Opinión

El error de la guerra contra los migrantes

Quizá lo peor de la guerra contra el narco del gobierno pasado y del actual sea que no hemos aprendido el error fundamental de ese fallido modelo de combate al tráfico de estupefacientes. La lección no asimilada la resumiría así: intentar detener el flujo de productos ávidamente demandados por mercados mediante un modelo policiaco-militar, sólo hará más valioso el negocio de los traficantes, lo que degenerará en corrupción y violencia, y en un caldo de cultivo perfecto para la violación de derechos humanos.

Lo que nos ocurrió con las drogas ahora nos está pasando con los migrantes indocumentados, principalmente hondureños, guatemaltecos y salvadoreños que cruzan México en su ruta hacia Estados Unidos.
Mes con mes nos afanamos en alimentar el problema migratorio, no en buscar una solución. La última de las oportunidades perdidas ante el reto de los transmigrantes ha corrido a cargo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La semana pasada, el máximo tribunal rechazó la petición de un importante y variado grupo de juristas y organizaciones sociales, que asociados en la Comisión Mesoamericana de Juristas AC, demandaron una acción declarativa para que la Corte revisara la inconstitucionalidad de la política migratoria del gobierno mexicano.

Lo que con su respuesta del 11 de agosto la Corte se ha negado a ver es que en las 58 estaciones migratorias del país, y en cada uno de los retenes que instala el Instituto Nacional de Migración (INM), existe un limbo jurídico que contravienen tanto la Constitución como los tratados internacionales firmados por México, hecho que deriva en la violación a derechos humanos de miles de personas cada año. Tan sólo en 2013, en estaciones migratorias del INM se registraron casi 87 mil casos de personas privadas de su libertad por autoridades migratorias, de ellos, nueve mil 893 eran menores de edad.

La acción declarativa (procedimiento cuyo objetivo es que un juez, magistrado o ministro elimine la incertidumbre sobre una situación y defina la interpretación correcta de una ley) que la Comisión Mesoamericana de Juristas AC pedía era clara en su denuncia sobre las graves irregularidades procesales que enfrentan los indocumentados en México: son detenidos ilegalmente –pues no existe flagrancia de delito cuando son abordados en retenes–, para luego quedar sometidos a procesos administrativos discrecionales, donde la autoridad (INM) no está obligada a respetar plazos ni un debido proceso.

Por si fuera poco, y perversamente, si un indocumentado se quejase formalmente contra el irregular procedimiento, sólo provocaría la extensión de su ilegal reclusión en lo que se resuelve también su queja. Y no hace falta agregar que las estaciones migratorias, llámemosle cárceles, pues es lo que son, se encuentran en condiciones inaceptables.

El infierno que es México para los migrantes ha comenzado a arder aún más. Por reportes que han comenzado a publicarse (leer Migrantes enfrentan un tapón tipo Arizona en el Suchiate, de Víctor Hugo Michel en Milenio la semana pasada), parece que Gobernación está teniendo éxito en su propósito de sellar la frontera sur. En lugar de traer seguridad, eso provocará que en regiones enteras surjan asentamientos de migrantes que no pueden avanzar, generando más inseguridad en México y Centroamérica, y empoderando a las mafias de traficantes de personas para buscar otras rutas. ¿Habrá contemplado la Segob esos efectos colaterales?

La guerra contra los migrantes no sólo viola la ley sino que, al igual que la guerra contra el narco, provocará más violencia al hacer más cotizados a los polleros. Las víctimas no sólo serán los migrantes, sino también, y fundamentalmente, los mexicanos.

Twitter: @SalCamarena