Opinión

El sexenio marcado

Lamentablemente para la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el caso de Iguala será lo que fue, en su momento, Aguas Blancas para Ernesto Zedillo o las fosas de San Fernando para Felipe Calderón.
O, toda proporción guardada, el 2 de octubre para Luis Echeverría.

La desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa –y su eventual ejecución–, marcó ya no sólo la política de combate a la delincuencia organizada, sino a la Administración en su conjunto.

El gobierno de Peña ha sido duramente exigido por la Organización de Estados Americanos (OEA), por el gobierno de Estados Unidos y ayer por Human Rights Watch (HRW) para que se esclarezcan los hechos de la manera más transparente y lleve ante la justicia a los responsables.

El director ejecutivo de la División de las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, envió una carta al secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, en la que cuestiona no sólo los hechos de Iguala sino las acciones del gobierno para localizar a los más de 22 mil desaparecidos oficialmente reconocidos por el gobierno mexicano.

“Hay desidia y negligencia del gobierno actual y creo que eso queda en evidencia a pesar de los anuncios, las promesas y los discursos”, afirmó el funcionario en una rueda de prensa en la que hizo pública la carta enviada a Osorio.

“Hay una enorme improvisación, los derechos humanos son un tema secundario y sólo se reacciona frente a escándalos mayores cuando la opinión pública exige respuestas, cuando los medios provocan”, remarcó.

Miguel Vivanco dijo que, incluso, no se había visto en México un caso de violación a los derechos humanos tan grave desde el 2 de octubre de 1968.

El gobierno de Peña ya encaraba un cuestionamiento internacional por el presunto ajusticiamiento de 22 probables delincuentes en el municipio mexiquense de Tlatlaya.

La investigación llevaba sus avances –tres militares serían juzgados por esos homicidios–, cuando estalló el caso de Iguala y lo desplazó de los medios.

El costo político de ambos, sin embargo, lo ha cargado la administración federal, marcada ya por Iguala y Tlatlaya.

Y si bien Peña enfrenta una crisis de sangre como la que padecieron sus antecesores, también enfrenta la oportunidad histórica no de sobrellevarla, sino de solucionarla.

Para ello tendrá que detener a los responsables, sin dejar lugar a dudas, sean funcionarios públicos o no, de cualquier partido y nivel.

Solo así.

* * * *
Un grupo de alrededor de mil 200 manifestantes, encabezados por el presidente municipal de Ixmiquilpan, Hidalgo, Cipriano Charres Pedraza, vandalizaron un edificio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el martes pasado.

Este sujeto, de extracción panista, ha hecho de la protesta un negocio; y si no que le pregunten a Xóchitl Gálvez, quien los cobijó en su momento hasta que luego la desconocieron.

Charres Pedraza tiene el negocio completo: es presidente municipal, su hermano Vicente tiene una constructora y su otro hermano, Pascual, es dirigente de la asociación “Sión’’, que se dedica ¿a qué cree usted?
Adivinó, a gestionar obra pública “para el municipio’’.

Las conclusiones son de usted.

* * * *
El que no se anduvo por las ramas fue Simón Neumann Ladenzon, secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Gobierno del Distrito Federal, quien ayer advirtió que no hará planeación a la carta, ni tolerará discrecionalidades en las reglas para construcción de vivienda en la capital.

A cambio ofreció certeza jurídica, pero sobre todo, seguir caminando con los grupos sociales y buscar la inclusión social en una ciudad que crece rápidamente.

A ver.

Twitter: @adriantrejo