Opinión

El INAI y el “salario mínimo” (indicador económico y promesa social)

 
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Coordenadas: Crecimiento en los salarios contractuales

A Roberto Gil Zuarth y a Jesús Zambrano e integrantes de las mesas directivas del Senado y la Cámara de Diputados por los frutos en la legislación de transparencia, acceso a la información pública y protección de la privacidad.

Máxima conquista de la Revolución Mexicana, el “salario mínimo”, sigue siendo núcleo de controversia. Al INAI le corresponde intervenir al respecto, sólo cuando existen motivos en aras de garantizar el acceso a la información sobre la trama institucional de configuración del “salario mínimo”, sobre el trámite oficial que explica el “salario mínimo” como construcción pública.

Indudablemente, el “salario mínimo” es un arreglo político dentro del contexto democrático (sin juzgar si su estimación es justa y menos equitativa), y, al volverse oficial es un factor de estabilización, como los precios de los bienes en el mercado una vez reconocidos o autorizados funcionan y generan efectos positivos y negativos en favor o en contra de quienes producen o consumen esos bienes o servicios que el mercado global reclama.

El “salario mínimo” para unos es un trofeo laboral de carácter colectivo, para otros, un remedio social individualmente urgente, pero para los que lo perciben efectivamente; ¿un consuelo provisional? Acaso un alivio momentáneo que se evapora súbitamente, porque se diluye frente a otras decisiones políticas y económicas que lo anulan como paliativo social, pienso en la inflación y los efectos perniciosos de la economía informal, etcétera.

Con la promulgación de la Constitución se reconoció el concepto jurídico indeterminado de “salario mínimo”, bajo el principio que debería ser suficiente: “…para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos, considerándolo como jefe de familia…”

A principios de la década de los años sesenta (del Siglo XX), se creó la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) y su principal función cual órgano tripartito es llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales. Se trata de una de esas instituciones mexicanas nacidas bajo la égida de una conciencia cívica posrevolucionaria, instancias imaginadas para resolver necesidades sociales porque las integran formalmente representantes de los sectores sociales directamente involucrados.

Recientemente, el INAI ordenó a la Conasami buscar y dar a conocer el informe, estudio, investigación o documento, que servirá de sustento para fijar el salario mínimo en el ejercicio fiscal del próximo año (2017).

En el análisis del caso, se advirtió que el objetivo fundamental de la dependencia es la fijación de los salarios mínimos vigentes en la República Mexicana, asegurando congruencia entre lo que establece la Constitución y las condiciones económicas y sociales del país; se comprobó también que, de acuerdo con la normatividad aplicable, la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, no está obligada a generar proyecciones sobre los salarios mínimos de años posteriores; sin embargo, tiene la facultad de emitir informes que servirán de sustento para definir el salario que regirá el año próximo.

Derivado de lo anterior, el Pleno del INAI modificó la respuesta de la Conasami y le instruyó hacer una búsqueda en todos los archivos del Centro de Documentación que pudieren contener cualquier informe, estudio, investigación o documento que sirva de sustento para fijar el salario mínimo para el próximo año 2017, y lo entregue al particular. Sin más, pero es un precedente importante para abrir el camino al escrutinio público de lo que es público.

Y ello nos lleva a otro problema urgente de resolver en el día a día de las instituciones todas: el deber de registrar las fases de cada negociación y eso exige la vigencia de la legislación de archivos complementaria con las de acceso a la información pública.

El acuerdo que corona la solución del “salario mínimo” para un periodo es el resumen de acuerdos progresivos del gobierno con los actores sociales involucrados, y revela las negociaciones, las discusiones de los agentes que inciden en la autorización de cada centavo que lo integra. Y esa travesía ha de quedar documentada de modo que se pueda examinar para fines públicos.

Indudablemente, la calidad de los argumentos, la idoneidad de los ofrecimientos y la pertinencia de los términos servirá para juzgar la misión de los que lo decidieron.

El autor es comisionado del INAI.

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