Opinión

El sexenio en 27 días

En 27 días, del sábado en que se supo sobre los hechos excepcionales en Iguala al jueves en que el gobernador de Guerrero anunció que dejaba el cargo, el modelo de gestión política del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se colapsó. La gobernación entró en la contradicción que la persigue desde que inició el sexenio y enseñó que el diseño sobre el que se construyó, fracasó. El símbolo de lo rebasado es la forma como el presidente tuvo que hablar todos los días, desgastarse y ser el objeto central de las críticas del mundo, porque sus amortiguadores políticos se paralizaron. Este desmoronamiento del fracaso del modelo de gestión tiene su ruta crítica:

1. La primera valoración sobre lo sucedido en Iguala fue reduccionista al soslayar que policías municipales habían atacado a decenas de normalistas de Ayotzinapa, y desaparecido a 43, en coordinación con criminales. El yerro de juicio que se puede presumir fue de la asesoría política en la presidencia tripartita con la que opera Peña Nieto, del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el jefe de Oficina, Aurelio Nuño, que lo hizo declarar que esos hechos eran responsabilidad de los guerrerenses. El tercer pie de ese modelo es el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, a quien erróneamente se identificó en este espacio como responsable de Guerrero, tarea de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles.

2. El segundo error de valoración fue no entender que la desaparición forzada de personas, sin importar que fueran normalistas o criminales, significa una violación de derechos humanos que puede llevar a la constitución de un crimen de lesa humanidad. Al documentarse que habían participado policías, era cuestión de horas en que se movilizaran organizaciones defensoras de los derechos humanos en el mundo. La paralización del gobierno peñista en este tema detonó la crítica internacional. La difusión en la prensa extranjera de cómo actuaron gobiernos y policías como criminales, cuestionó la eficacia de la estrategia de seguridad del gobierno federal, y puso en entredicho el Estado de derecho.

3. Estos dos errores quedaron perfectamente dibujados cuando escasas 72 horas después de que se conocieran los hechos en Iguala, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, le pidió al gobernador Ángel Heladio Aguirre que tuviera mucho cuidado para que el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, no se escapara. Aguirre dijo que lo tenía todo controlado. Abarca –coautor intelectual del crimen– se escapó, y el fiscal de Guerrero justificó que no podían hacer nada contra él porque tenía fuero. Aunque es hoy retórico, se puede plantear que de haberse tenido vigilado a Abarca para que no escapara, toda esta crisis se hubiera evitado y, por supuesto, jamás habría alcanzado el corazón de la presidencia peñista.

4. La consecuencia directa de la mala gestión política fue que el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU pidiera competencia al gobierno federal para que su comité contra desapariciones forzadas pueda trabajar en México, lo que sugiere incredulidad en las instituciones mexicanas, y que empezaran a llegar notificaciones alarmantes de inversionistas, particularmente en el sector energético, que expresaban dudas sobre inyectar capital en un país sin leyes.

5. Los hechos en Iguala fueron consecuencia de varios factores. Uno fue la política de repliegue de la estrategia de seguridad planteada por Osorio Chong, que hace tiempo mostró su fracaso, pero que en el caso de la Tierra Caliente guerrerense, donde existe la sospecha que hay 12 municipios controlados por el crimen, lo único que promovió inopinadamente fue el fortalecimiento de bandas delincuenciales. El segundo tiene que ver con la inteligencia. El Cisen, que depende de la Secretaría de Gobernación, produjo información mediocre, resultado del desmantelamiento de las plataformas tecnológicas que tenía y la mala calidad en el análisis final, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, que tiene un batallón de Infantería en Iguala, no produjo las alertas a la ciudad de México sobre lo que sucedía en la región.
Finalmente fue la desatención de la PGR a las denuncias sobre la participación directa de Abarca en crímenes políticos en Iguala y, sobre todo –lo que está en el centro de las críticas del mundo–, su escasa construcción jurídica y legal hacia un país de leyes.

6. Iguala catalizó diversas fuerzas sociales. La principal, que está articulando la protesta social, es la disidencia magisterial, a través de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación que, apoyada por la Sección 22 de Oaxaca, tiene tomado casi el 30 por ciento de los municipios del estado. La disidencia magisterial es un monstruo creado por la Secretaría de Gobernación, a la que le dio dinero, plazas y canonjías en Oaxaca, Guerrero y Michoacán, mientras que promovió su presencia en más de 23 estados del país, cuando sólo la tenía en cinco. Quien encabeza hoy la rebelión social contra el gobierno federal, es a la que el gobierno federal armó con dinero y poder.

Iguala aniquiló en 27 días el modelo de gestión de la gobernación del presidente Peña Nieto, enmarcado por aquellas palabras cuando dijo que era un tema que tenían que resolver exclusivamente los guerrerenses. Están a la vista los pocos alcances de su equipo cuando esto empezó, que lleva a pagar al presidente los costos políticos actuales, los económicos en el medio plazo y los históricos en el largo, del que la gestión vertical, cerrada y encapsulada, es la responsable.

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