Opinión

El crimen en Iguala

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ME. El crimen en Iguala.

Tuvieron que pasar casi diez meses y que un grupo de expertos internacionales e independientes sugiriera que el principal móvil de la desaparición y asesinato de todos o la mayoría de los 43 normalistas secuestrados por la Policía Municipal de Iguala la noche del 26 de septiembre, era el narcotráfico. Los expertos revelaron la existencia de un quinto autobús en el que viajaba la mayoría de los jóvenes desaparecidos donde, de acuerdo con información que obtuvieron de un tribunal federal en Chicago, probablemente iba un cargamento de heroína. Los expertos fueron cautelosos y no abundaron si uno o más jóvenes pudieran haber conocido de esa carga, pero al establecerla como el probable móvil del crimen y la saña con la que se cometió, pusieron una daga en el cuello del gobierno mexicano.

El informe de los expertos cuestionó la investigación que encabezó el exprocurador Jesús Murillo Karam, y que motivó que el presidente Enrique Peña Nieto pidiera a la nueva procuradora, Arely Gómez, que revisaran las conclusiones y que las incorporaran, donde proceda, a la averiguación del caso. Detalles más concretos, paradójicamente, están en poder de la PGR desde hace casi un año, pero el entonces procurador no se atrevió a ventilarlo en público y, menos aún, incorporarlos como parte toral de la investigación. En este espacio se detalló esa parte de la investigación, el 19 de noviembre del año pasado. Era entonces, como hasta ahora, una verdad impronunciable.

El misterio de Iguala está resuelto, se apuntó en noviembre. Las claves las había aportado Sidronio Casarrubias, jefe de Guerreros Unidos y capturado en la autopista México-Toluca el 16 de octubre, que se había convertido en el principal testigo de la PGR para entender la vinculación de esa banda con las autoridades en Iguala y Cocula, y comprender en su contexto lo que había sucedido con los normalistas de Ayotzinapa. Casarrubias no quería colaborar con las autoridades federales hasta que Murillo Karam fue personalmente a hablar con él a la cárcel de máxima seguridad de El Altiplano.

–Si colabora, le dijo Murillo Karam, habrá dinero de recompensas.

–Tengo más dinero del que me pueda dar, respondió.

–Podemos reducir los cargos, replicó el procurador.

–Mis abogados me dicen que el caso va por buen camino, desafió.

–Con usted en la cárcel, El Pez va a atacar a su familia, le dijo Murillo Karam. Nosotros podemos protegerla, ofreció.

En ese momento, Casarrubias se quebró y habló. El Pez es Johnny Hurtado Olascuaga, y es el jefe de La Familia Michoacana en la región guerrerense de Tierra Caliente –donde operan Guerreros Unidos–, y el Estado de México. Casarrubias le proporcionó al exprocurador nombres de funcionarios involucrados con las bandas criminales, base de las capturas del alcalde de Ixtapan de la Sal, Ignacio Ávila, y de su secretario de Seguridad Pública, Efraín Mendoza, por presuntos nexos con el crimen organizado. Involucró también al gobernador de Guerrero con licencia, Ángel Heladio Aguirre, por sus nexos con Guerreros Unidos.

Casarrubias fue quien aportó el modus operandi de la banda y reveló la estructura criminal dentro de las instituciones en Iguala y Cocula. Asimismo, reveló por qué se dio la orden de matar a los jóvenes. Dijo que dentro del grupo de normalistas había una célula de 17 jóvenes que pertenecían a Los Rojos, la banda criminal enfrentada con Guerreros Unidos, que recibían órdenes de Santiago Mazari Hernández, sobrino de Alfonso Miranda, exdiputado del PT en el Congreso de Morelos, y jefe de plaza en Amacuzac. Los Rojos, que controlan Chilpancingo, llevan como una de sus misiones asesinar a Víctor Hugo Benítez, apodado El Tilo, quien era el jefe de plaza de Guerreros Unidos, según Casarrubias.

Según los investigadores federales, dentro de los más de 50 normalistas que llegaron a Iguala había un halcón de Guerreros Unidos, quien informó de las intenciones de sus enemigos. El objetivo eran sólo 17 normalistas, agregó Casarrubias. No se sabía la suerte del halcón, aunque durante semanas los teléfonos celulares de cuatro de los desaparecidos se activaron durante algunos momentos y se volvían a apagar. En algunos casos en la PGR interceptaron mensajes de texto donde daban la apariencia de estar perdidos en la sierra. Nunca se utilizaron los sistemas georerefenciales para ubicar los celulares, ni se sabe si aún siguen ocasionalmente activos. Uno de esos mensajes fue divulgado por los expertos en su informe.

La PGR de Murillo Karam no pudo establecer oficialmente esa línea de investigación por la falta de legitimidad de las autoridades. Desde el principio, cuando se sugirió que había vinculaciones con el crimen organizado, llovieron las denuncias de diversos frentes para acusarlo de criminalizar la protesta social. El gobierno se paralizó, y se aceptó implícitamente que la verdad histórica y jurídica en toda su extensión no sería conocida a través de la versión oficial. Al gobierno no le interesaba revelar todos los detalles de por qué se dio la matanza, sino resolver el caso. Error de diagnóstico, como tantas otras acciones en las que incurrió con torpeza el gobierno en el caso de Ayotzinapa.

El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ante aquél silencio cómplice con la ilegalidad –no actuar también es un delito–, convirtió ahora a la PGR en omisa, negligente e irresponsable. La realidad que quisieron ocultar terminó, finalmente, por arrastrarlos una vez más.

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