Opinión

El contraste entre la política de ingresos y la de gasto público de la administración actual

 
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billetes

 Por Alejandro Rodríguez Arana.

En los últimos años, las finanzas públicas en México presentan una situación contrastante. Mientras que la recaudación de ingresos refleja la puesta en marcha de una política reactiva y acertada, la política de gasto se muestra mucho menos estructurada. El resultado general es que la recaudación de ingresos no ha sido suficiente para compensar las presiones del gasto público y la deuda pública ha aumentado en forma considerable. En los dos años y medio que le quedan a la administración actual del Presidente Enrique Peña Nieto, será necesario tomar las medidas necesarias para detener, en lo más posible, el crecimiento de la deuda y evitar una carga excesiva para las generaciones futuras.

Los ingresos públicos se han visto seriamente afectados por dos razones principales: la reducción de la plataforma de producción petrolera desde hace ya varios años y la más reciente caída de los precios del petróleo. Entre 2008 y 2015 los ingresos petroleros cayeron en 5.7 puntos porcentuales del PIB. En 2015 esto representó poco más de 1 billón de pesos a precios actuales (más de 57 mil millones de dólares (mmd)).

Ante este panorama, las autoridades fiscales han reaccionado con audacia y oportunidad. Los ingresos tributarios, que en 2008 eran de sólo 8.1% del PIB y en 2012 de 8.4% PIB, en 2015 llegaron a niveles de 13% del PIB. Este incremento compensa, en gran medida, la caída de los ingresos petroleros. El aumento de la recaudación por impuesto sobre la renta (ISR) ha sido cercana a dos puntos del producto, mientras que los otros ingresos que han aumentado de manera considerable han sido los de los impuestos especiales, principalmente el de las gasolinas. Como ciudadanos afectados nos quejamos de tener que pagar más impuestos, pero es muy posible que la política de ingresos haya evitado una crisis a nivel macroeconómico.

¿Significa lo anterior que habría que aplaudir la política fiscal de la actual administración? Sí y no. El problema está en el gasto. Entre 2008 y 2015, el gasto presupuestal del gobierno federal aumentó más de 3.5 puntos porcentuales del PIB. En el sexenio del Presidente Peña Nieto ha aumentado cerca de dos puntos del PIB. La composición del aumento también es preocupante. El gasto corriente programable ha aumentado 2.2 puntos del PIB desde 2008 y 0.8 puntos desde 2012. El gasto de capital programable ha aumentado 0.8 puntos desde el 2008 y 0.4 puntos desde 2012.

El resultado de ingresos presupuestales que por la situación del mercado petrolero han terminado cayendo como proporción del PIB (se han mantenido casi constantes en la administración actual), y gastos que han subido en 3.5 puntos del PIB, es un aumento en el déficit público, el cual en 2015 llegó a poco más de 4.0% del PIB. Lo anterior está fuertemente relacionado con una deuda pública que de 2008 a 2015 ha aumentado más de 14 puntos del PIB y casi 10 puntos desde que tomó posesión la nueva administración.

¿Qué deberían hacer las autoridades fiscales para reducir o eliminar el crecimiento de la deuda? Un ejercicio relativamente simple muestra que si México sigue creciendo a niveles de alrededor de 2.5% y la inflación es cercana a 3%, el déficit público compatible con un tamaño de deuda a PIB estable en 47% es de máximo 2.5% del PIB. Es decir se necesitaría una reducción del déficit de 1.5 puntos del PIB, lo que a precios actuales es de alrededor de 270 mil millones de pesos o de 15mmd. Esta magnitud de ahorro requiere un ajuste muy fuerte del gasto, ya que difícilmente podrá hacerse un esfuerzo mucho mayor por el lado de los ingresos.

En el pasado, los ajustes al gasto público se han dado a través de fuertes recortes en la inversión pública, lo cual es cuestionable porque reduce el crecimiento económico y puede revertir los efectos de la política. Lo ideal es que se dé en aquel gasto corriente que genera pocos impactos. Es deseable una correcta evaluación de los efectos del gasto público, algo que parece estar ausente en al menos un número considerable de actividades gubernamentales.

El autor es profesor investigador del Departamento de Economía y la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.

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