Opinión

El veto y la batalla

  
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Donald Trump

Hace unos días habíamos anticipado el inicio de una batalla legal entre gobiernos estatales en Estados Unidos y el federal encabezado por el presidente Donald Trump. Preveíamos el tema migratorio como el inicial punto de conflicto en el momento en que las instrucciones de Trump de perseguir, deportar y detener a indocumentados pudiera provocar una confrontación entre las llamadas 'ciudades santuario' y Washington. Todo sucedió con mucha mayor rapidez.

Apenas el viernes el juez de distrito, James Robard, de Seattle, Washington, emitió un dictamen en contra del célebre veto para viaje y refugio a ciudadanos de las siete naciones de origen árabe. La decisión presidencial, en opinión del juez, no sólo viola la Constitución americana en casos de derechos humanos y asistencia internacional, sino que además se basa en criterios claramente racistas y discriminatorios. La razón es clave; sí pueden tener acceso ciudadanos de origen judío o europeos provenientes de esos países, pero no aquellos de origen musulmán. Discriminación por credo, origen étnico y nacionalidad.

La decisión del juez creció significativamente en términos de impacto a lo largo del fin de semana: Minnesota se sumó de inmediato el mismo viernes, pero en 48 horas se han sumado 28 estados de la Unión, empresas como Apple, Microsoft y tantas otras que, afirman en una carta difundida el sábado, muchas de sus empresas no existirían de no ser por los inmigrantes.

Ayer lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos envió una carta a la Corte de Apelaciones de San Francisco, donde está basado el caso “Estado de Washington contra el Gobierno Federal”, en la que urge a la Corte a reinstalar el veto del presidente Trump sobre las bases de seguridad nacional. Su texto señala que el fallo del juez Robard para suspenderlo “coloca en graves condiciones de inseguridad a Estados Unidos”.

Se trata de la primera batalla legal de Trump contra los jueces, las cortes, los gobernadores y alcaldes sobre temas relacionados con su obsesión migratoria. Ayer tuiteó “lo siento pero el pueblo estadounidense quiere fronteras seguras, no me detendré” y agregó por ahí en otro mensaje que el juez de Seattle será responsable si sucede un atentado terrorista.

Este será el tono de amenaza e imposición de Trump al interior de Estados Unidos: el terror, la seguridad nacional como instrumento de presión. Sin embargo, aparecen ya voces autorizadas, con sustento legal y jurídico para combatirlo. Representan una luz de esperanza.

Otra señal de advertencia para los excesos y devaneos del personaje lo representan los centros comerciales vacíos en la franja fronteriza a lo largo del fin de semana, de puente mexicano además. McCallen, San Antonio, San Diego, San Isidro reportan bajas descomunales en sus ventas de fin de semana, especialmente por tratarse de un feriado en México.

Sin organización, sin boicot convocado o impulsado por organización alguna, sino por la simple y espontánea actitud de miles de mexicanos que se contuvieron, reprimieron de cruzar la frontera para ir de compras o de diversión. Al hacer llamadas para confirmar datos me decían algunos ciudadanos fronterizos “¿Y quién quiere hacerlo? Si te pueden quitar la visa, te revisan el teléfono y te maltratan”, me dijo un empresario regiomontano acostumbrado al Mcallen obligado de puente.

Hoy martes, a las 3:00 pm, está programada una audiencia telefónica en la Corte de Apelaciones entre el juez Robard de Seattle, y el Departamento de Justicia que representa a Trump y al gobierno federal. Estaremos atentos al desenlace. Pudiera ser la primera derrota jurídica de la nueva presidencia.

Twitter: @LKourchenko

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