Opinión

Encueran al Ombudsman,
a la CNDH y al gobierno

En menos de 24 horas ha sido exhibido el ínfimo nivel al que han llegado Raúl Plascencia y el organismo que hasta hoy preside, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El martes, el Ombudsman fracasó en su intento de que sus pares de Iberoamérica lo respaldaran. Y ayer, desde Washington, José Miguel Vivanco hizo el informe sobre la precaria, y preocupante, situación de las garantías individuales en México, un reporte sobre rezagos y carencias que Plascencia nunca se habría atrevido siquiera a imaginar.

Más allá de las frivolidades en las que se le ha visto últimamente –recibiendo homenajes, inaugurando aulas con su nombre--, Plascencia quedó en total ridículo el martes cuando se presentó ante los representantes de la Federación Iberoamericana del Ombudsman como sujeto de una “persecución política” por parte de, no se rían, el gobierno federal. Alegando lo anterior, solicitó una declaración de respaldo internacional. Sus colegas, que por tener ligas con especialistas en derechos humanos en México conocen ampliamente el desprestigio en que ha caído nuestro Ombudsman, se negaron a darle un cheque en blanco que lo hiciera pasar como víctima de esa supuesta conjura.

Las veleidades de Plascencia, sin embargo, son sólo relevantes por el negativo impacto que han tenido en el desempeño de la CNDH, que es hoy una auténtica desaparecida. El tamaño de las omisiones del Ombudsman y su organismo quedó evidenciado este miércoles, cuando Human Rights Watch dio a conocer una carta sobre la “crisis de derechos humanos”, documento enviado al secretario Miguel Ángel Osorio Chong con copia al procurador Jesús Murillo Karam.

El contenido de la misiva es un guión que sirve para comprender que, por desgracia, horrores como las matanzas de Tlatlaya y de Iguala son todo menos accidentales o inexplicables. Al contrario, tantas son las omisiones del gobierno de México a la hora de procurar justicia en los casos de desapariciones forzadas que lo verdaderamente extraño es que no haya más matanzas y levantotes como las de esos dos municipios.

En la carta, Human Rights Watch asienta que “los esfuerzos del gobierno” para dar con quienes han desaparecido desde 2006 “se han visto eclipsados por demoras inexplicables y declaraciones públicas contradictorias, y las medidas adoptadas han tenido resultados muy limitados”.

El reporte de Vivanco asevera que “las actuaciones del gobierno en general están muy por debajo de lo requerido para asegurar que México cumpla con su obligación jurídica internacional de abordar esta crisis de derechos humanos”.

Y luego de destacar que una serie de increíbles laberintos burocráticos (desde falta de presupuestos oficiales adecuados hasta tramitología interminable o redundante) impide que las familias víctimas tengan acceso a mecanismos de justicia, Human Rights Watch lanza la conclusión más terrible: “Hasta abril de 2014, ninguna persona había sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas después de 2006, según surge de estadísticas oficiales aportadas por el gobierno de México al Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas”.

Tal cual: ni una sola persona ha sido condenada por desapariciones forzadas ocurridas desde el inicio de los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto.

El ombudsman nacional que ha hecho hasta lo imposible por quedar bien con el gobierno federal ahora se dice perseguido por éste. Un giro tan surrealista que incluso en nuestro país resulta increíble. Por fortuna para México, ante la renuncia de Raúl Plascencia y los suyos a sus responsabilidades, el puesto de defensor del pueblo de México en esta ocasión fue ocupado por José Miguel Vivanco, de Human Rights Watch.

La única buena noticia es que se supone que al gobierno de Peña Nieto todavía le importa lo que se diga de él en el extranjero. Y este reporte sobre derechos humanos lo ha dejado desnudo.