Opinión

El caso contra Kate

 
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Kate del Castillo. (Cuartoscuro)

El horizonte legal de la actriz Kate del Castillo está pintado de negro. A diferencia del actor Sean Penn, a quien llevó a ver a Joaquín El Chapo Guzmán a su escondite en la sierra de Durango para hablar de una película y entrevistarlo, el gobierno de Estados Unidos –de acuerdo con lo que han transmitido a Los Pinos– está dispuesto a quitarle la ciudadanía y entregarla a la justicia mexicana. Si se le encontrara culpable de los delitos por los que se le investiga, de todas las celebridades de Hollywood en la licuadora judicial del entramado financiero de Guzmán y el Cártel del Pacífico, ella sería la pieza desechable. Paradójicamente, ella puede cambiar su destino.

El gobierno mexicano, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, el SAT y la PGR, están armando el enjambre financiero de Guzmán, que según los investigadores, es muy amplio y complejo. Dentro de toda esa telaraña se encuentra la pista de la actriz, que tiene tres empresas, Royal Makeup, Kate del Castillo Productions y Tequila Honor, que están siendo puestas de cabeza por especialistas de la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro. El propósito es construir el mapa de transferencias de dinero de esas empresas a individuos y otras compañías con recursos que se presume eran del Cártel del Pacífico.

La idea de la película de El Chapo producida por el Cártel del Pacífico para exaltar la imagen del criminal y fustigar al gobierno, fue descubierta por un trabajo de contrainteligencia del Cisen. En el momento que se supo del plan, dijeron funcionarios federales, se buscó establecer los vínculos que les aportara más información. De esa manera se llegó a la conductora Yolanda Andrade, agregaron, por el hecho circunstancial de que su padre era compadre de Guzmán. Pero las investigaciones sobre ella mostraron que no había existido ningún contacto con él o sus abogados.

La investigación dio resultados en 2014, cuando detectaron una llamada entre los abogados de Guzmán y la señora Del Castillo, a partir de lo cual se fue desenvolviendo la trama más interesante de lo que iba a ser la película de El Chapo. Esas llamadas, de acuerdo con la información de inteligencia –que aún no forma parte de la indagatoria en la PGR–, condujeron a pagos y comisiones de las empresas de la actriz a nueve holdings y varias personas de la industria del entretenimiento en México y Estados Unidos, que están bajo sospecha por la presunción de que esas operaciones fueron realizadas por miembros del Cártel del Pacífico.

Desde el primer momento se involucró al gobierno de Estados Unidos, en lo que comenzó como una operación binacional, que se ha vuelto multinacional. Desde 2014 la PGR trabaja esta línea de investigación con el FBI y la DEA, y el SAT con el Departamento del Tesoro, dijeron funcionarios federales. El FBI también intervino los teléfonos de la señora Del Castillo en Estados Unidos, en donde surgió un abogado en Nueva York, cuyas conversaciones llevaron a la presunción de que la actriz también podría estar involucrada en el lavado de dinero del Cártel del Pacífico en ese país. Estas investigaciones aún no se integran a la indagatoria en México, donde sin embargo hay al menos tres empresarios que están señalados como probables testigos de elementos constitutivos de delito, que aún no han sido llamados a declarar en la PGR.

La investigación sobre la señora Del Castillo continúa ampliándose, con lo que su desenlace legal está lleno de incertidumbres. El lavado de dinero es uno de los delitos más difíciles de probar, y la experiencia mexicana en ese campo ha sido desfavorable para las autoridades. La PGR citó a declarar a la actriz en Estados Unidos, pero al ser ciudadana estadounidense desde septiembre de 2015, tiene la doble nacionalidad y es altamente probable que el Departamento de Justicia no permita que los ministerios públicos federales mexicanos hablen con ella. Tiene que presentarse a declarar, porque la citaron en calidad de testigo, pero sería ante un fiscal en la Corte Federal de Miami, donde el gobierno de Estados Unidos decidió radicar el caso. La PGR, de cualquier forma, podría formular preguntas previamente.

Iniciar el proceso en contra de la señora Del Castillo en Estados Unidos es más riesgoso para ella. Según explicaron funcionarios mexicanos, cuando menos hay dos delitos por los cuales podrían procesarla. Uno es el de conspiración, donde no necesita haber cometido un crimen, pero basta que supiera de un plan e intentara romper la ley. El otro es por haber ayudado a narcotraficantes internacionales, que se encuentra vigilada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro.

Pero al mismo tiempo, la fortaleza de un caso contra ella en Estados Unidos, le da, paradójicamente, más posibilidades de evitar la cárcel. La ley le permitiría llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia para que a cambio que declarara contra los involucrados, le otorgaran inmunidad. Esto, en caso de que hubiera pruebas sólidas de un acto criminal o que decidiera colaborar con los fiscales unilateralmente. El costo sería el final de su carrera, posiblemente una nueva identidad, y cortar con todo lo que ha sido y la rodea hasta ahora, volteando a ver siempre para atrás sobre su hombro, porque su cabeza tendría precio. Ningún camino es fácil para ella.

Twitter: @rivapa

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