Opinión

Elba, ¿prisionera política?

En los últimos días la maestra Elba Esther Gordillo volvió a ser noticia. Su defensa dijo que se encontraba delicada de salud y que por edad
–en junio cumple 70 años–, podría seguir el juicio en casa. Hay más que indicios, lo que permite suponer que su abogado tiene razón. Una revisión del expediente muestra un alto número de fallas, omisiones y errores tan grandes, que son grotescos. La maestra lleva casi dos años en la cárcel y, se puede argumentar, debía estar en libertad. Pero su caso parece obedecer más razones políticas que jurídicas.

La maestra fue detenida en el contexto del inicio de la negociación de la reforma educativa, en una acción espectacular montada por un comando de la Marina y agentes ministeriales federales en el aeropuerto de Toluca el 26 de febrero de 2013, y para explicar sus delitos, el entonces subprocurador Alfredo Castillo mostró en una pantalla la red de vínculos y de rutas para el lavado de dinero. Ese mapa delincuencial, sin embargo, no se incluyó en el expediente. Fue una herramienta utilizada con fines propagandísticos, no judiciales, para contribuir a la construcción de un clima de opinión adverso a la maestra.

Si eso fue exitoso, legalmente pronto se empezaron a ver las debilidades del caso. Por ejemplo, el pliego de consignación para ejercer la acción penal en contra de Gordillo, suscrito por el Ministerio Público el 20 de febrero de 2013, sustentado en los dictámenes de los peritos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Procuraduría General de la República (PGR). Los dictámenes, sin embargo, fueron emitidos el 21 y 22 de febrero, respectivamente. Es decir, un día después del pliego de consignación.

No es el único desaseo. El principal delito imputado a Gordillo, operaciones con recursos de procedencia ilícita, sobre el cual se montó el de delincuencia organizada, no tiene sustento legal. Los recursos que según SAT y la PGR movió Gordillo en diferentes operaciones financieras cuando presidía el Sindicato Nacional de Maestros, no tienen una procedencia ilícita. Provienen de los maestros, que a su vez, recibieron sus dineros del gobierno federal. El sindicato, que en dado caso pudo acusarla de abuso, fraude o malversación de fondos, por ser en todo caso el afectado, no ha presentado, hasta ahora, ninguna denuncia contra la maestra.

La ley establece que el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita sólo puede ser investigado una vez que la Secretaría de Hacienda, el área competente, haya presentado la querella. En el expediente no existe la querella. Tampoco se acreditó, como establece la ley, la representación legal de la Secretaría de Hacienda. Esta inconsistencia en el expediente es una de las más grotescas de todo el caso, que arranca con la averiguación previa el 13 de febrero de 2013, una vez que, establece, recibió la querella –la inexistente–, en forma de imputaciones.

La querella que señala el acuerdo del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fue suscrita en representación de la Secretaría de Hacienda por Alonso Israel Lira Salas, quien se identificó como director adjunto de Procesos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, con un gafete provisional, donde no se aclaraba su cargo, firmado por Mauricio López Tapia, de quien tampoco se precisa su cargo. Esta ambigüedad no es relevante, dado que hay dependencias donde por razones de seguridad no se identifica la posición o el nivel de quien lo porta.

Lo que sí es fundamental, es la Constancia número 32, firmada por Claudia del Carmen Mora Osorio, directora de Recursos Humanos y Materiales de la Coordinación Administrativa de la Procuraduría Fiscal de la Federación, en donde afirma que Lira Salas ingresó a la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda el 1 de febrero de 2013. La Constancia 32, cuyo propósito era acreditar la representatividad legal de la Secretaría de Hacienda, está fechada el 14 de febrero de 2013.

¿Cuál es el problema? Que la averiguación previa (UEIORPIFAM/AP/016/2013) tiene fecha del 13 de febrero de 2013. Es decir, el Ministerio Público federal dio entrada a una denuncia suscrita por un alto funcionario que, en el momento en que presentó la querella, no tenía su personalidad y representatividad legal acreditada. A partir de esa querella, el Ministerio Público federal ordenó una serie de diligencias, peticiones oficiales al gobierno de Estados Unidos para conocer los antecedentes penales de la maestra, y oficios a diferentes áreas del gobierno federal para que aportaran información que respaldara el caso, en la mayor irregularidad e ilegalidad del caso.

La maestra ha vencido legalmente en estos dos años a la PGR. Primero logró el amparo por deficiencias en la averiguación previa, por lo que el juez dijo que no se justificaba la privación de libertad. La PGR pidió la revisión y volvió a perder. Una nueva acusación por defraudación fiscal, interpuesta por la autoridad en octubre, parte del mismo expediente cuestionado, la mantiene en la cárcel. En todo este tiempo no se le han añadido acusaciones ni se han acumulado otras denuncias. Si la libertad de Gordillo dependiera de la ley, seguramente estaría libre. Pero esas no son las correas que la detienen. Es un caso político, donde el costo de perderlo no sería para el procurador general, sino para el presidente que, para derrotas, ya suma demasiadas.

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