Opinión

El error de Canales

 
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Ernesto Canales. (Archivo/ Cuartoscuro)

En sus respuestas para declararse inocente frente a la demanda por fraude que interpuso Paula Cusi –quien fuera esposa de Emilio Azcárraga Milmo–, por la venta del 16.6 por ciento de sus acciones de Televisa, Ernesto Canales busca confundir. La señora no ha probado la acusación, dijo el zar anticorrupción de Nuevo León –lo que no es correcto–, y añadió que hay dos juicios paralelos, civil y mercantil, pendientes de resolución. En el pantano en el que se hunde, precisamente el tema de esos juicios paralelos son los que permitieron descubrir los elementos para que lo demandaran: un cobro de seis millones de dólares que exigió a la señora Cusi por los servicios que él y su entonces socio, César Francisco García Méndez, devengaron en el litigio de la sucesión testamentaria de El Tigre Azcárraga.

La transmisión de acciones y propiedades se dio en mayo de 2011, en un acuerdo que la señora Cusi creía que era para que Televisa dejara de perseguirla judicialmente y encarcelarla, además de un finiquito de 50 mil pesos, negociado Canales y García Méndez con los representantes de la televisora. Pero según los expedientes del caso, el pago por seis millones de dólares era algo que no entendía. ¿Por qué si el finiquito había sido por 50 mil pesos querían ese monto? La señora Cusi contrató otros abogados para que le ayudaran en este nuevo litigio.

Los detalles de cómo se enteró la señora Cusi de lo que Canales y García Méndez habían hecho a sus espaldas, aparece contenido en los autos del juicio civil de este último en contra de la viuda de Azcárraga Milmo. En el proceso, los nuevos abogados de la señora Cusi pidieron los detalles del convenio sobre la transmisión de las acciones a Canales y García Méndez, quienes se negaron a entregarlos bajo el alegato de que existía un acuerdo de confidencialidad, por lo que interpelaron a Televisa. Como resultado, la empresa entregó al juzgado copias de las escrituras públicas 66219, 66284 y 66285.

Las dos primeras fueron firmadas el 28 de abril, tras la cesión que hizo la señora Cusi de “todos y cada uno de sus derechos” de la sucesión de El Tigre a Emilio Azcárraga Jean, mediante el finiquito de 50 mil pesos. La tercera fue firmada un día después de que se suscribiera la “Carta de Instrucción” del 17 de mayo, donde Canales y García Méndez indicaban a Televisa la forma como debía pagar seis millones de dólares en dos entregas, una el mismo día, y la otra diez después, a Summer Stream, CV, la empresa de Canales registrada en Holanda, como contraprestación para Cusi. Igualmente, los abogados de la señora Cusi pidieron al juzgado que los notificara de cualquier acción que pudieran emprender sus antiguos representantes.

Así encontraron otro conejo en la chistera. Los nuevos abogados de la señora Cusi recibieron en el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito un sobre cerrado donde Canales, en una carta a la señora Cusi fechada el 21 de octubre de 2011, hacía una rendición de cuentas sobre todo el proceso de sucesión testamentaria en donde reconocía el pago de los seis millones de dólares y subrayaba que, a petición de ella, se haría ese pago a los abogados por concepto de honorarios, y se realizarían depósitos que no la vincularan a ellos. Es decir, detallaban lo que contenía la “Carta de Instrucción”. Esta carta, como se señaló en la entrega anterior de esta columna, nunca le fue entregada a la señora Cusi, quien tampoco dio las órdenes de proceder como las mencionó Canales. El descubrimiento de esa carta se dio meses después de haberse escrito.

Cuando la encontraron los abogados de la señora Cusi, lo denunciaron. En una notificación al juez Sexto de lo Civil de Primera Instancia del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el abogado Jacinto Guillén expuso: “Vengo a inconformarme categóricamente con la rendición de cuentas supuestamente realizada por el C. Ernesto Canales Santos… toda vez que es contraria a derecho por estar sustentada en hechos falsos, toda vez que mi mandante no le instruyó para que dispusiera dicho señor de la cantidad de seis millones de dólares en ninguna forma, ni que retuviera dicha cantidad de dinero por ningún concepto, mucho menos como dicho señor lo manifiesta en su espuria rendición de cuentas”.

La documentación en actas contradice todo lo expuesto por Canales en los últimos días a través de los medios de comunicación, y demuestra declaraciones que son opuestas entre sí. Canales fue llamado a comparecer este lunes por el Congreso de Nuevo León, a donde aceptó ir, en palabras del secretario general de Gobierno del estado, Manuel González, pero para hablar de su actuar público, no de su vida privada.

Está equivocado. La demanda de un fraude contra el zar anticorrupción o contra cualquier persona en el servicio público, no es un tema privado al afectar directamente al gobierno que representa. En este caso, el cuestionamiento de su probidad en una demanda por fraude afecta al gobernador Rodríguez que hizo de la lucha contra la corrupción su principal bandera electoral. ¿Cómo cumplir cabalmente con lo prometido cuando el responsable está acusado por los delitos que dice combatir? Le estorba Canales a El Bronco en su cruzada contra la corrupción. Es decir, es un lastre que hay que descargar para salvar el barco.

Twitter: @rivapa

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