Opinión

¿El gobierno defiende la tortura?

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GIEI

2016, temporada de ataques en contra de defensores de derechos humanos. Tantos en tan corto plazo que resulta imposible no pensar mal. Primero se desató la campaña mediática que tuvo como objetivo a todos y cada uno de los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI); luego las baterías apuntaron a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos AC (CMDPDH), acusada en falso de cobrar comisión a presuntos secuestradores liberados, y la semana pasada se supo de una denuncia en la PGR en contra de Emilio Álvarez Icaza por supuesta malversación de fondos. ¿Demasiadas casualidades?

El sábado El Universal daba cuenta de otra 'casualidad'. El gobierno federal, informaba ese diario (http://eluni.mx/1UQ1c6Z), no encontró espacio en la agenda para permitir a Juan Méndez, relator especial de la ONU para la tortura, visitar México. Por tanto, Méndez concluirá en octubre su periodo al frente de esa oficina de las Naciones Unidas sin nueva misión oficial en nuestro país. De nada le sirvió al diplomático español haber solicitado el permiso desde septiembre. En los hechos, la administración Peña Nieto, que en su momento calificó de poco profesional el anterior reporte de Méndez sobre la tortura en nuestro país, ha cobrado las críticas recibidas cerrando las puertas, en el tema de la tortura, a la ONU.

Si a todo lo anterior agregamos la airada respuesta del gobierno federal al reporte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado el 2 de marzo y que fue rechazado bajo el argumento de que la CIDH parte de “premisas equivocadas” al sostener que México atraviesa una “crisis de violencia e inseguridad”, entonces más que ante casualidades estamos frente a un patrón claro: intentos de socavamiento de la credibilidad de todos aquellos que señalan fallas, inconsistencias o problemáticas relativas a los derechos humanos.

Orquestada o no, esta campaña en contra de los defensores de derechos humanos tiene un denominador común en el tema de la tortura.

El Senado de la República estudia un proyecto de ley en contra de la tortura, uno de los compromisos de Enrique Peña Nieto luego de los hechos de Ayotzinapa. Para organismos como la CMDPDH esa legislación debería ser clara en las consecuencias del mismo: en que debería ordenarse desde el principio la exclusión de toda prueba obtenida, directa o indirectamente, a partir de cualquier acto de tortura o tratos crueles. Para Isabel Miranda de Wallace, una redacción de esa índole abre demasiado la 'carretera' a los presuntos criminales (la titular de Alto al Secuestro hizo declaraciones al respecto a Gómez Leyva el 8 de marzo en Radio Fórmula).

Además, quienes pretenden una ley más robusta en contra de la tortura proponen también que cuando se conozca un caso se investigue, y en su caso castigue, a mandos superiores, no sólo a los autores directos.

La denuncia de torturas es un elemento de los reportes de Méndez, de la CIDH (es decir, Álvarez Icaza), de la CMDPDH y del GIEI. ¿Si atacan a los denunciantes de esa práctica es porque el gobierno no puede darse el lujo de cortarse los brazos que torturan? ¿Porque además no puede darse el lujo de poner en riesgo a los mandos que permiten (quizá sería mejor decir 'alientan') la tortura?

El mensaje es doble: en primer lugar, el mensaje gubernamental es que el mensajero sí la paga. Y en segundo, que lo importante para este gobierno y para algunas ONG sería el establecer que no están dispuestos a erradicar (sí, a arrancar de raíz) la tortura en tanto 'método de investigación'. Apuntado.

Twitter: @SalCamarena

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