Opinión

El (gran) talón de Aquiles
de las reformas de EPN

Los hermanos Jorge y Reynaldo Sandoval, de 35 y 29 años, respectivamente, y la joven Suvy Saddi Sánchez Cortez, de 27, eran unos mexicanos trabajadores. Quién sabe si estos tres veracruzanos habrían podido conseguir algún empleo de los que eventualmente se abrirán con el arribo de más empresas petroleras a nuestro país. Esa hipotética bonanza ya no la verán estos tres connacionales, que este año desaparecieron sin dejar rastro en ese otro estado sin ley que es Veracruz.

La terrible suerte que corrieron Jorge, Reynaldo y Suvy (su historia la contó el sábado Benito Jiménez en Reforma: "Destapa fosa drama en Veracruz") la conocemos luego de que se descubrieran restos de 31 personas en un predio de Cosamaloapan. Tras divulgarse la semana pasada las noticias de esos hallazgos, personas que desde hace meses buscan a algún familiar desaparecido acudieron a Xalapa con la esperanza de tener finalmente información sobre sus seres queridos. La atención que han recibido esas familias por parte de las autoridades ilustra que estamos tan mal como en el sexenio pasado.

Tragedias como esta –que para nada puede considerarse como un caso aislado– son representativas del gran talón de Aquiles de las reformas del presidente Enrique Peña Nieto. Porque no habrá reforma –por ambiciosa o necesaria que sea– capaz de traer desarrollo o crecimiento a México mientras nuestro país carezca de un sistema de procuración de justicia que medianamente funcione. Y de eso ya se está hablando en espacios mediáticos extranjeros.

La semana pasada Bloomberg reportó sobre este asunto en un despacho titulado "Los cárteles espantan a inversionistas de gas y petróleo": A menos de que la situación de la seguridad a lo largo de la parte Este de la frontera mejore significativamente, es probable que pequeñas compañías se tomen un tiempo antes de lanzarse, dice en ese artículo el analista de Control Risks Dwight Dyer.

El reporte de Bloomberg, como otros previos a ese, contrasta con una línea discursiva que ha repetido en las últimas horas Peña Nieto. En Los Pinos han considerado oportuno que el presidente publicite que los homicidios han descendido 24 por ciento durante el primer cuatrimestre del año, comparado con el mismo periodo de 2012. El asunto es que esa cifra no representa un baremo puntual. Nadie minimiza la buena noticia de que los homicidios vayan a la baja, pero los temores de los expertos se han confirmado: el ritmo de la reducción no augura que el número de homicidios llegue a un nivel aceptable al final del sexenio. Además, la cifra no nos permite llegar a la conclusión más importante: ¿la reducción de los asesinatos significa que ha aumentado la justicia o siquiera la seguridad? Dicho en otras palabras (un poco) menos de enfrentamientos entre criminales, y de éstos con autoridades, no necesariamente nos hace ser un país más seguro. El aumento en secuestros y extorsiones nos obliga a dejar de medir la violencia sólo con estadísticas de homicidios.

La apertura energética podría traer nuevos negocios. Pero si no hay un Estado fuerte, también representaría una nueva ocasión de ganancias para los delincuentes. El gran esfuerzo de este gobierno por reformar podría ser una nueva víctima del poder de los criminales. Sin seguridad, serán menos los capitales que se arriesguen a que su personal, o sus inversiones, corran la suerte de Reynaldo, Jorge y Suvy.