Opinión

El retraso en la aprobación
de las reformas

El proceso de aprobación de las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones y de energía ha estado sufriendo retrasos por cuestiones políticas.

Dentro del primer periodo ordinario del Congreso el dictamen de las leyes de telecomunicaciones sufrió un revés al cuestionarse la limitación a la libre expresión de las ideas en internet, y la facultad del Estado de bloquear las comunicaciones por cuestiones de seguridad. Las leyes secundarias de energía no fueron presentadas por el Ejecutivo sino hasta el último día del periodo ordinario, que terminó el 30 de abril.
Los periodos extraordinarios originalmente planteados para junio se han venido retrasando. El proceso de aprobación de los dictámenes requiere de la aceptación por parte de los legisladores del PAN.

Este partido realizó su proceso electivo en mayo en donde se observó una fuerte división entre los “maderistas”, que quieren apoyar las reformas a cambio de que los gobiernos estatales aprueben en sus congresos locales las nuevas leyes acordes con el régimen electoral federal, mientras que los “calderonistas” cuestionan el aval del PAN a las reformas, sin tener nada a cambio. El proceso interno del PAN representó un retraso adicional. Al ganar Madero la contienda interna, y reelegirse, su posición respecto a la reforma electoral es inamovible. El problema es que los gobiernos estatales no están interesados en modificar su legislación electoral en el corto plazo.

Como consecuencia de estos retrasos, la inversión en el sector de telecomunicaciones esta parada. El IFT difirió la fecha para iniciar el proceso de la licitación de las cadenas nacionales de televisión abierta. Hace unos meses el gobierno aseguraba que las primeras licitaciones en el sector de hidrocarburos se realizarían en el último trimestre de 2014. Ahora se habla de lanzar las convocatorias para el primer trimestre de 2015.

Los panistas están en todo su derecho de exigir que los gobiernos de los estados fuercen a sus congresos a actualizar sus leyes electorales. Del otro lado, no hemos visto algún pronunciamiento público del Ejecutivo invitando a los gobiernos y a los congresos locales a apresurar la marcha en este asunto. Es imperativo que veamos periodos extraordinarios en donde estas leyes se aprueben en julio o a más tardar en agosto.

De lo contrario, si estas leyes pasan al periodo ordinario en donde debe de darse el Informe Presidencial, y luego vienen las comparecencias de los secretarios, y posteriormente se tiene que ver la Ley de Ingresos y la cuestión presupuestal para 2015, con todo esto, podríamos calcular que las leyes de estas reformas bien podrían irse para octubre o noviembre. El 2015 es año de elecciones intermedias. La atención de la clase política estará concentrada en los asuntos políticos.

¿Cuánto implica este retraso en términos de menor inversión, menor empleo, menor competitividad del aparato productivo, menor producción de nuestros recursos energéticos, menor recaudación? ¿Cuánto implica todo esto en términos de expectativas, de un mayor costo del dinero y del dólar? El costo es incalculable.

Pero, ¿cuál es la prisa? Si hoy la tasa de restitución de las reservas probadas de hidrocarburos es de 62 por ciento, si las importaciones de gasolinas ya representan cerca de 50 por ciento de nuestras necesidades, si estamos produciendo casi un millón de barriles menos que en 2004, si sigue escaseando el gas y lo tenemos que importar por barco como gas licuado a un precio cuatro veces superior al precio del gas natural en Estados Unidos, si 35 por ciento de los ingresos de todo el Estado proviene hoy en día de Pemex, si no contamos con suficientes gasoductos, si nuestras reservas probadas equivalen a 5.0 por cieno de las reservas probadas de Venezuela, si sigue dándose todos los días un incalculable robo de petróleo, gasolinas y energía eléctrica.
Si, realmente no hay prisa, creo que estamos exagerando.

El autor es director de Estrategia de Actinver.

Correo: eofarril@actinver.com.mx