Opinión

EPN, los gobernadores y la brida rota

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Cuartoscuro

Durante el periodo de transición entre el sexenio de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto, colaboradores cercanos al mexiquense –entre ellos Virgilio Andrade, por cierto– recibieron una sugerencia específica sobre el tema de la corrupción. Un funcionario público les recomendó fijarse tareas muy concretas para mejorar el lugar ocupado por México en los rankings internacionales sobre ese mal.

Además de lo que tengan pensado hacer en términos estructurales, les dijo esa persona que contó la anécdota pidiendo no ser identificado, es importante que trabajen en abatir la percepción que hay en la ciudadanía sobre lo expandida que está la corrupción.

Es obvio que Peña Nieto y sus hombres no siguieron el consejo. Sólo por si hiciera falta documentarlo, en los dos años que van de la actual administración la posición de México en el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional no ha mejorado.

Justo es decir que el presidente de la República no es el único responsable de la imagen que tenemos como una nación corrupta. En la construcción de esa idea contribuyen, como pocos, los gobernadores.

Van dos ejemplos recientes de actos de mandatarios estatales que darían la razón a quien crea que en México la corrupción no se castiga:

Chihuahua. El gobernador César Duarte ha sido demandado por un frente ciudadano por irregularidades en el depósito de más de 80 mil millones de pesos de fondos estatales a una unión de crédito de la que el secretario de Finanzas es socio y exfuncionario. Con ese movimiento financiero, la unión de crédito estaría siendo preparada para convertirse en banco, y uno de los dueños del mismo sería el propio Duarte. Él negó esto último. Y cuando una reportera le mostró su firma en un documento que lo liga con esa unión crediticia dijo que, “a lo macho”, firmó sin darse cuenta ese papel que involucra depósitos suyos por 65 millones de pesos. Aquí un reportaje al respecto

Sonora. En el verano el gobernador Guillermo Padrés fue evidenciado. Él y su familia hicieron una megapresa para su rancho. Mientras poblados de los alrededores de Bacanuchi no tienen agua, ni permisos para pozos, él y su familia disponían de ese embalse. Cuando se dio la revelación, al referirse al rancho el gobernador dijo: “me siento muy orgulloso de ser ya por quinta generación” ganadero y agricultor. Alegó que la ley de aguas nacionales “nos faculta a todos los propietarios de nuestras tierras que podamos hacer todas las obras para defender nuestros patrimonios cuando se vienen corrientes fuertes”. O sea, justificó su pleno derecho sobre el predio y defendió la polémica obra.
La semana pasada, y luego de que la Profepa impusiera millonaria multa por esa presa, el mandatario ha declarado, sin inmutarse en lo más mínimo, que el rancho no es suyo, que es de sus hermanos. 

El poder presidencial solía funcionar como brida para los excesos de los gobernadores, señores que con relativo éxito someten a los congresos y a la prensa de sus estados.

Pero esta vez, y consumida la tercera parte de su presidencia, resulta claro que Peña Nieto no quiso ser un líder que generara cambios en la percepción que tenemos como nación corrupta.

Su error de cálculo al no abrazar esa agenda, sumado a los actuales escándalos por la compra de casas a contratistas, provoca que, entre otros, Duarte y Padrés saquen ventaja de eso que Lorenzo Servitje llamó la debilidad de Peña Nieto.

Así como está hoy, la brida presidencial no puede funcionar.
Es una pésima noticia para casi todos.

Twitter: @SalCamarena

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