Opinión

El experto… ¿en fraudes? (I)

 
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GIEI

Hace semanas se viene arrastrando un enfrentamiento entre el gobierno, varios medios de comunicación y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que coadyuva con la investigación de los 43 normalistas de Ayotzinapa que desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014. Comenzó después de la divulgación de su último informe que cuestionó la esencia de la versión oficial del gobierno –la maltrecha “verdad histórica” del exprocurador Jesús Murillo Karam–, que produjo reportes periodísticos que cuestionaban a algunos de sus integrantes. El énfasis se ha colocado en Ángela Buitrago, la exfiscal de hierro colombiana, a partir de las afirmaciones de un polémico activista mexicano y un exgeneral de ese país sentenciado por desapariciones.

La abogada Buitrago ha tenido el respaldo de abogados internacionales, pero muy importante ha sido, porque establece un diálogo entre pares, el de la colombiana María Jiménez Duzán, que por años estuvo en la mira del Cártel de Medellín y su jefe Pablo Escobar, tras mandar asesinar al director de El Espectador, Guillermo Cano, y a todo su equipo de periodistas que investigaban el narcotráfico, incluida ella. Duzán ha expuesto el riesgo en el que se ha colocado a la abogada con estas descalificaciones, que ella y activistas extranjeros consideran que fueron inspiradas por el gobierno. Funcionarios federales confiaron mucho antes de que aparecieran las descalificaciones a Buitrago en la prensa, que le tienen un gran respeto, aunque creían que a diferencia de casos anteriores donde trabajaron juntos en México, su equipo actual no tenía la misma calidad que otrora.

Los antecedentes de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes propuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido cuestionados sólo en las últimas semanas. No parecen existir pruebas reales en contra de la abogada Buitrago, de acuerdo con periodistas colombianos que conocen de su trabajo a lo largo de los años en ese país, lo que sin embargo no exime a otros integrantes del GIEI de tener un pasado cuestionable. El experto que se encuentra más en entredicho, y por cierto menos observado en México, es Carlos Martín Beristáin.

Beristáin, doctor en sicología, es un vasco que desde 1989 trabaja en la atención a las víctimas, la salud mental y los derechos humanos en América Latina y algunos países de África. Entre los trabajos que ha desarrollado en la región se encuentra el que hizo en Ecuador hace una década, para un experto independiente nombrado por las autoridades de ese país para hacer una evaluación de daños en la región Oriente de aquella nación que apoyara a los tribunales en el caso de una demanda contra la multinacional estadounidense Chevron, por más de 20 mil millones de dólares originalmente.

Ese experto independiente designado por la Corte, Richard Cabrera, subcontrató a Beristáin para que realizara una evaluación sobre el impacto causado por la exploración en esa rica región de la amazonia ecuatoriana. Sobre la conclusión de Beristáin, de que se habían registrado “excesivas” muertes de cáncer como resultado de la contaminación, Cabrera recomendó una compensación de nueve mil millones de dólares por daños y perjuicios cometidos por Chevron. El caso se ventiló en la Corte de Lago Agrio, donde se radicó el juicio emprendido por 30 indígenas de la zona en 1993. Pero el foco del pleito en tribunales de Estados Unidos –en Ecuador se mantiene el fallo contra Chevron a partir del informe Cabrera– se debe a un fraude.

El 4 de marzo de 2014, la Corte de Distrito en Nueva York encontró que un juicio por daños ambientales contra Chevron había sido producto de fraude y actividades mafiosas. El fallo encontró que Steven Donzinger, un experiodista educado como abogado en Harvard, quien encabezó el equipo legal que defendió a los demandantes en Lago Agrio, había incurrido en extorsiones, lavado de dinero, prácticas corruptas, manipulación de testigos y obstrucción de la justicia para lograr encubrirse él y sus asociados de todos los crímenes. El caso se centró en el informe Cabrera, donde los abogados de Chevron –utilizó a más de dos mil en todo el proceso de más de 60 firmas–, encontraron que el documento había sido redactado por Donzinger y una consultora de relaciones públicas de Boulder, Colorado, y no por el experto internacional nombrado por la Corte.

De acuerdo con el fallo del juez Lewis Kaplan, Donzinger y su equipo “escribieron el dictamen de la Corte y le prometieron 500 mil dólares a un juez ecuatoriano para que fallara a su favor”. Es decir, fueron los redactores fantasmas de un veredicto judicial para cometer un fraude contra Chevron, en el cual participó directa y fundamentalmente Beristáin, de acuerdo con el fallo en Estados Unidos, que está litigándose aún. “Este caso es extraordinario”, escribió el juez Kaplan en su dictamen. “Incluye cosas que normalmente sólo se ven en Hollywood, como correos electrónicos codificados entre Donzinger y sus colegas donde describen sus interacciones privadas con los jueces y sus maquinaciones contra ellos y un experto designado por la Corte, a quien le pagan a través de una cuenta secreta, y un abogado que invitó a un equipo a filmar innumerables reuniones privadas donde se planearon estrategias”. Un descuido de esta película, transmitida por Netflix, reveló la participación ilegal de Beristáin con Donzinger que ha puesto el caso contra Chevron en el umbral de ser perdido, lo que será desmenuzado en la siguiente columna.

Twitter: @rivapa

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