Opinión

El debate ya no está en el Congreso

Anoche el Senado votó en lo general el último dictamen de la reforma energética y esta misma semana la Cámara de Diputados iniciará el proceso de aprobación. Aunque el proceso legislativo está a la mitad, el debate relevante ya está en otro lado. Por una parte, en Washington, Nueva York y Houston donde despachos de abogados y analistas de inversión evalúan la forma y el ritmo para entrar al mercado nacional; por otra parte, en las calles y las plazas públicas en 2015, donde las izquierdas impugnarán políticamente el proceso y construirán así la bandera de las campañas de ese año.

El alargamiento del debate de la reforma energética ha tenido el efecto benéfico de algunos cambios positivos. Se modificaron 402 artículos de los diversos ordenamientos que originalmente presentó el Ejecutivo. Como la mayoría de estos cambios ya ocurrieron, en ocasiones en mesas de negociación fuera del Congreso, el debate en comisiones y en el pleno de los últimos días ya no ha generado modificación alguna. Se presentaron al menos mil 576 reservas, pero sólo se modificaron o añadieron 43 artículos en esta última fase.

Frente a la clara mayoría del PRI y el PAN a favor de la reforma, el PRD optó por una táctica institucional y hasta de tintes infantiles: nada de toma de tribunas, sino sólo el uso de máscaras de Lázaro Cárdenas y la tribuna para cuestionar la reforma. En las calles no ha habido ningún bloqueo y tan sólo algunas decenas de personas se han manifestado afuera del Senado. El PRD anunció que habrá manifestaciones afuera de la Cámara de Diputados, pero no se anticipa una disrupción del proceso legislativo.

La apuesta del PRD y también de López Obrador y Morena ya no es el debate al interior del Congreso, sino convertir el rechazo a la reforma energética en el eje de las campañas electorales de 2015. En estos días tendrán que protestar y realizar algunas movilizaciones en las calles, pero nada comparado con las amenazas y bloqueos de AMLO en 2008 cuando el presidente Felipe Calderón presentó su propuesta de reforma energética.

El PRD calcula con acierto el uso de la bandera energética como su eje de campaña en 2015. Las encuestas muestran que 60% de los mexicanos rechazan la reforma, aunque casi nadie esté dispuesto a marchar en las calles. Se trata de una oposición latente y simbólica que podría cambiar en los próximos años si la reforma energética genera beneficios tangibles en el bolsillo de los mexicanos.

El instrumento central de esa estrategia será la consulta popular. Aunque dicho ejercicio no puede tener carácter retroactivo ni tampoco implicaciones constitucionales –sólo funciona para modificaciones legales– el PRD repite una y otra vez que con ella se “echará para atrás” la reforma completa. Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronuncie sobre la validez de la consulta y resuelva que no procede para modificaciones constitucionales, el PRD y López Obrador, cada uno por su lado, acusarán a la Corte de someterse a los poderes fácticos y proseguirán con una consulta política y simbólica.

Aunque estoy a favor de la reforma energética, simpatizo con la campaña #QueMePregunten. También con Cuauhtémoc Cárdenas en su demanda de que haya un debate nacional. Creo que una discusión abierta podría haber sido un ejercicio cívico muy positivo y, a pesar de la oposición histórica a cambiarle una coma al régimen petrolero, los reformistas podrían haber ganado el debate y darle legitimidad ex ante a la reforma.

Pero el asunto ahora ya no es lo que sería deseable o más democrático, sino de lo que es legal. Y la figura de consulta popular que todos los partidos aprobaron, incluido el PRD –primero en 2012 a nivel constitucional y luego a fines de 2013 a nivel legal– no permite que una consulta modifique la Constitución (para ello era necesario modificar el artículo 135 constitucional, donde se establecen las modalidades para cambiar la Carta Magna).

Todos los días cientos de personas dan su firma para solicitar la consulta popular. El PRD y Morena, cada uno por su lado, recopilarán millones de firmas y cumplirán el requisito numérico. Es injusto e irresponsable que se generen expectativas e ilusiones en miles de mexicanos de algo que no procede legalmente. La mayor irresponsabilidad no proviene de las izquierdas –ellas finalmente están en una lucha política y en su seno algunos creen que sí es posible la vía legal. Lo que me parece inaudito es que los promotores en el PRI, el PAN y otros actores en la academia y el sector privado, permanezcan callados dejando que la ola de la consulta crezca.

Imagino que muchos dirán que por ahora es mejor no confrontar a los opositores y que sea la Corte después la que diga que no se procede la consulta. Pero el riesgo es sembrar nuevas dudas y minar la legitimidad social de la reforma: la percepción de que nace chueca y que la “mafia del poder” una vez más impide que “el pueblo” exprese su voluntad. Salvo el presidente de la Comisión de Energía del Senado, nadie más ha dado la cara para explicar los verdaderos alcances de la consulta popular. Ya es hora que se explique con claridad y no dejar que miles de mexicanos de buena fe sigan esperanzados de algo que no ocurrirá.