Opinión

¿El precio de la paz en Colombia es la impunidad?

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El negciador Humberto de La Calle, e Iván Márquez, de las FARC. (Reuters)

El próximo 23 de marzo se cumple el plazo para que el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmen un acuerdo de paz definitivo. Aunque las negociaciones seguirán después de esa fecha, es una magnífica noticia, alentadora para nuestra región. Con más de 60 años, el conflicto armado en Colombia es el más longevo en el continente americano. Según datos del gobierno colombiano, entre 1958 y 2012 el conflicto ha causado: 218 mil 094 muertos (81 por ciento eran civiles), 27 mil 023 víctimas del secuestro y cinco millones 712 mil 502 víctimas de desplazamientos forzados.

En 2012, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunció el inicio de los diálogos de paz con las FARC; con Cuba y Noruega como países garantes y con Chile y Venezuela como países acompañantes. Al hacerlo, Santos apostó su capital político. En ese momento su poplarida pasó de 70 por ciento a 39 por ciento en 2015 (según las encuestas de Invamer Gallup) por la crisis económica y por las concesiones a los grupos guerrilleros.

La agenda de paz tiene seis temas de negociación: la política de desarrollo agrario integral, la participación política de la guerrilla, la solución al problema de las drogas ilícitas, la determinación de las víctimas del conflicto armado, el fin del conflicto (“la dejación de armas”) y la refrendación, la implementación y verificación de los acuerdos.

El proceso de paz ha avanzado en los primeros cuatro puntos, a pesar de las críticas de buena parte de la población y la oposición en el Congreso, que cuestionan a Santos por ceder demasiado. El asunto de mayor controversia es el acuerdo sobre “justicia transicional”, que suscribieron en septiembre de 2015, el presidente Santos y el líder de la guerrilla de las FARC-EP, Rodrigo Londoño Timochenko. Se trata de un conjunto de medidas judiciales y políticas ad hoc para atender las circunstancias excepcionales del conflicto. Para reforzar su confianza en el proceso, el gobierno colombiano garantizó a las FARC que no se extraditará a los guerrilleros y el presidente indultó a 30 exguerrilleros y liberó a 16 de ellos el mes pasado.

Otros avances han sido el anuncio, del Fondo Colombia en Paz, que reunirá el dinero de la cooperación internacional para fomentar el desarrollo rural durante el periodo posterior al conflicto y del establecimiento del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. Este sistema tiene como objetivo mayor justicia y rendición de cuentas posible sobre las infracciones a los derechos humanos, esclarecer la verdad del conflicto y construir la memoria histórica. Incluye la Jurisdicción Especial para la Paz, que se encargará de juzgar los crímenes cometidos durante el conflicto.

El presidente Santos ha tenido la sensibilidad y el tacto de colocar a las víctimas en el centro de la solución del conflicto. Sin embargo, los términos de los acuerdos dejan insatisfecha a la mayoría de los colombianos, sobre todo las víctimas, quienes se oponen a no enjuiciar a los máximos comandantes de las FARC y, al contrario, permitirles presentarse a cargos de elección popular. Organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional alertan de la posible impunidad. Incluso la Corte Penal Internacional ha señalado que sólo avalará el proceso de paz,en la medida en que se sancione a los responsables de crímenes de guerra.

Sobre el quinto punto de la agenda, el fin del conflicto, en enero de este año el gobierno y las FARC negociaron que después de que se firme el acuerdo final de paz, estas últimas comenzarán a deponer las armas. Para asegurarlo, se acordó un mecanismo de monitoreo y verificación del alto al fuego en el futuro. El equipo será tripartito y se conformará con representantes del gobierno, la guerrilla y una misión internacional seleccionada por la ONU (con expertos civiles de países latinoamericanos).

Sobre el sexto, la refrendación, la implementación y verificación de los acuerdos, el gobierno de Santos propone un plebiscito sobre los acuerdos de La Habana. Este plan cuenta con aprobación del Congreso y se pretende que sea válido con 13 por ciento del padrón electoral. Las FARC plantean en cambio una asamblea nacional constituyente.

Si bien hay una atmósfera de esperanza en Colombia pues por fin puede vislumbrar la paz en el horizonte, el costo aún no es claro, algunos opinan que es la impunidad. Terrible disyuntiva para el presidente Santos y la sociedad colombiana.


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@lourdesaranda

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