Opinión

El SNT, 40 años de transición a la democracia

 
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INAI

El régimen autoritario mexicano que inició en 1929 encontró un punto de inflexión en 1977. Ese año, hubo reformas a la Constitución entre las cuales destaca aquella que convirtió al Estado en garante del derecho a la información.

A partir de ese 1977 y hasta este 2017 no han dejado de ocurrir procesos de liberalización política, bajo el esquema del “gradualismo participativo” y con dominante acento electoral.

La reforma política se ha materializado en varios episodios; instituyendo así un complejo esquema de instituciones, procedimientos y reglas. En el campo electoral, por ejemplo, los cambios fueron de tal magnitud que hicieron al “Sistema electoral mexicano” el más llamativo de cuantos existen.

Dentro de las primeras exigencias de este sistema electoral, se encontraba la de crear condiciones para que fuera surgiendo un sistema de partidos políticos que subsistiera las elecciones.

La “transparencia electoral mexicana” ordenó la construcción del padrón nacional electoral, que a la fecha contiene los datos de 92 millones de mexicanos en edad de votar; también, dotó de credenciales para votar a la población registrada, mismas que funcionan también como cédulas de identificación nacional; así mismo, obligó a la operación de urnas translúcidas y a procedimientos de escrutinio programado y diferido de las mismas, por los representantes de los partidos políticos y personal de casilla, mediante los cómputos distritales.

La transparencia se anidó en las instituciones y procedimientos electorales como una respuesta a la enorme desconfianza hacia el gobierno.

Ahora bien, derivado de la alternancia en el poder adquirida en el año 2000, se exigía la extinción del viejo régimen autoritario, pero aquello no fue instantáneo. El nuevo gobierno no había cumplido su promesa de enviar una iniciativa de ley de transparencia y era ya 2001. Así fue como se abrió la puerta para que un grupo de académicos se diera cita en la ciudad de Oaxaca y formara un movimiento de la sociedad civil que aglutinó a los propios académicos, medios de comunicación impresos nacionales, la asociación mexicana de periodistas; y líderes parlamentarios de la oposición con sensibilidad para el tema de la transparencia. Se invitó al gobierno a acompañar una iniciativa confiada en su redacción propuesta al denominado Grupo Oaxaca.

Teniendo como preámbulo el escándalo en medios por la adquisición injustificada de artículos de lujo en la residencia oficial del Presidente de la República se detonaron las condiciones para generar la primera Ley federal de transparencia y acceso a la información pública, aprobada en 2002, con inicio de vigencia en junio de 2003.

Dicha Ley, se concibió bajo ejes rectores o principios fundamentales como lo es que toda la información en poder de los órganos públicos debe ser objeto de revelación, incluyendo todos los registros en poder de los órganos públicos, independientemente de la forma en que se archive la misma, de su origen y de la fecha de producción. Bajo la obligación de publicar la información que generen en el ejercicio de su mandato y de garantizar el libre acceso a la información en sus archivos, se asegura que todas las solicitudes individuales de información que se presenten a los órganos públicos sean atendidas, a menos de que el órgano público pueda demostrar que la información está comprendida dentro del alcance de un régimen restringido de excepción previamente establecido. Estas peticiones de información son atendidas además bajo el principio de la gratuidad y mínima formalidad, derivado del espíritu de la ley que buscaba fomentar de manera amplia el ejercicio de este derecho. Solo estarían a cargo del solicitante los costos de reproducción, precisando que la petición no estaría sujeta a más formalidad que a la solicitud por escrito y a la identificación del requirente.

Derivado de lo anterior, es como en el año 2003 arrancó la operación del entonces IFAI, ceñido exclusivamente a vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo Federal, y de sus más de 250 instituciones públicas.

No fue sino hasta la reforma constitucional de 2014, cuando se transformó al “órgano garante federal” en uno con dimensiones nacionales, pasando de 250 instituciones “sujetos obligados” a 862, ya que se incluyeron las instituciones de los tres poderes federales, los organismos constitucionales autónomos de la federación, los partidos políticos y los sindicatos nacionales, situación por demás alentadora hablando en materia de transparencia.

Es así como el INAI es la referencia institucionalizada evolutiva de cuatro décadas de discusión y acuerdos políticos en torno a un conjunto de transformaciones jurídicas, normas y procedimientos y creaciones institucionales.

El autor es comisionado presidente INAI.

Twitter: @f_javier_acuna

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