Opinión

El político y el fiscal general

 
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Raúl Cervantes Andrade. (Cuartoscuro)

En los días subsecuentes a su nombramiento como procurador general de la república, varias figuras públicas elogiaron a Raúl Cervantes Andrade. Apenas ayer se destacaba en la primera plana de un diario nacional que Cervantes “es visto, por propios y extraños, como un excelente abogado y hombre de acuerdos”. No me cabe duda, después de escuchar las opiniones de amigos y leer las reflexiones de especialistas, que el nuevo procurador goza de buena reputación y que es, en efecto, un abogado brillante y un negociador de primer nivel. En este caso, los elogios y las críticas (que también se han expresado) no son cuestión menor. No se trata de un procurador más, que saldrá después de algunos meses de desgaste, sino de quien podría convertirse, según lo determine la normatividad que habrá de aprobar el Congreso, en el primer titular de Fiscalía General de la República (FGR), con un periodo que se extendería hasta 2027.

Desafortunadamente, las virtudes que hacen a un buen litigante o un buen político son distintas a las que quisiéramos para un fiscal general.

La transformación que requiere el aparato de procuración de justicia es profunda. En el desplegado “Por una Fiscalía General de la República que sí sirva”, publicado el pasado 18 de octubre, se enfatiza con razón que en el diseño de la FGR se debe priorizar la creación de una institución que no herede los vicios de su antecesora. Asimismo, en el desplegado se esboza un camino para lograrlo: la “transición gradual” entre ambas instituciones. Dicha transición supone a grosso modo la construcción 'desde cero' de la FGR, como la institución responsable de las investigaciones que se inicien a partir de su fecha de creación; a la par, la PRG sobreviviría por el tiempo necesario para solventar las investigaciones abiertas antes de esa fecha.

En términos generales, pueden identificarse dos objetivos centrales en los que la FGR debería enfocarse. El primero, generar capacidades para investigar y recopilar evidencia. El segundo, actuar con independencia y neutralidad, lo que implica romper con prácticas y valores hondamente arraigados en el aparato de procuración de justicia (y en la relación de éste con la clase política). Raúl Cervantes no tiene el perfil idóneo para cumplir ninguno de los dos objetivos. En relación con el fortalecimiento institucional que la FGR necesitará, Cervantes no tiene ni credenciales académicas ni experiencia sustantiva en materia de procuración de justicia. Llega sin conocer de primera mano los vicios y las carencias con las que operan los ministerios públicos, y sin un plan para remediarlos. Su trayectoria contrasta con la de los fiscales de países que podríamos tomar como modelo, donde típicamente el fiscal general tiene amplia experiencia en el ámbito de procuración de justicia. Por ejemplo, Loretta Lynch, attorney general de Estados Unidos desde abril de 2015, fue nombrada después de 25 años de carrera como fiscal. Jorge Abbott, el fiscal nacional de Chile (el país con el sistema de procuración de justicia más consolidado en América Latina), también llegó al cargo después de una larga trayectoria al interior de la fiscalía.

Sin embargo, la principal deficiencia de Raúl Cervantes no es de carácter técnico, sino político. Para reformar la procuración de justicia hará falta, sobre todo, romper con hábitos que están bien arraigados en el sistema. Si de verdad queremos mejorar la procuración de justicia, el fiscal y su equipo tendrán que mantener su neutralidad, lo que implicará acostumbrarse a decir 'no' a las continuas solicitudes de trato especial; y permanecer firmes cuando los gobernadores, los empresarios y hasta los intereses criminales los exhorten a “bajarle de huevos”.

Evidentemente, entre menos compromisos políticos cargue el fiscal, mejor posicionado estará para mantener esta neutralidad. Es ahí donde la figura de Raúl Cervantes no resulta convincente, por más brillante y conciliador que sea. Cervantes no sólo tiene una añeja militancia en el PRI, también ha sido el abogado de dicho partido en litigios de la mayor relevancia (incluyendo el caso Monex), y ha hecho fortuna como abogado de empresas de sectores regulados, incluyendo autotransporte, aviación y energía.

La reforma del sistema de procuración de justicia es una tarea cardinal para el Estado mexicano. Sin una FGR moderna, eficaz, imparcial y confiable, será mucho más difícil avanzar en la profesionalización de las fiscalías en los estados y en el desarrollo de mejores políticas de combate a la corrupción y a la delincuencia. Es responsabilidad de nuestros legisladores formular un marco legal que propicie que la FGR no herede los vicios de la PGR y que no implique que Raúl Cervantes se convierta de forma automática en el primer fiscal general del país.

Por supuesto, no podemos ignorar que el nombramiento exprés de Cervantes revela un profundo temor de sectores amplios de la clase política (no sólo del PRI, sino también del PAN y del PRD, que apoyaron el nombramiento): que una FGR completamente independiente se convierta en instrumento para una eventual cacería de brujas.

Apaciguar este temor, sin comprometer la reforma del sistema de procuración de justicia, es un desafío político que sí demandará de grandes negociadores.

Twitter: @laloguerrero

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