Opinión

El ocaso de los capos

       
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Gendarmería Nacional

En una columna publicada en este espacio hace dos semanas mencionaba que el panorama de inseguridad y violencia ha alcanzado un nuevo momento crítico, y que para atender los desafíos actuales es urgente un viraje en la política de seguridad nacional –es decir, la de los tres órdenes de gobierno.

En primera instancia, es necesario reconsiderar los objetivos de los operativos que las fuerzas federales coordinan en varios estados. En este sexenio ya fueron desarticuladas dos de las organizaciones que suponían una mayor amenaza hacia fines del gobierno de Felipe Calderón: Los Zetas y Los Caballeros Templarios. Sin embargo, la violencia sigue creciendo porque los actores que hoy en día la generan son de naturaleza distinta. El gran desafío de seguridad para el Estado mexicano en 2017 no es el Cártel Jalisco Nueva Generación, ni ninguna de las facciones del Cártel del Pacífico, sino una multiplicidad de organizaciones relativamente pequeñas. Dichas organizaciones obtienen sus ingresos primordialmente de actividades ilícitas en el ámbito doméstico, no del tráfico trasnacional de drogas. Por lo mismo, sus redes de negocio y sus liderazgos se pueden sustituir de forma rápida, lo que implica que no tiene mucho sentido enfocarse en llevar a cabo capturas de alto nivel.

La única forma de contener a las pequeñas organizaciones que actualmente generan la mayor parte de la violencia y la inseguridad es por medio de estrategias para combatir cada una de las principales actividades delictivas que las alimentan. En este sentido, el robo de combustible bien ameritaría convertirse en una nueva prioridad nacional. Dicho delito ha crecido exponencialmente en los últimos años (en 2015 Pemex reportó más de cinco mil tomas clandestinas, mientras que una década atrás, en 2005, se reportaron sólo 132), y se estima que el mercado ilícito de combustibles en nuestro país tiene un valor del orden de 30 mil millones de pesos. No es casual entonces que en los últimos años la violencia haya crecido de forma más acelerada precisamente en los estados donde se concentran las tomas clandestinas, como Puebla, en la medida en la que células de mayor peligrosidad buscan apropiarse de este lucrativo negocio.

Además de reorientar los operativos federales hacia organizaciones y actividades criminales distintas, es necesario insistir en la profesionalización de las policías estatales y municipales, que son el grueso de la fuerza pública del país. En este aspecto partimos de una experiencia de fracaso. Los compromisos en materia de profesionalización policial existen por lo menos desde agosto de 2008, cuando se firmó el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. También ha habido un importante esfuerzo presupuestal en la materia. Sin embargo, más allá del plano retórico, la realidad es que los gobernadores y los alcaldes saben que no les conviene entrarle al tema. La reforma constitucional conocida como Mando Mixto puede ser un instrumento para plantear un nuevo modelo, que imponga mayor responsabilidad. Lo fundamental en este sentido es contar con una instancia con dientes y con un mandato inequívoco, que no reciba presiones ni se amilane a la hora de torcerle el brazo a las autoridades que no den resultados.

Finalmente, queda el tema de la prevención social. Un concepto que frecuentemente se invoca y se abusa al hablar de política de seguridad. Es indudable que la delincuencia –común y organizada– surge primordialmente como resultado de las carencias materiales y de la falta de oportunidades de sectores todavía muy amplios de la población. Sin embargo, la solución de la actual crisis de violencia no puede esperar a que superemos los grandes rezagos sociales del país (una labor que nos llevará como mínimo una generación).

Por ello, la prevención social de la violencia no debe replicar de forma indiscriminada los mismos objetivos de las políticas sociales más comprensivas. Esto fue lo que ocurrió con el ahora extinto Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que en sus bases contemplaba objetivos tan dispersos como “promover la participación de las y los jóvenes como agentes de transformación social”, o la “implementación de estrategias para el desarrollo de proyectos socio-productivos”.

Por el contrario, para tener un impacto discernible, una política de prevención social se debería acotar de forma muy estrecha al aspecto más grave de la actual crisis: la violencia del crimen organizado, y en particular el reclutamiento criminal que permite perpetuar esta violencia. Éste es un fenómeno que se concentra de forma muy marcada en algunas entidades federativas, y dentro de éstas sólo en ciertas localidades y grupos etarios (por ejemplo, ahí donde operan pandillas juveniles que ya tienen alguna vinculación con el crimen organizado).

Debemos reconocer que la delincuencia cambió. Los grandes capos del narcotráfico, con sus ejércitos de sicarios, sus reyertas y su estilo de vida extravagante, seguirán existiendo. Sin embargo, tendrán un papel menos protagónico en relación con criminales más modestos, pero que en conjunto ya son mucho más dañinos. El nuevo panorama implica que, si queremos evitar que los años venideros queden como los más violentos de nuestra historia, debemos contemplar cambios en la estrategia de las fuerzas federales (en particular, impulsar acciones para combatir delitos en ascenso, como el robo de combustible); replantear las acciones de fortalecimiento institucional (tomando como base que la profesionalización de las policías ya se intentó, y que se fracasó porque a los gobernadores les conviene sacarle la vuelta al tema), y poner en práctica mecanismos de prevención social que atiendan de forma prioritaria a los jóvenes que corren el mayor riesgo de ser reclutados por el crimen organizado.

Twitter: @laloguerrero

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