Opinión

Elevar exigencias en año electoral

   
1
 

 

Borge

2018 arrancó con la extradición de Roberto Borge, después de estar siete meses en prisión en Panamá, acusado de desvío de recursos públicos, operaciones con recursos ilícitos y lavado de dinero.
Desgraciadamente, el caso del exgobernador de Quintana Roo no es aislado, ni peculiar, es más bien un símbolo del latrocinio en despoblado que se ha instalado en los gobiernos estatales en los últimos años. El hecho demuestra que en buena parte de nuestras entidades federativas existe una ausencia de controles y contrapesos institucionales para evitar que las autoridades abusen de sus cargos y utilicen el dinero público para su beneficio personal. Es también una muestra de que se adolece de una masa crítica ciudadana, capaz de denunciar con eficacia los abusos y atropellos de quienes gobiernan. Esta detención debe servir para mantener altas las exigencias sociales frente al combate a la corrupción, tanto en el plano estatal como en el federal.

El caso de Borge viene a sumarse al de los otros siete exmandatarios locales a los que durante el gobierno de Peña se les han abierto procesos judiciales (seis están detenidos, uno de ellos fuera del país, Tomás Yarrington, y uno más, César Duarte, sigue prófugo a pesar de que hay 10 órdenes de aprehensión en su contra), acusados de una gama de delitos de corrupción que van desde peculado y enriquecimiento ilícito, hasta nexos con la delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos a campañas políticas.

Hay un patrón más o menos claro en los casos de corrupción en los gobiernos locales. El abuso abarca cifras muy elevadas de dinero (de entrada, se calcula que el robo al erario de Quintana Roo es de 900 millones de pesos) y ocurre a través de una red de complicidades que involucran tanto a funcionarios públicos, a sus familiares y allegados, como a profesionales y a empresarios, tejida en torno a un conjunto de empresas fantasma que aparecen y desaparecen, que carecen de registro ante la Secretaría de Economía y/o que no cuentan con domicilio fiscal y que sirven para ocultar los desvíos de recursos públicos. El caso Borge es doblemente agraviante porque, además de ser emblema de una generación de políticos jóvenes sin otra ambición que la de enriquecerse impunemente a través de un cargo de elección popular, es un delincuente medioambiental, pues el daño que infringió al patrimonio del estado no fue sólo pecuniario, por vender terrenos en las costas del Caribe mexicano a precios muy por debajo de su valor catastral para beneficiar a su familia y amigos, también enajenó 9,600 has. de terrenos que forman parte de la reserva natural de Quintana Roo.

Es de celebrar la detención de Borge por parte de la PGR, pero sólo será exitosa si se logra que los procesos judiciales que se siguen concluyan en castigos ejemplares tanto para quien orquestó la red de corrupción, como para quienes participaron desde distintos flancos, dando fe pública de las compras ilegales de terrenos, o prestándose para armar empresas fantasma para ocultar los flujos de dinero público y, desde luego para quienes desde el Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo armaron la operación ilegal.

Este caso debe elevar la exigencia social sobre los procesos encaminados a combatir los delitos de corrupción, para que no se queden sólo en el plano local, sino que se extiendan al ámbito federal, en donde siguen creciendo los ejemplos de desvíos de recursos de dependencias y entidades públicas a través de empresas fantasma. De acuerdo con lo documentado por el propio SAT al 22 de diciembre pasado, se habían detectado 45 presuntas nuevas empresas fantasma, así como 14 empresas fantasma definitivas que emitieron facturas falsas en transacciones que involucran a 11 dependencias del gobierno federal, que abarcan, entre otras, a Pemex, SEP, Sedesol y RAN (Animal Político 3/01/2018) El tema de las empresas fantasma cobró visibilidad en septiembre de 2017 con el reportaje de “La estafa maestra”, que identificó la trama de complicidades con varias universidades públicas estatales y entidades del gobierno federal.

El tema de la corrupción ocupará sin duda el centro de las campañas políticas de este 2018, porque es uno de los asuntos que más enojan a los ciudadanos y porque agrava nuestros problemas ancestrales de desigualdad y pobreza. Urge que los distintos candidatos demuestren su compromiso con el tema mediante programas concretos y viables.

Opine usted: jacpeschard@yahoo.com.mx

También te puede interesar:
Primera sanción por Odebrecht
¿Tenemos algo que celebrar?
¿Algún día aprenderán los gobernadores?

Sign up for free