Opinión

El gobierno pudre Ayotzinapa

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Ayotzinapa. (Edgar López)

La desaparición de 43 estudiantes y el asesinato de seis personas más en la noche de Iguala están en ruta para instalarse en la galería de asuntos mexicanos sin justicia, cosa que dolerá para siempre a las familias víctimas y a una parte de la sociedad. Y por lo mismo, Enrique Peña Nieto será un presidente para el que no habrá perdón ni olvido, penitencia que le caerá por haber decidido que Ayotzinapa se pudriera.

Los sucesos de los últimos días dejan claro que el gobierno nunca pudo –ni siquiera podríamos decir que alguna vez lo haya intentado en serio– enderezar su récord de errores en torno al grave caso de Iguala.

Todo comenzó antes de la matanza: no actuó en el verano de 2014 cuando tuvo elementos que implicaban al matrimonio Abarca en actividades ilícitas y no reaccionó con atingencia ante los hechos del 26 de septiembre de aquel año.

Fue hasta que una tormenta de indignación mundial le cayó encima que Peña Nieto pareció comprender que tenía que actuar en correspondencia con la dimensión de la tragedia. Sin embargo, semanas más tarde de nueva cuenta fallaría al tratar de cerrar el caso, a finales de enero de 2015, con la llamada verdad histórica de Jesús Murillo Karam.

El rosario de desatinos generó una enorme desconfianza en la administración, hecho que obligó a sumar a las indagatorias a un foráneo Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, al que un año después han tenido éxito en sabotear desde el interior mismo del gobierno.

El día de ayer el GIEI hizo un recuento de la manera prepotente y soez (los calificativos son míos) con la que se ha comportado la Procuraduría General de la República en el capítulo del peritaje del basurero de Cocula.

La PGR se creyó que su misión era desacreditar a los expertos. Con recursos de abogado huizachero –madruguetes, medias verdades, rompimientos de acuerdos de forma y fondo–, la oficina de Arely Gómez se empeñó en destruir el peritaje del GIEI sobre el incendio en el tiradero de basura. Lo logró. Desde el viernes, cuando dio a conocer un amañado resultado preliminar sobre el tercer peritaje, la PGR alimentó la desconfianza en las instituciones. Bravo, procuradora, pasará a la historia como la fiscal que prefirió golpear a los coadyuvantes antes que buscar justicia. Murillo Karam agradecerá a Arely Gómez el haberle superado en ignominia.

El daño está hecho. Pero no es el GIEI el que ha perdido, y mucho menos la PGR la que ha “ganado”. Como bien dijo el grupo de expertos ayer en su relatoría sobre el manoseo del llamado tercer peritaje, “mantener la credibilidad del proceso exige cuidado”. Eso es lo que la PGR y el gobierno (nadie va a pensar que Arely Gómez actúa sola, ¿verdad?) vulneró irremediablemente: la credibilidad en el proceso de justicia. Como si estuviéramos sobrados de eso, de confianza en nuestros procesos judiciales.

A final de mes, el GIEI entregará su reporte y se irá, pues desde hace meses el gobierno tomó la decisión de pudrir Ayotzinapa.

Si el GIEI cometió o no errores, si sobredimensionaron la infalibilidad de su peritaje sobre el fuego en Cocula, si cayeron en la provocación de los pasquineros, es debatible.

De lo que no hay duda es de que el gobierno de Peña Nieto decidió que Ayotzinapa debe quedar sin la mejor justicia posible, que pase a un segundo plano, que los padres han de errar para siempre sin encontrar paz o resignación, que Iguala engrose la historia de la impunidad en México. Que se pudra, pues.

​Twitter: @SalCamarena

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