Opinión

El basurero de Murillo

 
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[Jesús Murillo/Titular de la PGR/Imagen de archivo/Cuartoscuro]  No adelanto detalles porque se caería el caso, señala.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) colocó un clavo envenenado en el corazón del exprocurador Jesús Murillo Karam. Con fotografías satelitales, demostraron que la noche del 26 de septiembre del año pasado nunca hubo un incendio en el basurero de Cocula, por lo cual no pudieron haber sido incinerados los 43 normalistas en ese sitio, como aseguró Murillo Karam que sucedió, en lo que se ha convertido en el [eje] central del caso Ayotzinapa. La “verdad histórica”, que se convirtió en la versión oficial del gobierno, es falsa, y quedó al descubierto que Murillo Karam alteró evidencias para ajustar los hechos a su imaginación y engañó al propio presidente Enrique Peña Nieto, quien ha pagado los costos de su extraña negligencia. Sorprende, por tanto, que siga en calidad de intocable.

El basurero de Cocula nunca figuró en las primeras indagatorias de la Fiscalía de Guerrero, que hizo el primer levantamiento de evidencias y declaró a los primeros involucrados en el crimen contra los normalistas. Murillo Karam llegó al basurero por la declaración del jefe de sicarios de la banda Guerreros Unidos, Felipe Rodríguez Salgado, apodado El Cepillo, capturado a principio de este año. La declaración no aportaba novedades a la investigación, pero el exprocurador la utilizó como el testimonio para cerrar la investigación el 27 de enero pasado, cuando afirmó: “Sin lugar a dudas… los estudiantes fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados (en el basurero) y tirados al río San Juan. Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente”.

El basurero de Cocula siempre ha sido un tema polémico, aunque no el único dentro de todo el Caso Ayotzinapa. Murillo Karam chocó regularmente dentro de la PGR con los investigadores, cuyo trabajo descalificaba y les ocultaba información. Hubo fotografías y elementos que llegaban de otras dependencias federales, que Murillo Karam no compartía con sus subalternos ni incorporaba en el expediente hasta después de darlo a conocer a la prensa. La centralización de evidencia, aun a costa de sus propios investigadores, siempre dificultó el trabajo interno. También la soberbia con la que ejerció el cargo, como un funcionario sobrevaluado y confiado en la vieja amistad con el presidente Enrique Peña Nieto.

Murillo Karam fue destituido como procurador un mes después de dar a conocer la conclusión del caso Ayotzinapa, sometido a una intensa censura cuyo desgaste estaba contaminando a Peña Nieto. El presidente lo protegió al enviarlo como secretario de Desarrollo Urbano y Territorial, de donde también fue removido días antes de que el GIEI diera a conocer su primer informe sobre la investigación, al volverse insostenible el mantenerlo en el cargo. Su destino era la embajada en Lisboa, pero la espiral de crítica por lo deficiente de su investigación, y la rectificación del caso por parte de su sucesora, Arely Gómez, hizo inviable el nombramiento.

Después de eso, Murillo Karam se escondió. Cercanos a él afirmaban que se encontraba tranquilo hasta noviembre, cuando unos días después de que se publicara en este espacio una columna que preguntaba en dónde se encontraba, respondió en una entrevista realizada en Excélsior. En ella cambió por tercera vez su versión sobre el basurero de Cocula. En su primera conferencia de prensa sobre el caso el 7 noviembre del año pasado, Murillo Karam dijo que habían llegado a ese tiradero por las declaraciones de Patricio Reyes Landa, Jonathan Osorio Cortés y Agustín García Reyes, miembros de Guerreros Unidos. En la conferencia del 27 de enero señaló que llegó al basurero por la declaración de Rodríguez Salgado, El Cepillo. En la entrevista con el periódico aseguró que fue uno de los padres de los normalistas quien llevó a la PGR a Cocula.

En febrero pasado, el Equipo Argentino de Antropología Forense, que incorporó la Fiscalía de Guerrero a petición de los padres de los normalistas como coadyuvante desde el principio de la investigación, aseguró que la versión del basurero de Cocula tenía irregularidades, y que no había “evidencia científica” para afirmar que se había llegado a la “verdad histórica”. En respuesta, la PGR afirmó que “actuó conforme a sus facultades y no acepta duda alguna en que la diligencia practicada y los indicios encontrados tienen validez jurídica dentro de la investigación, a pesar de no haber estado presente el EAAF”.

Las dudas no sólo eran externas. Dentro de la PGR varios investigadores insistieron en la posibilidad de que si bien se pudo haber incinerado a normalistas en el basurero de Cocula, no había nada que demostrara que los 43 habían sido asesinados ahí, e inclusive, que algunos de ellos podrían estar vivos, que es una hipótesis que aún mantienen. Murillo Karam nunca hizo caso. El resultado es que este año probablemente ha sido el peor de su vida pública, al haber ido desmoronándose su credibilidad y prestigio por lo deficiente de la investigación. La incompetencia del exprocurador trasladó hace tiempo el costo político al presidente, que lo ha cuidado hasta la ignominia.
Esto tiene que parar en algún momento. Por ejemplo, que lo llamen a declarar para que explique por qué inventó tantas evidencias, falseó tantas evidencias y quiso manipular la historia. Si la justicia es ciega, un proceso penal es lo que procede.

Twitter: @rivapa

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