Opinión

El enredo de las consultas ciudadanas

El INE, que preside Lorenzo Córdova, tiene entre manos una tarea nada sencilla. Deberá asegurarse de que las firmas que respaldan las cuatro solicitudes de consultas ciudadanas sean legítimas y correspondan a ciudadanos mayores de edad y con credencial de elector.

Si resulta que cada una de las solicitudes, ya depuradas, superan e 2.0 por ciento de la lista nominal, que equivale a 1.61 millones de electores, entonces ya será tarea de los ministros de la Corte pronunciarse respecto a la constitucionalidad de las solicitudes.

El artículo 35 de la Constitución es explícito en las materias que no pueden ser sujetas a consulta: limitación de derechos humanos; temas electorales; los ingresos y gastos del Estado; seguridad nacional y temas vinculados con las fuerzas armadas.

El PRD, y expertos que respaldan su postura, indican que en la medida que el artículo 35 no es explícito en impedir reformas constitucionales en ámbitos diferentes a los temas enunciados, en esa medida la consulta relativa a la reforma constitucional en energía procede.

Otros sugieren que, debido a que la propia Constitución establece en su artículo 135 el procedimiento para reformarse, no se podría pasar por encima de ese precepto.

Pero, en fin, eso ya será tema que tendrán que resolver los ministros en su momento.

Resulta interesante, sin embargo, el hecho de que la propia figura de la consulta, en su regulación constitucional, tenga excluyentes.

Pero se entiende. El caso más ilustrativo de la razón de esas excepciones es la posibilidad de que una consulta preguntara a la gente si desea que los impuestos desaparezcan. Seguramente habría muchos que dirían que sí, y entonces se sentarían las bases para la desaparición del Estado. Parece absurdo pero sería posible.

Si las consultas no tuvieran la intención de convertirse en decisiones vinculantes, es decir, que deben atenderse obligatoriamente por los involucrados, entonces probablemente no habría necesidad de generar todos esos controles.

La preservación del instrumento como algo efectivo y funcional, requiere precisamente asegurarse de que pueda tener ese carácter vinculante si participa en ella al menos 40 por ciento del electorado potencial, y que sea algo más que una encuesta.

El problema obvio con el que nos encontramos es el riesgo de que si impera en la Corte el criterio de que los términos del artículo 135 para reformar la Constitución deben respetarse, entonces Morena y una parte del PRD, podrían señalar que el máximo tribunal del país no actuó como el árbitro de la constitucionalidad que le toca ser, sino como abogado de intereses perversos.

Sin embargo, la Corte no puede sujetar sus decisiones a los efectos políticos que puedan tener.

El criterio para definir la constitucionalidad de las consultas debe basarse sólo en la congruencia de los puntos a consultar con lo establecido en la propia ley fundamental.

Y quizá Morena, el PRD, y no descarte que hasta el propio PRI, deberán ajustar su estrategia de 2015 para ir a las elecciones sin consulta.

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