Opinión

En contra del pacto

Para reaccionar a la tragedia de Ayotzinapa, algunos dirigentes políticos y empresariales, así como el presidente Peña Nieto han propuesto firmar un pacto por la paz y la legalidad. Debe verse con cautela: aunque suene políticamente correcto, la firma puede provocar más impunidad. El pacto puede convertirse en retórica de la promesa para evadir la responsabilidad presente como ha ocurrido con otros acuerdos en el pasado. ¿Por qué?

Porque cumplir la ley no requiere de un pacto sino de cumplirla, simple y llanamente. Según el presidente en turno de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la esencia del pacto contra la violencia y la impunidad “debe ser para que cada nivel de gobierno cumpla con su responsabilidad”. Pero cumplir con su responsabilidad, eso es, cumplir la Constitución, no debería ser consecuencia de un pacto de buena voluntad sino la obligación cotidiana de todo gobernante.

La experiencia de los pactos no es buena (salvo el Pacto por México pero es de otra naturaleza, no para cumplir la ley). El Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, por ejemplo, fue firmado en agosto de 2008 mediante una gran convocatoria: Federación, estados, municipios, medios de comunicación, organizaciones civiles, empresariales, sindicales y religiosas. Muchos y buenos propósitos: depuración y fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública, fortalecer al Ministerio Público, expedir la cédula de identidad, fortalecer el sistema penitenciario, avanzar en el sistema penal oral y acusatorio. Hubo avances en algunos temas pero buena parte de ellos quedó trunco.

“Quien no castiga el mal ordena que se repita”, decía Leonardo da Vinci. Castigar a los responsables de Ayotzinapa es la forma responsable y obligada para detener la turbulencia y el deterioro que vive México. Promesas y discursos son ineficaces para construir justicia; ésta se logra empezando por castigar a los culpables. No se trata sólo del exgobernador Ángel Aguirre, el exalcalde José Luis Abarca y su esposa, así como los policías y los sicarios que perpetraron el asesinato múltiple. La cadena involucra a más personas, aun sea por omisión.

Los regidores y síndicos de Iguala son responsables de aprobar el nombramiento del jefe de seguridad pública, para lo cual debieron verificar la certificación e inexistencia de antecedentes penales, entre otras cosas. Asimismo, el síndico procurador es responsable del tema de seguridad pública, prevenir la comisión de delitos y auxiliar al Ministerio Público, entre otros.

El Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública debió haber acreditado el desempeño del jefe de seguridad pública previo a su nombramiento.

El tesorero municipal, junto con la aprobación del síndico procurador, es responsable de ejercer los gastos del municipio y el manejo de los fondos, incluyendo el relacionado con la seguridad.

El Congreso del estado tiene la facultad de emitir las leyes en materia de seguridad pública estatal. Además, tiene también la facultad de recibir las denuncias en contra de los miembros de ayuntamientos, entre otros, para iniciar procedimientos de juicio político o desafuero. Es responsable además de llamar a cuentas al gobernador de la entidad cuando no contribuye a generar las condiciones de gobernabilidad de la entidad.

Persiste la duda de qué obligación tenía la Procuraduría General de la República cuando sabiendo de los presuntos delitos del entonces alcalde de Iguala, transmitidos por René Bejarano, no investigó ni previno los hechos posteriores. ¿Tuvo realmente elementos para proceder a una investigación formal?

Es claro que los responsables de la tragedia de Ayotzinapa no sólo son Abarca y los Guerreros Unidos. Hubo una cadena de omisiones y deficiencias acumuladas a lo largo de muchos años que condujeron a que se pudiera cometer tal atrocidad, al igual que otras que desconocemos, pero que las narcofosas descubiertas señalan.

Si el Estado mexicano es capaz de castigar ejemplarmente a cada uno de quienes al hacer o dejar de hacer algo contribuyeron a la barbarie, se puede empezar a recomponer la dignidad y la paz. Un pacto es buena voluntad y, en ocasiones, pura retórica.

Twitter: @LCUgalde