Opinión

El Rubicón de Peña Nieto

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El presidente Peña Nieto durante una visita a Guerrero. en octubre de 2013. (Archivo/Cuartoscuro)

Si el presidente Enrique Peña Nieto decide finalmente ponerse serio en Guerrero, el gobernador con licencia, Ángel Heladio Aguirre, va a terminar en la cárcel. En las últimas 72 horas la Policía Federal detuvo a nueve personas, todas ellas en su entorno íntimo, acusadas por un desvío de millones de pesos de recursos federales y enriquecimiento inexplicable, con lo que, para efectos prácticos, quebró su cacicazgo. La cadena de detenciones comenzó con su hermano, Carlos Mateo, y su primera etapa concluyó el miércoles con la del exsubsecretario de Finanzas, Víctor Ignacio Hughes.

Según la PGR, el exsubsecretario “podría ser la clave en la investigación por el uso de recursos de procedencia ilícita transferidos a cuentas personales de los detenidos”. La realidad es mucho más profunda que la pincelada trazada por la PGR. Hughes es una persona importante, pero no era la más relevante en la administración. Si él cayó, quienes tendrán que seguir como consecuencia natural por sus atribuciones y responsabilidades, son el exsecretario de Finanzas, Jorge Salgado, quien firmaba y autorizaba todos los documentos, y Enrique Aguirre, excoordinador de Proyectos Estratégicos del gobierno y sobrino del gobernador con licencia, quien se hacía cargo de los temas políticos. A través de ellos dos Aguirre respiraba y operaba en el estado, y todos en el gobierno les rendían cuentas.

Hughes no es la punta de la madeja, sino uno de sus hilos, y conduce a la relación que tenía Aguirre con esa familia de empresarios. Los Hughes son dueños de constructoras, restaurantes y antros, y financiaron parte de su campaña para gobernador. Aguirre los introdujo con políticos de vuelos federales cercanos a él. Uno es Federico Döring, coordinador del PAN en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, vinculado al líder del partido, Gustavo Madero, y el otro es Jesús Ortega, jefe político de Los Chuchos, la corriente que controla la dirección del PRD. Los dos frecuentaban las fiestas de la familia Hughes, aunque su principal relación era con Víctor Hughes hijo, apodado El Pantera, y a quien Aguirre, en una de sus últimas acciones como gobernador, le dio una notaría adscrita a la Costa Chica, que se iba a permutar a Acapulco.

Las detenciones en serie modifican por completo la geometría electoral en Guerrero. Aun sin que se hayan fincado responsabilidades penales a Aguirre, golpea irreversiblemente todo el andamiaje que había armado en el estado para las elecciones en verano. Un aspirante a la candidatura del PRD al gobierno, el senador Sofío Ramírez, es su incondicional; su hijo Ángel iba a ser candidato a la alcaldía de Acapulco; Jorge Salgado, el hijo del exsecretario de Finanzas, a la de Chilpancingo; y Óscar Díaz Bello, apoyado por él, en Iguala. El golpe que se llevan Döring y Ortega debilita sus opciones para gobernador. Obdulio Ávila, que fue presidente del PAN en el Distrito Federal, es la carta del legislador azul; Beatriz Mójica, exsubsecretaria de Desarrollo Social de Guerrero, la de Ortega.

El sacudimiento político no para ahí. La vulnerabilidad de Aguirre dejó en la orfandad al gobernador actual Rogelio Ortega, quien está totalmente subordinado a él, y a quien le daba instrucciones sobre qué hacer. También debilita al exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, quien lo llevó al PRD para hacerlo candidato a gobernador y apoyó con estructura política capitalina su campaña, y que tenía en Acapulco un santuario político proporcionado por Aguirre. Todo esto, para el gobernador con licencia, que había hecho de una oficina improvisada en la ciudad de México el altar de todo político con aspiraciones en Guerrero al cual debían ir a encomendarse, puede ser lo de menos. Acusaciones por peculado y malversación de fondos son una posibilidad en el horizonte.

Las investigaciones de la PGR se centran en el desvío de recursos federales, y una zona donde probablemente se van a enfocar es en los fondos de emergencia que son adjudicaciones directas. Las sospechas se enfocan en la sobrevaluación de las obras de reconstrucción por los destrozos del huracán Manuel en 2013. Por ejemplo, según fuentes de la industria, un puente de emergencia en Coyuca, que tenía un costo comercial de siete millones de dólares, tuvo un costo final de 60 millones.

Son varios los ángulos, implicaciones y consecuencias de la captura en el entorno de Aguirre, porque formaba parte de un proyecto político que comenzó a construir a partir de su relación con los entonces gobernadores Enrique Peña Nieto y Miguel Ángel Osorio Chong, como presidente de la Comisión de Presupuesto en la LIX Legislatura. Aguirre tenía un blindaje político, como se vio desde la crisis de los normalistas desaparecidos en septiembre pasado, y era un político intocable, hasta que esta semana lo tocaron.

Fue sorpresivo que el presidente Peña Nieto cruzara el Rubicón, y decidiera enfrentar todos los riesgos de lo que significa el fin de su relación con Aguirre, quien dejó de ser un activo y se convirtió en un lastre. Su entrañable amigo y cercano colaborador –aunque su casaca en los últimos años fuera perredista–, está en el umbral de ir a la cárcel. No hay otro destino por el tipo de capturas que la PGR está haciendo a todo su círculo más cercano, si la voluntad política de Peña Nieto radica en comenzar a limpiar la putrefacción en la que se encuentra Guerrero.

Twitter: @rivapa

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