Opinión

El bonito cuento de
la gendarmería ambiental

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Policías

A alguien en el gobierno de la República se le ocurrió que era una buena idea anunciar la creación de algo llamado Gendarmería Ambiental.

El anuncio, hecho la semana pasada, tuvo amplia cobertura mediática. Y es que llegó en inmejorable momento: los capitalinos llevan semanas en un mal viaje a ese pasado que son las contingencias por la mala calidad del aire. Así que la noticia de que habrá policías cuidando que se cumplan y respeten las leyes ambientales suena sensata, oportuna, inteligente. Salvo que…

Salvo que se revisen unos cuantos datos y salvo que se lea con cuidado el convenio que da origen a esta supuesta nueva policía.

Comencemos por preguntarnos, de nuevo, qué será más efectivo: desplegar soldados, policías y gendarmes por aquí o por allá, o tener un sistema de procuración de justicia sin los ridículos –por altos– niveles de impunidad que tenemos, donde todo es claro menos el hecho de que el que la hace la paga.

Porque tal cual ocurre con otras denuncias, hoy ni la Profepa sabe qué ha pasado con las que ha presentado ante la Procuraduría General de la República.

El subprocurador jurídico Gabriel Calvillo me explicó vía telefónica que en lo que va de esta administración, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente ha presentado ante la PGR 2,098 denuncias por distintos delitos ambientales. ¿Cuántas de esas denuncias se han ganado? ¿Cuántas multas se han impuesto? ¿Cuánta gente pisó la cárcel por destruir el medio ambiente? ¿Cuántas sentencias han obligado a una reparación del daño?… La respuesta de Calvillo, amable, fue: “la verdad es que no contamos con esa información”.

Tal cual: la Profepa arma un expediente, va a la PGR, hace la denuncia y luego, hasta hoy y por tecnicismos legales, no le dejan seguir el juicio. Calvillo está esperanzado en que con la llegada del nuevo sistema de justicia no sólo sabrán más sobre el curso de la denuncia, sino que podrían lograr acuerdos con la parte acusada en aras de una pronta reparación del daño, que es la mayor motivación de la Profepa (dicen).

Dado que la Profepa no sabe qué porcentaje de bateo tiene en sus denuncias, solicité a la Procuraduría General de la República esa información. Víctor Manuel Fayad, titular de la Unidad Especializada en Delitos contra el Ambiente, informó que en su cancha hay 118 denuncias, y que de esas, 31 han llegado a la acción penal. Dos cosas: las demás denuncias pueden estar en la subprocuraduría encargada de las delegaciones, y dos, Fayad tampoco sabe si alguno de esos 31 casos que sí han llegado a acción penal tienen o no sentencia, multa, reparación, etc. “El área de procesos tiene esos datos, yo nomás llego hasta la denuncia”, me explicó.

Entonces, dicho lo anterior ¿vamos a crear un cuerpo de gendarmes cuyo esfuerzo luego se pierda en tribunales? Ni eso. Hay que leer el convenio firmado por la Semarnat y la Comisión Nacional de Seguridad, firma de la que surgió la ilusión de que habrá una Gendarmería Ambiental. El convenio es claro en cosas muy concretas: lo único que se creará es un “grupo de enlace”, mismo que definirá la capacitación en materia ambiental de los gendarmes ya existentes, todo “bajo la premisa de que no se comprometerán mayores recursos que los asignados de forma ordinaria a cada una de las partes (Semarnat y CNS)”.

Así que si oyeron o leyeron que habrá una nueva gendarmería, una ambiental, hmmm. ¿La verdad? No necesariamente. Serán los mismos gendarmes, con una barnizadita ambiental.

​Twitter: @SalCamarena

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