Opinión

El campo no es de segunda

El campo también necesita una profunda reforma. Contra lo que se anunció el 6 de enero, no se presentará ninguna iniciativa en el actual periodo de sesiones del Congreso, sino hasta septiembre. Apenas el 5 de marzo se reunió Peña Nieto con organizaciones campesinas para fijar posiciones al respecto.

Una preocupación que manifestó José Durán, dirigente del Consejo Agrario Permanente, fue que la reforma fuera “para agilizar el proceso de privatización del ejido y la comunidad”.

En respuesta, Peña Nieto aseguró que “el Gobierno no ha propuesto ni propondrá iniciativa alguna que modifique el régimen de propiedad social que hay en el país”.

Se puede dar vuelta a esa hoja con cautela. Según los discursos, la reforma se concentrará en elevar la productividad del campo. Hace décadas que se intenta elevar la productividad rural, obviamente con muy poco éxito.

Los meses de marzo a julio, dijo el Secretario de SAGARPA, Enrique Martínez y Martínez, serán aprovechados para llegar a “acuerdos sobre la orientación de las políticas públicas que nos permitan construir un nuevo modelo de desarrollo del sector”.

La promesa es grande: poner la orientación de las políticas públicas a discusión. Sería la oportunidad para fijar posiciones claras. Dos son indispensables: dejar de considerar al campo como un sector de segunda en la economía nacional a fin de equilibrar su integración, y definir qué y cuánto producir.

¿Se optará por producir lo suficiente para cubrir las necesidades alimentarias básicas de toda la población?, o ¿se seguirá pensando, como hasta ahora, en “ventajas comparativas” con el mercado internacional de alimentos?

Si las definiciones fueran a favor de la autosuficiencia alimentaria (el país tiene con qué alcanzarla), habrá que desechar un par de argumentos explícitos y varios no confesos del enfoque que han seguido las políticas rurales hacia el fracaso.

Uno es que el campo no progresa porque la tierra está demasiado atomizada en minifundios. Así está y sigue dividiéndose. Ya es tiempo de que el fenómeno se tome como un dato y deje de verse como un problema (que no tiene solución económica, ni social ni cultural).

Otro argumento a desechar es que hay campesinos pobres con potencial productivo a los que debería apoyarse (sin que en los hechos haya ocurrido así), y otros que aunque tengan tierra, son tan pobres sus recursos que sólo hay que ayudarlos para que sobrevivan en su miseria.

De ahí el absurdo de que del presupuesto público asignado al sector rural, los recursos destinados a fomentar actividades productivas se han mantenido estancados durante los últimos 10 años en alrededor del 10.5 por ciento del total del Programa Especial Concurrente, mientras que el gasto social creció 172 por ciento.

El enfoque fracasado sigue otra premisa que deriva de las anteriores, aunque no forma parte de la narrativa explícita de la política sectorial. Sostiene que quienes mejor uso le pueden dar a los subsidios, son las grandes unidades agropecuarias.

Resultado de ese supuesto es que el 20 por ciento de beneficiarios se queda con el 80 por ciento de los subsidios. Se le entregan cuantiosos recursos a quienes son competitivos por sus propios medios, en vez de que se emplearan para corregir asimetrías ancestrales de producción y distorsiones de mercado.

Efectivamente, la clave para construir un nuevo modelo de desarrollo agropecuario es la reorientación de políticas y la reasignación de sus instrumentos a favor de la pequeña y mediana agricultura campesina.

Esos instrumentos, que son algunos servicios y sobre todo, subsidios, facilitarían otras soluciones a las unidades agropecuarias pequeñas y medianas como los accesos al crédito, a insumos y asistencia técnica.

El balance del enfoque fracasado es inequívoco: a pesar de que el presupuesto al campo se ha triplicado en los últimos 15 años, el PIB sectorial apenas supera tasas de crecimiento del 1 por ciento al año.

Lo que es peor: esas cifras representan subutilización de tierras, de recursos fiscales y subempleo de millones de personas.

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