Opinión

El insólito caso de Arturo Escobar y Vega

 
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Arturo Escobar, subsecretario de Prevención del Delito de la Segob. (Archivo/Cuartoscuro)

En 2009, a través de diversos medios de comunicación, supimos que en el Aeropuerto de Chiapa de Corzo, Arturo Escobar y Vega, senador de la República y dirigente del Partido Verde Ecologista, y el empresario Fernando Castellanos fueron detenidos por no haber notificado la portación en efectivo de un millón 100 mil pesos contenidos en una valija de la prestigiosa marca Louis Vouitton. ¿Existe el delito de llevar consigo una cantidad de dinero que rebase algún límite o esta norma puede alcanzar la categoría de recursos mal habidos? No lo sé. Pero el caso llegó no nada más a las páginas políticas sino también a las llamadas páginas rojas, la de los asesinatos, robos, secuestros y otros pecados mortales. El caso es que don Arturo Escobar y Vega finalmente y después de crudos alegatos, aceptó que el equipaje de lujo sí era suyo pero no el dinero y señaló como responsable de la filtración de esa información al Partido de la Revolución Democrática como parte de una guerra sucia.

En entrevista radiofónica trazó un horizonte que él llamó, estricto: el dinero no era de él sino del empresario que lo acompañaba. ¿De quién era la lujosa maleta; a manos de quién fue a parar? Eso quedó en el limbo. Lo cierto es que en las más recientes elecciones en las que participó el Verde Ecologista, fue multado una y otra y otra vez por cometer irregularidades y faltas a las normas electorales hasta llegar a una acumulación de más de 500 millones de pesos.

El consejero electoral Ciro Murayama recordó que los partidos de la Revolución Democrática y Morena presentaron quejas contra el Partido Verde por haberse beneficiado de la campaña en radio y televisión que desplegaron sus legisladores del 18 de septiembre de 2014 hasta febrero de 2015. “Es claro lo que ocurrió: el PVEM tomó dinero de los grupos parlamentarios, recursos de origen público destinados al buen funcionamiento del Poder Legislativo, para sumarlos, contraviniendo la Ley al Financiamiento Público Partidista que legalmente correspondía”, anotó al argumentar su voto a favor de las multas. El consejero Arturo Sánchez como los representantes del PRD (Pablo Gómez) y de Morena (Horacio Duarte) fueron particularmente severos al reclamar diferentes irregularidades sobre la falta de valores éticos de los dirigentes de ese partido por la constante violación durante ocho meses, al mismo tiempo que lanzaron acusaciones al INE de ser una autoridad omisa que permitió la violación de la ley electoral y también de la Constitución.

Hasta ese momento, la participación de don Arturo Escobar y Vega consistió en defender a su partido en el buen número de faltas en el terreno electoral. La sorpresa llegó el pasado 9 de septiembre cuando el secretario de Gobernación dio a conocer dos nuevos nombramientos: Humberto Roque Villanueva, dueño absoluto de la roqueseñal, como subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos, y la de Arturo Escobar y Vega, exvocero del Partido Verde como subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana, encargado de “fomentar el desarrollo político y promover la activa participación de los ciudadanos”.

Resultaban incomprensibles los dos nombramientos, el de Roque porque su sola presencia recordaba inevitablemente un pasado del PRI que nadie quería volver a tenerlo presente y en el de Escobar y Vega porque eso lleva a preguntarse, qué compromisos se tejieron con uno de los principales dirigentes de un partido colgado al cuello del tricolor.

¿Subsecretario en Gobernación?

Pues bien, hace un par de días, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) dependiente de la PGR, solicitó a un juez girar orden de aprehensión contra el exdirigente del Partido Verde. De acuerdo con esa institución fiscalizadora, tras seis meses de investigación se concluyó que el político transgredió la ley electoral al entregar indebidamente 10 mil tarjetas Premia Platino con la pretensión de obtener votos. Aquí estamos en presencia de un doble caso insólito: primero, otorgar un cargo en una secretaría toral a un dirigente con dudosa reputación de un partido diferente al partido en el poder y segundo, decir a la opinión pública que aunque se tenga una posición de fuerza y poder, nadie está exento de cumplir la ley. No, no estamos acostumbrados a eso; nuestra historia está repleta y hasta desbordada en casos de impunidad.

¿Va en serio la acusación y con ello las acciones justicieras correspondientes o es un flamazo de rápido consumo y desaparición posterior?

Twitter:@RaulCremoux

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