Opinión

El Sistema microbancos rurales y la vivienda rural

 
1
 

 

[Bloomberg] Conavi asegura que no habrá sorpresas en nuevas reglas para industria. 

Vincular las políticas sociales y las microfinanzas en México es una experiencia que esta mostrando resultados efectivos, mayor participación y coresponsabilidad de los beneficiarios, mayor impacto y calidad de los programas públicos y llegar donde nadie había llegado nunca: la base de la pirámide, población indígena y mujeres.

Tal es el caso de la Sociedad Financiera Comunitaria SMB-RURAL, la cual ha expandido el crédito para la construcción social de vivienda en 16 microbanco que han atendido 272 comunidades de 72 municipios marginados en Chiapas, Oaxaca, Puebla e Hidalgo. Conjuntando, el ahorro de mujeres indígenas promovido en el programa PATMIR (BANSEFI) con los subsidios que aporta la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y la asistencia técnica de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social (AMUCSS), reconocida como Organismo Ejecutor de Obras por CONAVI.

A diferencia de programas asistencialistas que subsidian el 100% de la vivienda, esta innovadora política de “Producción Social de Vivienda Asistida”, reconoce el esfuerzo de los beneficiarios que aportan el 60% de los recursos a invertir (5% en ahorro monetario + 55% vía crédito), aportando 40% en forma de subsidio; pero todo el programa debe contar obligatoriamente con Asistencia Técnica y combinar con metodologías de organización que permiten la cohesión social y la autoproducción de vivienda, además de verificar y supervisar los procesos constructivos y operativos del programa federal.

Mediante este esquema tripartita de ahorro, crédito y subsidio con asistencia técnica, SMB-RURAL en 18 meses han ejecutado 4,127 acciones de vivienda, que implican un esfuerzo de 151.8 millones de pesos en inversiones de los cuales el 53% ha sido crédito, 42% subsidio y 5% ahorro de los beneficiarios. Mas allá de las cifras, el impacto en las familias beneficiarias es significativo: el 63% de las acciones se han dirigido a mujeres, de las que el 31% son jefas de familia y 76% de los participantes son población indígena. Cabe señalar que el 60% de los acreditados en este programa perciben ingresos menores a 2 veces salario mínimo y 20% entre tres y cuatro veces salario mínimo,
Con esto, las familias logran una vivienda de calidad, con techos, paredes y pisos firmes, ventanas y puertas de materiales resistentes, además de un diseño adecuado de espacios para reducir el hacinamiento, lo que tiene como consecuencia la confianza y autoafirmación de quienes las habitan.

Lo anterior es viable gracias a que la CONAVI ha hecho varios reconocimientos que logró traducir en política pública. En primer lugar, es importante que la autoridad haya reconocido la construcción social de vivienda progresiva en el medio rural. En segundo término, la posibilidad de tener producción social de vivienda, en donde los constructores son los propios beneficiarios -con apoyo técnico-, lo cual es muy importante para la apropiación del proyecto, valorar el esfuerzo, cumplir con los compromisos adquiridos y terminar en tiempo y forma sus proyectos de autoproducción. En tercer lugar, se abre la participación a las sociedades de ahorro y crédito popular (banca social) que tienen mayor presencia en el medio rural y con ello se detona el mercado de crédito a la vivienda en condiciones de plazo, tasa y monto adaptados, tal que es posible para las instituciones otorgarlo y para los beneficiarios pagarlo.

Finalmente, es una política en la cual se potencia el impacto de los subsidios al estar co-financiados por el crédito y el ahorro aportado.

Este programa sin lugar a dudas está combatiendo la pobreza en su dimensión patrimonial, además de generar múltiples impactos indirectos como la inclusión financiera, la cohesión social, la provisión de servicios a nivel local, la asignación transparente de subsidios o el cumplimiento de metas sociales y presupuestales, entre otros.

Definitivamente, la política social y las microfinanzas rurales hacen un buen equipo en el combate a la pobreza, por lo que se insiste en hacer un viraje de la política social y de la forma en la que se aplican los subsidios, hacia esquemas de incentivos a la participación de organizaciones sociales, intermediarios financieros y el sector público, de tal manera que exista una real redistribución de la riqueza con una verdadera comunicación hacendaria entre ingreso y gasto público.

También te puede interesar:

Eco de la Montaña: bancarización de remesas y desarrollo económico

CENTÉOTL: Un modelo de organización social y económica para el campo

CAPRECO: una historia exitosa de servicios financieros rurales y políticas públicas efectivas