Opinión

El nuevo equilibrio de poderes

 

El principio de división de poderes planteado por Montesquieu en el año de 1748 en la obra titulada “Del espíritu de las Leyes”, contextualizado para un régimen monárquico, establece que para que no se pueda abusar del poder, “es preciso que por disposición de las cosas, el poder frene al poder; dar un contrapeso a cada uno de ellos para que puedan resistir al otro”.

En México, en el Acta Constitutiva de la Federación del 31 de enero de 1824 se estableció que "El supremo poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en legislativo, ejecutivo y judicial", prohibiendo que se unieran en una sola "corporación o persona".

Por otro lado, desde su nacimiento como nación a la vida independiente y con el devenir de nuestra historia, México ha tenido un sistema presidencial establecido en la Constitución de 1824, la de 1857 y por supuesto en la de 1917.

Si bien entonces la Constitución Política planteaba una clara separación de poderes, el titular del Poder Ejecutivo ejercía un espacio de poder que rebasaba el entramado legal. Facultades que Jorge Carpizo denominaba meta-constitucionales, formaban parte del contexto político e incluso cultural de nuestro país, y entre ellas se encontraba el ejercer un poder ascendente sobre los otros poderes.

Sin embargo, el desarrollo político de México, a través de un proceso de liberalización política, generó una nueva realidad política. El régimen de partido hegemónico con mayoría en el Congreso dio paso a una competencia multipartidista, de gobiernos divididos, de alternancia y de mayor vigilancia por parte de la ciudadanía.

El fenómeno de gobiernos divididos incluso llegó a manifestarse como una parálisis legislativa (1997-2012), sin embargo, la reforma político-electoral publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 10 de febrero, establece mecanismos que garanticen gobernabilidad a través de la posibilidad de optar por gobiernos de coalición, pero además, el sistema de pesos y contrapesos genera mayor corresponsabilidad y cooperación entre poderes.

Le otorga facultades a la Cámara de Diputados para ratificar al Secretario de Hacienda, y funcionarios superiores del ramo, y al Senado de la República para el caso del Secretario de Relaciones Exteriores (en caso de no optar por un gobierno de coalición).

Aunado a lo anterior, el Senado de la República deberá aprobar el primer año de gobierno la Estrategia Nacional de Seguridad Pública presentada por el Titular del Poder Ejecutivo y la H. Cámara de Diputados, el Plan Nacional de Desarrollo.

Sin duda, la reforma política no modifica nuestro régimen presidencial, pero fortalece al Poder Legislativo, avances significativos en términos democráticos; México sigue en transformación, porque ahora hay una nueva forma de equilibrio de los poderes del Estado, con un basamento más democrático.

Secretario de Acción Electoral del CEN del PRI.