Opinión

El fallo y la Iglesia

 
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PVEM. (historiapvem.blogspot.com)

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó por unanimidad el día de ayer, aumentar el monto de la multa –previamente impuesta– al Partido Verde por los tuits del año pasado. Si usted recuerda, el día de la elección, diversas figuras del espectáculo y el deporte nacional, emitieron tuits con mensajes relativos a votar con el Verde y apoyar a sus candidatos. La cifra fue –ni más ni menos– de 163 millones de tuits y fracción. Nada despreciable en día de votaciones.

El Verde, célebre por sus triquiñuelas y marrullerías –en el peor estilo del PRI de los 70– declaró que no tenía nada que ver, que no había pagado campaña alguna y que todos esos “destacados ciudadanos” comprometidos con la democracia, lo habían hecho, por espontánea voluntad.

De una multa original de 3.2 millones de pesos, impugnada por Morena, el Tribunal determinó ayer aumentar la sanción. No sabemos en cuánto pero habrá multa a la que, seguramente, el Verde impresentable, buscará ampararse.

El Tribunal pasa estos días por sus jornadas finales, tal vez de hecho, sus últimos votos pues está por concluir sus funciones. Los nuevos candidatos a magistrados están ya siendo entrevistados en el Senado.

La delicada y muy trascendente decisión que el Tribunal dejó en pendiente ayer, es la determinación de anular por completo la elección estatal en Aguascalientes. El PRI fue el partido que presentó recursos para impugnar el proceso completo, sobre las bases de violación a la ley electoral por la clara, franca y abierta intervención proselitista de la Iglesia católica en la entidad.

Recordemos que a mediados de mayo el presidente de la República presentó la iniciativa de legalización para matrimonios igualitarios, lo que provocó una incendiada reacción de la Iglesia católica.

En diferentes estados abordaron el tema desde el púlpito en innumerables parroquias y más de un clérigo de alto rango, llamó a la acción civil y ciudadana de los creyentes.

En el caso específico de Aguascalientes, el obispo José María de la Torre Martín redactó una carta que hizo circular en la Diócesis, donde se invitaba al presbiterio a “prevenir a la feligresía” sobre las perversiones de la mal llamada iniciativa de matrimonios igualitarios. En concreto, la autoridad diocesana, instruía a los párrocos y presbíteros a arengar a los creyentes en contra de la iniciativa y a movilizar feligreses para actuar de forma enérgica en la próxima jornada electoral.

La Iglesia católica violó la Constitución al intervenir mediante proselitismo abierto en un proceso electoral, movilizó gente, creó grupos, provocó debates y discusiones y encargó a instituciones educativas de orientación religiosa, a difundir un mensaje de alarma entre sus estudiantes y familias.

No se trata de un tema de interpretación, de si la función de la Iglesia es participar y discutir los cambios y acontecimientos sociales –según me han insistido varios prelados en múltiples ocasiones– se trata de artículos establecidos en la Ley de Asociaciones Religiosas. Hasta dónde puede llegar la institución religiosa, en su trabajo catequético, de promoción evangélica o de acción social, está perfectamente establecido en el marco jurídico.

La Iglesia católica en México se encuentra en abierto activismo político en todo el territorio para impedir lo que consideran –lo vimos el pasado fin de semana con la marcha– un atentado a la familia.

Tienen todo el derecho de expresar su posición y postura, pero no de impedir la libre expresión y derecho de otros a la diversidad, a la pluralidad, a nuevas y distintas formas de familia, porque aunque lo nieguen y rechacen, una familia homosexual también es familia.

El señor obispo De la Torre cometió no solamente un delito al intervenir en un evento electoral, sino un profundo acto de irresponsabilidad social, en el contexto histórico de este país. Ninguna nación en este continente sufrió los excesos y dolores –de ambos bandos– en la Guerra Cristera del siglo pasado. Incendiar conciencias, alentar la división y confrontación social, condenar expresiones diversas a las de su postura institucional, es actuar con absoluta inconsciencia e irresponsabilidad.

El Tribunal Electoral tiene bajo su deliberación, la tarea histórica de marcar un alto al intervencionismo religioso en eventos político-electorales. Es su deber ejercer la ley y sancionar a quienes la violan de forma insultante en cada proceso y votación. Sentar precedente es vital para la separación Iglesia-Estado y para el fortalecimiento de una cultura de la tolerancia y la pluralidad en México. Antes de irse, deben concluir este expediente con un fallo histórico e incuestionable. Si lo heredan a los magistrados entrantes, eludirán su responsabilidad.

Twitter:@LKourchenko

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