Opinión

El Financiamiento a pequeños productores: desafíos de la implementación

El pasado 20 de agosto, el gobierno federal dio un paso urgente en materia de crédito agropecuario, anunciando crédito para pequeños productores con tasa de interés máxima de 7% anual, montos de crédito de hasta 230,000 pesos y la reducción de requisitos en un 40%. La política también abarca a las mujeres productoras al estipular que la tasa de interés para ellas será máximo de 6.5% anual. Asimismo se ampliarán los plazos de pago desde 5 a 15 años, para que los productores puedan invertir en infraestructura de riego, almacenamiento, redes de frío, entre otras. Con estas nuevas directrices se pretende canalizar un total de 44 mil millones de pesos al campo mexicano.

Esto ha sido resultado del diálogo estrecho entre las organizaciones del campo y las autoridades pero sobre todo, es la rectificación de una política de subsidio al crédito rural que fue eliminada hace 22 años en el marco de la firma del TLCAN. Cabe señalar que antes de su eliminación, el 19% de los productores tenían acceso al crédito a través de Banrural, mientras que posterior a esto sólo hubo regresión y empobrecimiento de los productores que tuvieron que competir con tasas y garantías de mercado sin las estructuras financieras y de mercado que les permitieran acceso de tal suerte que el Censo Agropecuario de 2007 mostró que sólo 4% (220,000 productores de 5.5 millones) tuvieron acceso al crédito y en 2012, la Encuesta Nacional Agropecuaria de INEGI indicó que sólo 7.6% (422,400) lograron financiamiento. Esto significa que posterior a la liberalización del sistema financiero y la firma del TLCAN, el grado de exclusión de financiamiento llegó a ser de 96% y 92.4%, según las estadísticas respectivas.

Por otra parte, la política anunciada enfrenta importantes desafíos ya que en los años ochenta, Banrural tenía alrededor de 500 sucursales y, en términos de cobertura, había suficientes ventanillas al alcance de los productores. En cambio, actualmente las condiciones de cobertura no son suficientes para la demanda que enfrentará este programa, ya que el 5º Reporte de Inclusión Financiera de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestra que en municipios menores a 5,000 habitantes, la banca comercial tiene una cobertura de sólo 1.9%; la banca de desarrollo de 0.6%; las cooperativas de 4.3%; las microfinancieras de 1.2% y los corresponsales de 13.2%. Los resultados no mejoran en municipios de 5000 a 15,000 habitantes, ya que la banca comercial aumenta su presencia a 16.5%. Aunado a esto, en 2012, la banca comercial otorgó únicamente el 9.2% del crédito rural, mientras que las cooperativas de ahorro y crédito popular canalizaron el 35.5% y las uniones de crédito el 10.8%.

En este último punto radican los retos de la política pública: 1) definir los canales bajo los cuales se va a distribuir el crédito y 2) transparentar los criterios de elegibilidad para la población objetivo.

1.- Definir qué instituciones financieras van a canalizar el crédito no es un asunto menor y puede hacer la diferencia entre llegar o no llegar a los productores más pequeños que son el 84.35% del total nacional (productores de menos de 20 hectáreas y de bajos ingresos). En este sentido, la distribución del crédito no puede ser únicamente por medio de la banca comercial y por lo tanto, esta política debe abrirse a todo intermediario financiero regulado con presencia en zonas rurales y más aún, en zonas rurales marginadas en las que predomina el pequeño productor.

Asimismo, este programa no puede conformarse con la oferta actual ya que es insuficiente y no alcanzará a cubrir las regiones de mayor demanda. Por ello, consideramos que debe ir aparejada del fortalecimiento de intermediarios financieros rurales con presencia en municipios menores a 15,000 habs. y con vocación para atender productores pequeños como son las sociedades financieras de base social; así como a través de la creación de brazos financieros en las organizaciones de productores, lo cual nos remite al segundo reto que es definir a la población meta.

En este sentido, ser pequeño productor del campo abarca aspectos tanto de un predio menor a 20 hectáres, como de condiciones iniciales que reflejan un menor nivel de ingresos, vivir en condición de pobreza, alta marginación y activos iniciales precarios, de tal manera que estas características en conjunto los hacen demandantes de un tratamiento preferencial para el financiamiento.

Así, la posibilidad de acceder al crédito para los productores más pequeños es la posibilidad no sólo de capitalizarse, adquirir activos y tecnología adaptada, sino de vincularse a cadenas de valor, elevar su productividad y generar ingresos sostenidos para romper definitivamente con la pobreza, pero sobre todo es un complemento inequívoco de la política de desarrollo social y los subsidios al campo.

Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, A.C.

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