Opinión

'El tema no es menor'

   
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Cuando le das una patada a un avispero, la reacción natural es que las avispas salgan a atacarte. Eso es, más o menos, lo que ayer denunció el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que el gobierno federal está haciendo como represalia por su combate a la corrupción en un estado donde el antecesor era un priista, uno de esos del ‘nuevo PRI’.

En conferencia de prensa, el panista acusó al actual secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, y al propio presidente de la República, de castigar al estado que gobierna, desde 2016, ‘estrangulándolos económicamente’ tras la investigación en la que se ha señalado una red de desvío de recursos para campañas del PRI, y en la que estaría involucrado Manlio Fabio Beltrones. De ser ciertos los señalamientos de Corral, sería una acusación grave e inédita. Inédita no por la presión que develaría, sino por el hecho de hacerla pública.

En un mensaje contundente, con nombres y apellidos, Corral dijo que el 4 de enero de este año, apenas la semana pasada, en una reunión con el titular de la SHCP, se le notificó a su gobierno que los recursos que vía convenio se envían a Chihuahua desde 2015 –700 millones de pesos–, estaban detenidas como una consecuencia de la investigación que la Fiscalía de Chihuahua ha emprendido a la administración de otro Duarte, de César, sobre quien hay 10 órdenes de aprehensión por el delito de peculado, y que no se ha llevado a cabo, pues el exmandatario se encuentra refugiado en Estados Unidos y el gobierno de Peña Nieto no ha solicitado una extradición.

“Debo confesar que fuimos tomados realmente a sorpresa, porque tú no te imaginas un planteamiento así (...). Lo que inmediatamente señalé, con toda claridad al secretario de Hacienda, es que nosotros no íbamos a intercambiar el conocimiento privilegiado de investigaciones del Ministerio Público por una disposición de recursos que pertenece al estado de Chihuahua, y que daríamos la batalla. Te hacemos responsable de esta decisión y es un gran error el que están cometiendo. ¿Por qué? Porque estamos listos para la batalla. No vamos a permitir que se atente contra el pueblo de Chihuahua porque el gobierno combate la corrupción”, reveló Corral.

La SHCP salió a defenderse, pero en el intento sólo se evidenció más, dándole la razón a Corral y dejando expuesto un presunto intento por cobijar a una de las cabezas más importantes del priismo mexicano: la de Beltrones, quien, por si acaso, ya buscó un amparo.

En entrevista radiofónica con Denise Maerker, el subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, negó que la retención de recursos federales a Chihuahua sea una represalia, pero no negó el hecho, sólo se enredó intentando justificar que si la investigación de Chihuahua pondría en duda el instrumento jurídico por el que se destinan estos recursos al estado, entonces, ¿para qué hacerla?

“Nosotros no sabemos si se está cuestionando o no el instrumento. Si el Poder Judicial nos dice que no, no tenemos problema en hacer la transferencia... pero como si está en sub júdice (pendiente de resolución judicial) y se revisan sus características jurídicas, entonces sería un despropósito hacerla”, señaló el funcionario. Pero no es castigo, ¿verdad?

¿Y qué dijo el presidente? La acusación directa de un gobernador que ha logrado en un año la detención de 14 personas ligadas a uno de los gobernadores que promovió como ejemplo, fue calificada como un ‘acto político’.

“Lo que hoy recogí fue una conferencia de prensa que más parecía un acto político y auténticamente cargado de signo partidario. Entonces, ante ello, ante quien hace un acto partidario, el presidente de la República se conducirá con su vocación democrática, con absoluta imparcialidad y apegado estrictamente al derecho”, justificó.

¿Cuántas investigaciones se habrán detenido en el país por una amenaza similar? ¿Cuántas veces la Secretaría de Hacienda amagó a un gobierno o a otra dependencia por resultar incómodos? ¿Cómo es que nadie había levantado la voz? ¿Es el último engranaje de este sistema corrupto?

Urge un Sistema Nacional Anticorrupción engranado, urge un fiscal general autónomo y eficaz; en sus últimos meses, el sexenio de Peña Nieto vuelve a exponer que estos casos no son sólo el sello de una administración, sino la institucionalización de la corrupción, y nos la ha mostrado en todas sus variables. Javier Duarte y su voracidad en Veracruz; Roberto Borge y el despojo desmedido; y César Duarte va en la misma ruta. “El tema no es menor”, sentenció Corral.

No hay que olvidar que se vota en 173 días.

Twitter: @jrisco

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