Opinión

El hartazgo militar

  
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ejercito méxicano. (curtoscuro)

Cada vez es más difícil ignorar el hartazgo militar. Ya van diez años de una guerra que en buena medida ha sido librada por las Fuerzas Armadas, y ocho años del Acuerdo Nacional por Seguridad, la Justicia y la Legalidad (el cual comprometía a todas las autoridades a profesionalizar las instituciones civiles de seguridad pública). Sin embargo, la guerra sigue con renovada virulencia y la profesionalización policial ha avanzado poco en contados estados y nada en la mayor parte del país.

En muchos lugares el Ejército sigue siendo la única protección frente a la barbarie criminal. Casi siempre sin una estrategia acertada y sin inteligencia suficiente, nuestros soldados salen todos los días a arriesgar la vida y a desempeñar funciones de seguridad pública para las que no fueron entrenados ni tienen un mandato legal claro. La emboscada ocurrida en Culiacán el pasado 30 de septiembre –donde cinco elementos de la Sedena perdieron la vida y diez más resultaron heridos– fue la gota que derramó el vaso.

La emboscada de Culiacán no sólo ejemplifica los riesgos a los que hacen frente nuestros soldados, también es ilustrativa de otra difícil circunstancia de la guerra contra el crimen organizado. Los soldados no sólo deben enfrentarse a las organizaciones criminales, también deben cuidarse de autoridades locales que frecuentemente están coludidas. Cuando ocurrió la agresión en Culiacán ninguna de las corporaciones policiales que tenían presencia en la zona acudió a auxiliarlos. Unos días después de los hechos, elementos de la Sedena catearon por sorpresa instalaciones de la Procuraduría General de Justicia de Sinaloa e incautaron equipos de comunicación.

Las Fuerzas Armadas siguen estando entre las instituciones en las que más confían los mexicanos. De acuerdo con la última edición de la Envipe del Inegi, casi la mitad dice confiar 'mucho' en la Marina; en contraste, apenas 7.0 por ciento confía mucho en la Policía Municipal. Sin embargo, el desgaste de la relación entre militares y sociedad es evidente. Las violaciones a los derechos humanos están en el centro de este desgaste.

Pretender que las ejecuciones extrajudiciales son excepcionales, o que se limitan a los casos más sonados en los medios, es querer tapar el sol con un dedo. Ahí están las cifras contundentes del índice de letalidad. De acuerdo con la Cruz Roja Internacional, desde los años setenta la norma es que en un conflicto armado haya en promedio cuatro heridos por cada muerto. En contraste, en los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y civiles casi no hay heridos. Por cada civil herido en un enfrentamiento con elementos de la Sedena hay ocho muertos. En el caso de Marina, todavía más escandaloso, la relación es de 30 a uno.

Pareciera que en nuestro país los militares simplemente tiran a matar.

Por temporadas, los abatimientos de delincuentes se vuelven casi habituales en los principales frentes de la guerra contra el crimen organizado. Basta leer, por ejemplo, los comunicados del Grupo de Coordinación Tamaulipas. En Victoria, en Nuevo Laredo y en otros municipios se reportan con gran frecuencia agresiones criminales a elementos de la Sedena. Los comunicados casi invariablemente concluyen con la muerte de los agresores; los heridos brillan por su ausencia.

El acuerdo tácito que hasta ahora ha marcado la relación entre las Fuerzas Armadas y el gobierno civil –que los militares asuman responsabilidades de seguridad pública a cambio de sobresueldos y otras compensaciones económicas, y sin ser sujetos de un escrutinio estricto en materia de derechos humanos– ya no parece funcional. Por una parte, como lo revelan distintas voces que se han alzado en los últimos días, el hartazgo militar está alcanzando niveles críticos. Resulta elocuente que la semana pasada Federico Reyes Heroles publicara “La Trampa”, un testimonio desgarrador donde un militar narra las terribles torturas que los criminales reservan para los soldados. El militar también reflexiona sobre las graves implicaciones de contar su historia y sobre las implicaciones, tal vez más graves, de no hacerlo.

El principal riesgo del hartazgo militar sería una mayor reticencia de las Fuerzas Armadas a participar en determinados operativos (lo que supondría dejar a merced del crimen organizado regiones enteras del país). Por otra parte, para el gobierno es cada vez más costoso en términos políticos solapar las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones graves cometidas por las Fuerzas Armadas.

Una solución de fondo al hartazgo militar inevitablemente pasa por tomar en serio la reconstrucción de las policías estatales y municipales de todo el país. Para tal fin no bastarán discursos, acuerdos ni reformas legales. Es claro que actualmente los alcaldes y los gobernadores, con contadas excepciones, no tienen incentivos para invertir los recursos y correr los riesgos que supone depurar sus policías. El gobierno federal no puede abandonar a la población en lugares como Guerrero, Michoacán y Tamaulipas, pero sí puede hacer más costosa la negligencia de los gobernadores. Se necesitan medidas draconianas, tanto en el frente político como en el presupuestal, para presionarlos a asumir su responsabilidad.

Twitter: @laloguerrero

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