Opinión

Enfrentando la corrupción en México

Las noticias en México van de mal en peor. La búsqueda de cuarenta y tres normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, terminó trágicamente, con un puñado de restos encontrados en bolsas de basura cerca de un río. Durante la desesperada búsqueda, los investigadores descubrieron no menos de once fosas clandestinas más, conteniendo docenas de almas sin nombre, muchas seguramente sujetas a la misma ilegalidad, así como a la negligencia –si no es que abuso directo- de poderes políticos locales y estatales.

Resultan potencialmente igual de preocupantes la imputaciones sobre la “Casa Blanca”, una residencia de siete millones de dólares bajo el control de los Peña Nieto, pero no incluida por el presidente en su declaración patrimonial durante la campaña electoral. La propietaria legal de la casa es la empresa Grupo Higa, cuyo dueño Juan Armando Hinojosa Cantú es cercano al presidente, y que resultó beneficiada de la reciente licitación –rápidamente cancelada– del contrato por tres mil 600 millones de dólares para construir un tren rápido entre la ciudad de México y Querétaro, bastión manufacturero que es sede de la industria aeroespacial mexicana en plena expansión.

La única forma de saciar el creciente descontento y malestar es enfrentando, finalmente, la corrupción. Si persiste la opacidad, el silencio y el miedo que hacen posible el constante abuso, el potencial económico y global de México se debilitará y esfumará. Hasta hace unas semanas, el equipo peñista parecía estar convencido de que una transformación económica era posible sin un cambio fundamental en los incentivos implícitos y en las prácticas aceptadas. Hoy, ya no es posible.
¿Qué debería hacer el gobierno federal?

Primero, necesita una legislación anticorrupción con más alcance. Hacer frente a la corrupción era originalmente parte del pacto político entre PRI, PAN y PRD en 2012. Dada la prisa por pasar las reformas educativa, de telecomunicaciones, financiera, antimonopolio y energética, se perdió el énfasis en combatir la profunda disfunción del gobierno. Siguen pendientes los cambios indispensables al juicio de amparo que, en vez de proteger del abuso del Estado, se ha vuelto simplemente la herramienta para que quienes tienen recursos económicos –sean culpables o inocentes– permanezcan inmunes a cualquier proceso legal.

Hasta ahora, el ritmo al que se ha dado el cambio ha sido insoportablemente lento. Apenas en marzo se aprobó un nuevo Código Penal, estableciendo lineamientos para los 31 estados. Para desarrollar un sistema funcional que proteja inocentes y condene culpables se requerirá de miles de millones de dólares para capacitar a cerca de cuarenta mil funcionarios de Cortes y Ministerios Públicos, además de renovar programas en escuelas de derecho para educar a nuevas generaciones de abogados y jueces. También será necesario construir laboratorios forenses para examinar evidencia, y nuevos tribunales para juzgar casos.

Mientras los ciudadanos mexicanos esperan una nueva agencia anticorrupción y un nuevo sistema judicial, se requiere de acciones concretas inmediatas. La Procuraduría General debe detener a gente prominente que permanece impune. Pueden empezar con un puñado de casos que han sido delatados por reporteros e investigadores independientes que han tenido el valor de denunciarlos.

La prensa ha expuesto comportamientos presuntamente cuestionables de gobernadores de los tres partidos, líderes empresariales, sindicales, y otros, haciendo uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002; éstos no han sido perseguidos. El gobierno no tiene que juzgarlos y condenarlos a todos, sería mucho pedir para una Procuraduría General de Justicia en transición y para el sistema judicial en general. Pero puede demostrar que es posible que quienes portan corbatas y mascadas Hermès pueden acabar tras las rejas, que la malversación tiene consecuencias.

Por último, el gobierno de México necesita aliarse directamente con la ciudadanía. En cada caso reciente de progreso en contra de crimen y violencia –Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana entre éstos– el involucramiento de organizaciones locales hizo la diferencia. Los dueños de negocios, líderes sociales, representantes de víctimas y grupos de derechos humanos, junto con otros, se asociaron con autoridades federales, y a veces locales, para exigir y lograr cambio.

Como lo demuestran estos casos, los gobiernos locales no responden al liderazgo de autoridades federales. A nivel nacional, será tanto o más importante la apertura a cooperar con representantes de la sociedad civil en lugares como Guerrero, dada la mayor debilidad de la economía y del tejido social a partir del cual se tiene que tejer un Estado de derecho que funcione.

El gobierno de México todavía tiene que lograr esto y, particularmente, tiene que aliarse directamente y en forma extensiva con la sociedad, empoderando a organizaciones civiles independientes que vigilen y desarrollen mecanismos para la rendición de cuentas para amarrar sus propias manos y las de otros, para evitar actos de corrupción. Pero eso es lo que se necesita para un México diferente.

* La autora es doctora por la Universidad de Harvard; investigadora sobre asuntos latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores, “think tank” independiente con sede en Nueva York. Es autora del libro “Two Nations Indivisible: Mexico, The United States and the Road Ahead”. Ha testificado en el Congreso sobre temas vinculados con México. Tiene numerosos artículos en revistas especializadas y es una de las opiniones más influyentes sobre México en EU.

Twitter: @shannonkoneil