Opinión

El presupuesto rural Base Cero 2016: ¿una apuesta seria por el campo o una simulación para mantener el estatus quo?

 
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El Auditorio Nacional abrió sus puertas a miles de campesinos. (Cuartoscuro/Archivo)

Hace un par de semanas, CONEVAL publicó las estadísticas de pobreza entre 2010 y 2014. Nada más desilusionante ver que entre 2012 y 2014 se incrementó el número de nuevos pobres en 2 millones de personas, pasando de 53.3 a 55.3 y que, no obstante la pobreza extrema se redujo en 1.6 millones de personas, éstas sólo pasaron a una categoría de pobreza moderada o pobreza a secas.

La pobreza rural también creció en 700 mil personas pasando de 16.7 a 17.0 millones de personas que vistas a través de la multidimensionalidad de las carencias prácticamente no mejoraron el bienestar. De las seis carencias sociales hubo mejoría en cuatro. La más significativa es la reducción de 3.5 millones de personas por acceso a salud, una mejora moderada en espacios para la vivienda y servicios básicos para vivienda, así como un ligero abatimiento de rezago educativo en 200 mil personas. Sin embargo, la carencia alimentaria se mantuvo igual en 8.9 millones de personas y la carencia por acceso a seguridad social se incrementó. Otro indicador que vale la pena señalar es la vulnerabilidad por ingresos rural, la cual se mantuvo sin cambios en 0.3 millones de personas.

El saldo neto es negativo porque entre 2012 y 2014, México no experimentó tambaleos por una crisis financiera mundial, por el contrario, se dieron sendas reformas estructurales e incrementos históricos al presupuesto federal, así como un mayor endeudamiento público para desarrollar grandes proyectos de infraestructura. Entonces lo angustiante es ¿qué ocurrirá ahora que México si enfrenta una crisis de ingresos importante derivada del desplome de los precios internacionales del petróleo, una menor producción de crudo y una exacerbada volatilidad financiera que en breve tendrá su impacto en tasas de interés y esto, ineludiblemente, afectará el nivel de precios?.

¿Qué va a pasar entonces con la pobreza para 2016?, ¿Es sostenible y aceptable para un país como México que desfila entre los países de la OCDE y que está catalogado como la 10ª economía del mundo? Si la respuesta es no, ¿por qué se permite el incremento en la pobreza y la vulnerabilidad a estos pasos agigantados?

La respuesta probablemente está por afirmar lo que desde hace dos décadas se ha exigido a las autoridades y es un cambio radical en las políticas públicas y la eliminación de sesgos y privilegios.

Particularmente se ha enfatizado que las políticas al campo que se enlistan en el Programa Especial Concurrente elimine de tajo las cuotas y prebendas en programas atomizados, que no mejoran las capacidades productivas, sino que mantienen clientes perennes.

Asimismo se ha planteado la urgencia de tener una asignación territorial de los subsidios a la comercialización, al ingreso objetivo y al aseguramiento agrícola hacia las regiones de pequeña y mediana agricultura para que cuenten con capacidad de acceso a mercados y puedan competir a nivel local y regional, incrementando la oferta local de alimentos, regresando a una balanza alimentaria positiva y contener la volatilidad de precios de alimentos que va y viene y llegó para quedarse desde 2008.

Se ha luchado porque exista un programa de asistencia técnico-productiva y de acceso a mercado para la producción de alimentos en agricultura familiar, que favorezcan el empleo y la generación de ingreso, la resiliencia al cambio climático y dé seguridad alimentaria y laboral, principalmente vinculados a compras gubernamentales para el abasto de escuelas, hospitales, albergues, entre otras opciones.

Durante más de una década se ha exigido la existencia de una política de inclusión financiera que apoye la creación de instituciones de base por ser las que mejor canalizan el crédito al pequeño productor, apoyados por subsidios dirigidos para reducir riesgo y elevar productividad. Así como también alinear la política ambiental para darle valor económico a bosques, selvas y biodiversidad como medio de vida para las comunidades más pobres e indígenas de México, sin seguir degradando el capital natural del país.

Se ha pedido desde hace más de dos años a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público un Presupuesto Base Cero para el campo, en el que efectivamente se dé una planeación con base en estadísticas de pobreza y distribución del ingreso rural para revertir la tendencia.

Asimismo se han propuesto programas concretos para el apoyo a organizaciones campesinas y agrarias basados en metas de producción e impactos en ingreso y bienestar para evitar que la competencia por recursos sea un asunto político y trasladarlo al ámbito de la política pública.

En 2016, el presupuesto reducido es un golpe impuesto por la realidad más que un ejercicio intelectual, pero todavía sigue siendo un intento taimado y difuso, para aligerar la carga burocrática, pero estructuralmente permanece la visión obnubilada que mantiene, por un lado, una estructura clientelar en programas productivos que no están basados en un enfoque territorial de desarrollo sustentable, y, por otro lado, deja intocables los grandes apoyos a la comercialización y Procampo que se otorgan a un puñado de productores, lo que ha representado un altísimo costo de oportunidad en términos de no desarrollar al otro 75.5% de productores con menos de diez hectáreas.

Por ello insistimos: si el Presupuesto Base Cero es una apuesta seria por ser eficientes y representar dignamente la 10ª economía del mundo o una nueva simulación para hacer como que hacemos, cuando en realidad no estamos haciendo nada.

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