Opinión

El laberinto de la seguridad

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial celebran hoy su tradicional comida de fin de año, que preside Gerardo Gutiérrez Candiani, con el presidente de la República Enrique Peña Nieto.

Uno de los planteamientos que seguramente escuchará nuevamente el primer mandatario será el de la necesidad de aplicar la ley y sancionar a quienes han usado como cobertura las movilizaciones solidarias con los padres de los normalistas desparecidos de Ayotzinapa, para vandalizar, tanto edificios públicos como recientemente comercios, bancos y demás instalaciones del sector privado.

Se dejan escuchar cada vez con más frecuencia preocupaciones del empresariado respecto al mensaje que se envía a la sociedad si se es permisivo con el vandalismo, que se capta como una especie de carta de legitimidad de la impunidad.

Hay dos respuestas que los funcionarios públicos federales tienen respecto a este reclamo.

La primera tiene que ver con los ámbitos de competencia de las autoridades, ya que en diversos casos la primera respuesta debe provenir de los gobiernos locales. Y hay otros, como el de Guerrero, donde el gobierno estatal de Rogelio Ortega de plano ha querido evitar cualquier tipo de enfrentamiento con los maestros de la CETEG, que son los que han encabezado el vandalismo en la entidad.

La segunda es de orden político. La aplicación de la ley, en casos de flagrancia, implica el uso de la fuerza. Y las escasas calificaciones de la mayoría de las fuerzas públicas convierten a la acción policiaca en represión. Por ejemplo, no se ha mostrado conocimiento de protocolos para inmovilizar a quienes se ponen violentos en las manifestaciones y muchas veces hay el choque y el toletazo. La acción policiaca, cuando es ineficaz e imprecisa, a veces lo que hace es encender más los ánimos y dar banderas adicionales a los violentos. Por eso, en ocasiones se usa sólo como extremo y no como regla.

El problema es que al ciudadano de a pie, que es el que le está haciendo saber sus reclamos a la cúpula empresarial, no le interesa de quién sea específicamente la responsabilidad, si del gobierno municipal, estatal o federal. El tema es que no ve garantías a sus bienes o incluso a su integridad física.

Los grupos de vándalos, aunque no se denominen marxistas, actúan bajo la misma lógica de una vieja visión comunista que pretendía “agudizar las contradicciones”, es decir, tratar de provocar una reacción violenta del Estado que aliente a otros a sumarse a las protestas violentas, hasta conseguir lo que a veces se denominaba “huelga de masas”, es decir, un virtual movimiento insurreccional.

Aunque pareciera asunto de otros tiempos, esa visión subyace entre algunos grupos de jóvenes radicalizados.

Así que estamos atrapados entre la prudencia política que quiere evitar que se avive el fuego, la necesidad de no dejar sin castigo los delitos asociados al vandalismo, y la elusión de autoridades locales que no quieren sufrir el desgaste de aplicar la ley si ésta implica uso de la fuerza.

Ojalá se encuentre una salida a este laberinto.

Twitter: @E_Q_