Opinión

El seguro de desempleo

El seguro de desempleo fue uno de los principales logros del denominado estado de bienestar, luego de la terminación de los conflictos bélicos mundiales en la segunda mitad del siglo XX. Una gran cantidad de gobiernos instituyó esta prestación, aunque cuando hubo que revisar el marco institucional de algunas economías para hacerlas más eficientes, esta fue una de las prestaciones que se redujo al mínimo, o de plano se eliminó. Igualmente cuando las finanzas de otros estados de bienestar entraron en crisis, los pagos por seguro de desempleo fueron minimizados y en algunos lugares eliminados. Esta prestación es altamente redituable en términos políticos, ya que permite a las personas, especialmente a quienes son jefes de familia, hacer frente a una situación crítica y disponer de algunos recursos para no dejar de cumplir con sus aportaciones al mantenimiento de la familia. Esto no significa que el seguro de desempleo no tenga implicaciones, tanto desde el punto de vista teórico, como en la práctica.

Desde el punto de vista teórico se establece que el seguro de desempleo hace que la gente disminuya su interés por emplearse, y prefiere extender por el mayor tiempo posible el beneficio que recibe, implicando una reducción importante en el bienestar de sus familias.

Esto sucede al reducir drásticamente su gasto, principalmente el de inversión en capital humano, entendido éste como inversiones en educación, entrenamiento y capacitación, así como en cuidados de la salud, tanto propia, como de los miembros de la familia. Alargar el periodo de desempleo puede inducir una baja en la productividad de la economía, reduciendo la tasa de crecimiento del producto. Desde el punto de vista práctico, un seguro de desempleo mal financiado implica que el gobierno destine recursos para financiarlo, mismos que tienen un costo de oportunidad; esto es, son recursos que pueden utilizarse en otros programas de gasto, posiblemente con mayor rentabilidad social. Recordamos los episodios de las luchas políticas que libraron tanto Margaret Thatcher, como Ronald Reagan con diversos líderes obreros y partidos políticos para eliminar estos pagos o por lo menos reducirlos a un mínimo.

Muchos años después se ha anunciado en México la instauración de un seguro de desempleo, al cual no se le ven las implicaciones antes mencionadas. En primer término hay que decir que se trata del pago de un ingreso muy reducido, a un selecto universo de personas elegibles.

Quien proceda a solicitar el pago debe demostrar que estuvo trabajando, así como que percibió por lo menos 104 cotizaciones semanales. Esto significa que quien no es derechohabiente del sistema de seguridad social no es elegible para el seguro, lo que implica que casi el 60 por ciento de la población trabajadora no tendrá este derecho, por ser trabajadores informales. En segundo lugar el pago implicado es muy reducido y para realizarlo se hará con recursos disponibles en la cuenta de vivienda del trabajador, mismos que podrían ser compensados por el gobierno en caso de ser insuficientes, además de que el pago sólo será por seis meses y con montos decrecientes. Nada que temer ni por el lado del desincentivo para trabajar, ni por el lado del peligro para las finanzas públicas.

Utilizar los recursos de la cuenta de vivienda y en todo caso de la Afore del trabajador es otra forma de decir que desde que empieza a trabajar, el individuo está financiando su seguro de desempleo y para su retiro, lo cual no necesariamente hace que el mexicano entre dentro de los denominados estados de bienestar.

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