta de compromiso que el tema de los desaparecidos. Año y medio después de que Peña Nieto tomó el control, los colaboradores del mexiquense sólo atinan a ofrecer a las familias de las víctimas un show mediático donde funcionarios se contradicen sobre cuántos son en realidad los casos de personas desaparecidas en los que intervinieron particulares y/o autoridades.

El tema ha hecho crisis esta semana con la renuncia de Ricardo García Cervantes a la subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR. El exfuncionario, de origen panista, se va luego de dar reveladoras declaraciones a Milenio. Hace quince días, el coahuilense declaró a ese diario que cierran fosas con cuerpos porque 1) el Estado mexicano no tiene capacidad para procesar cada hallazgo, y 2) porque el gobierno NO puede garantizar la seguridad de su propio personal en las zonas de las excavaciones.

“’Si las abriéramos todas de golpe’, de todas donde hay indicios de fosas clandestinas no habría capacidad para procesarlos e identificarlos. Explicó que las investigaciones se dificultan porque en ocasiones hay nivel de riesgo para los científicos y forenses instalados en una escena: tienen que llegar rápido, si no corren riesgo en su integridad”.

Más aún. Ese mismo día, el 15 de mayo, García Cervantes dijo a Carlos Puig en Milenio TV que el número de desaparecidos había descendido de la famosa cifra de 26 mil a 19 mil. ¿Qué siguió a esa gran revelación? Otra muy desconcertante. Una semana después, ante senadores el secretario de Gobernación dijo que la cifra en realidad era de 8 mil desaparecidos. Si ni la cifra puntual sabemos, ¿qué esperanzas podemos tener de que se hará justicia? Ninguna.

Es notable, eso sí, que tales declaraciones no se convirtieran en un escándalo mediático, como con seguridad habría ocurrido el sexenio pasado. Hay que reconocer a este gobierno por el cuestionable mérito de que esa lacerante realidad no sea tema primordial de muchos medios de comunicación. Ese es su gran logro.